El Ministerio Público acudirá a la Corte de Apelaciones tras el rechazo de la prisión preventiva para los imputados y mantiene pendiente una solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano, Claudio Orre
La causa indaga el presunto uso irregular de más de $1.600 millones en recursos públicos entregados a la fundación, mientras la Fiscalía apunta a contratos injustificados y se mantiene abierta una arista política que involucra al gobernador de la RM.
Tras el anuncio de suspensión del beneficio por parte del próximo gobierno, la titular de las Culturas defendió la política pública, aunque confirmó que ya se solicitó una investigación para perseguir responsabilidades por su uso indebido.
La detención del psiquiatra y fundador de la ONG marca un hito en la arista del proyecto “Quédate”, donde el Ministerio Público investiga transferencias por más de $1.600 millones y presuntos abusos de poder por parte del gobernador regional.
La medida deja sin efecto la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, que el pasado 10 de octubre había autorizado el traslado de Ojeda a arresto domiciliario en Villarrica, donde permaneció solo una semana.
El Ministerio Público también solicitó la misma pena por otros hechos que configuran tres delitos consumados de fraude al fisco para Carlos Contreras (exseremi de Vivienda de Antofagasta), Daniel Andrade y la exconcejala Paz Fuica.
El desaforado parlamentario enfrenta cargos por el delito de fraude al fisco en el contexto del caso Convenios, en la arista conocida como “manicure”, en la que se investiga el destino de más de $730 millones del Gobierno Regional de La Araucanía.
La derecha celebró la apelación que cuestiona el fallo sobre las escuchas a Huneeus, mientras personeros oficialistas alertan que el Ministerio Público “juega con fuego” y cuestionan la intromisión de Chile Vamos en la justicia.
Desde el gremialismo sostienen que la salida del persecutor del caso ProCultura genera una “sensación de impunidad”. Por ello, exigieron al Ministerio Público dar garantías para que la investigación no se “congele”.
Hasta diciembre de 2024, Chile Transparente detectó una implementacion de un 51% de las propuestas, donde cambios estructurales como el proyecto que crea el Registro de Beneficiarios Finales se encuentran paralizados en el Congreso Nacional.
El académico reforzó la idea de una institucionalidad débil y malos mecanismos de control sobre los recursos en este tipo de entidades. Además, abordó las filtraciones derivadas de las investigaciones en estos casos, las que generan “muchas dudas”.
La cautelar fue definida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. La desaforada parlamentaria fue imputada por tres delitos de fraude al fisco. “No están las evidencias suficientes para llegar a una condena”, sostuvo la defensa.
El jefe del Ministerio Público anunció medidas para proteger los antecedentes de los investigaciones, entre ellas, la instalación de una plataforma central con servicios de ciberseguridad avanzados para resguardar la confidencialidad de las causas.
La Corte de Apelaciones de Temuco ratificó el arresto domiciliario para Juvenal Ortiz Rivera, secretario de las fundaciones Folab y Educc, imputado en la arista Manicure del caso Convenios.
A pesar de que había salido en libertad el 4 de abril, tras una solicitud de Fiscalía, la Corte de Apelaciones de Temuco restituyó la medida cautelas más gravosa contra el desaforado parlamentario.
A partir de esta resolución, la parlamentaria podrá ser formalizada por su presunta participación en una red de convenios irregulares que involucra a su expareja, Daniel Andrade, y a sus excolaboradores Carlos Contreras y Paz Fuica.
Los abogados defensores confirmaron que apelarán ante la Corte Suprema. “Tras más de un año y medio de investigación el Ministerio Público no tiene pruebas de la participación de la parlamentaria en la adjudicación de los convenios”, recalcaron.
