Este lunes, en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric recibió el informe de la Comisión para la Relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado, constituida el pasado 7 de julio a raíz del Caso Convenios.
La instancia fue presidida por la abogada y directora de Chile Transparente, María Jaraquemada y se integró por Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero; en compañía de la abogada Valeria Lübbert, quien apoyó la tarea del equipo como secretaria ejecutiva.
Con 38 sesiones realizadas, la presencia de 42 representantes de la sociedad civil, academia, organismos del Estado y entidades internacionales, además de la recepción de 58 propuestas ciudadanas, la comisión elaboró un total de 46 medidas.
“Luego de apegarnos a los 45 días de plazo establecidos, la Comisión generó una hoja de ruta, proponiendo al Presidente incorporar en su mandato 46 medidas concretas para mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”, dijo Jaraquemada, tras entregar el informe al Presidente.
Entre las propuestas destaca la creación de la ley general de transferencias; ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas y crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile.
Por su parte, el Presidente de la República, aseguró que “la creación de esta comisión nace no sólo como una respuesta a la contingencia, sino que también de una convicción muy profunda de la importancia que tiene la sociedad civil para una sociedad más cohesionada”.
“El fundamento de la comisión es combatir la corrupción, pero por sobre todo cuidar la democracia (…) Si las personas desconfían de las instituciones se daña la cohesión social y cada peso que se desvía significa reducir las capacidades del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía”, agregó.
El Presidente además pidió apoyo “transversal” para concretar las 46 medidas propuestas por la Comisión. “En el corto plazo vamos a presentar al país y al Congreso la forma para materializar estas propuestas y esperamos contar con apoyos transversales”, apuntó.
“Esto último es muy importante, porque el camino no termina acá. Esta comisión no fue pensada para sacarnos la foto y utilizar el buen prestigio de quienes lo componen para tratar de desviar la atención sobre el tema, sino que queremos realmente enfrentar con decisión una modernización de la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”, sostuvo.
Finalmente, en su discurso, Boric afirmó que 53 de 300 mil instituciones sin fines de lucro están siendo investigadas en el marco del Caso Convenios, por lo que pidió no “enjuiciar” a todas las entidades.
“Los actos impropios o corruptos no siempre pueden evitarse, pero la forma cómo reaccionamos sí puede hacer la diferencia y como Gobierno creo que hemos actuado de manera enérgica para enfrentar esta situación”, añadió.
Este lunes, en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric recibió el informe de la Comisión para la Relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado, constituida el pasado 7 de julio a raíz del Caso Convenios.
La instancia fue presidida por la abogada y directora de Chile Transparente, María Jaraquemada y se integró por Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero; en compañía de la abogada Valeria Lübbert, quien apoyó la tarea del equipo como secretaria ejecutiva.
Con 38 sesiones realizadas, la presencia de 42 representantes de la sociedad civil, academia, organismos del Estado y entidades internacionales, además de la recepción de 58 propuestas ciudadanas, la comisión elaboró un total de 46 medidas.
“Luego de apegarnos a los 45 días de plazo establecidos, la Comisión generó una hoja de ruta, proponiendo al Presidente incorporar en su mandato 46 medidas concretas para mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”, dijo Jaraquemada, tras entregar el informe al Presidente.
Entre las propuestas destaca la creación de la ley general de transferencias; ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas y crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile.
Por su parte, el Presidente de la República, aseguró que “la creación de esta comisión nace no sólo como una respuesta a la contingencia, sino que también de una convicción muy profunda de la importancia que tiene la sociedad civil para una sociedad más cohesionada”.
“El fundamento de la comisión es combatir la corrupción, pero por sobre todo cuidar la democracia (…) Si las personas desconfían de las instituciones se daña la cohesión social y cada peso que se desvía significa reducir las capacidades del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía”, agregó.
El Presidente además pidió apoyo “transversal” para concretar las 46 medidas propuestas por la Comisión. “En el corto plazo vamos a presentar al país y al Congreso la forma para materializar estas propuestas y esperamos contar con apoyos transversales”, apuntó.
“Esto último es muy importante, porque el camino no termina acá. Esta comisión no fue pensada para sacarnos la foto y utilizar el buen prestigio de quienes lo componen para tratar de desviar la atención sobre el tema, sino que queremos realmente enfrentar con decisión una modernización de la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”, sostuvo.
Finalmente, en su discurso, Boric afirmó que 53 de 300 mil instituciones sin fines de lucro están siendo investigadas en el marco del Caso Convenios, por lo que pidió no “enjuiciar” a todas las entidades.
“Los actos impropios o corruptos no siempre pueden evitarse, pero la forma cómo reaccionamos sí puede hacer la diferencia y como Gobierno creo que hemos actuado de manera enérgica para enfrentar esta situación”, añadió.
Este lunes, en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric recibió el informe de la Comisión para la Relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado, constituida el pasado 7 de julio a raíz del Caso Convenios.
La instancia fue presidida por la abogada y directora de Chile Transparente, María Jaraquemada y se integró por Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero; en compañía de la abogada Valeria Lübbert, quien apoyó la tarea del equipo como secretaria ejecutiva.
Con 38 sesiones realizadas, la presencia de 42 representantes de la sociedad civil, academia, organismos del Estado y entidades internacionales, además de la recepción de 58 propuestas ciudadanas, la comisión elaboró un total de 46 medidas.
“Luego de apegarnos a los 45 días de plazo establecidos, la Comisión generó una hoja de ruta, proponiendo al Presidente incorporar en su mandato 46 medidas concretas para mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”, dijo Jaraquemada, tras entregar el informe al Presidente.
Entre las propuestas destaca la creación de la ley general de transferencias; ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas y crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile.
Por su parte, el Presidente de la República, aseguró que “la creación de esta comisión nace no sólo como una respuesta a la contingencia, sino que también de una convicción muy profunda de la importancia que tiene la sociedad civil para una sociedad más cohesionada”.
“El fundamento de la comisión es combatir la corrupción, pero por sobre todo cuidar la democracia (…) Si las personas desconfían de las instituciones se daña la cohesión social y cada peso que se desvía significa reducir las capacidades del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía”, agregó.
El Presidente además pidió apoyo “transversal” para concretar las 46 medidas propuestas por la Comisión. “En el corto plazo vamos a presentar al país y al Congreso la forma para materializar estas propuestas y esperamos contar con apoyos transversales”, apuntó.
“Esto último es muy importante, porque el camino no termina acá. Esta comisión no fue pensada para sacarnos la foto y utilizar el buen prestigio de quienes lo componen para tratar de desviar la atención sobre el tema, sino que queremos realmente enfrentar con decisión una modernización de la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”, sostuvo.
Finalmente, en su discurso, Boric afirmó que 53 de 300 mil instituciones sin fines de lucro están siendo investigadas en el marco del Caso Convenios, por lo que pidió no “enjuiciar” a todas las entidades.
“Los actos impropios o corruptos no siempre pueden evitarse, pero la forma cómo reaccionamos sí puede hacer la diferencia y como Gobierno creo que hemos actuado de manera enérgica para enfrentar esta situación”, añadió.
