Amnistía Internacional denuncia que gobierno de Venezuela continúa con los arrestos arbitrarios por fines políticos
En el informe "Vidas detenidas" el organismo detalla que en la actualidad existen cerca de 300 personas privadas de libertad, cuyas detenciones tienen el fin de "neutralizar cualquier percepción de amenaza en contra del gobierno de Nicolás Maduro".
Martes 29 de agosto 2023 15:25 hrs.
“Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos” es el nuevo informe que presentó Amnistía Internacional donde denuncia la persistencia de la política de represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la población venezolana.
Mediante nueve casos emblemáticos de personas detenidas arbitrariamente entre 2018 y 2022, Amnistía planteó como tesis principal que el patrón de uso de las detenciones en Venezuela para silenciar cualquier forma de disidencia y también por otros fines políticos “está igual de vigente que en años anteriores“.
A pesar de las limitaciones en el acceso de la información por parte del Estado venezolano, el organismo accedió a los expedientes penales y logró identificar patrones utilizados por el gobierno para realizar dichas detenciones.
Entre los patrones identificados se encuentran, entre otros elementos: detenciones sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia; períodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto; limitaciones al acceso al derecho a la defensa; uso de tortura y dilaciones indebidas en los períodos de investigación.
Con dichos hallazgos, para la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, se refuerza la tesis que manejan desde la organización en relación a que el uso de las detenciones arbitrarias es “un ataque generalizado y sistemático en contra de la población en Venezuela y, por tanto, también podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
“Amnistía Internacional considera que el objetivo de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, tal como se llevan a cabo en Venezuela, es neutralizar cualquier percepción de amenaza en contra del gobierno y las políticas de Nicolás Maduro“, añadió la directora.
En esa línea, Guevara apuntó a que las detenciones “trascienden al uso en contra de activistas políticos y abarca también a otro tipo de personas como defensoras de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas, trabajadores reivindicando derechos laborales o personas que lamentablemente son acusadas de crímenes que no cometieron simplemente porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado”.
Desde la organización no gubernamental por los derechos humanos, Foro Penal, afirmaron que según su base de datos desde 2014 hasta la fecha se han registrado 15 mil 803 arrestos arbitrarios por motivos políticos. De esos arrestos, más de 9 mil siguen con procesos penales injustos, pero bajo medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
El abogado y director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, detalló que “al día de hoy tenemos registrados 282 personas presas por motivos políticos, 156 no han sido condenados y 126 han sido condenados en condiciones sumamente irregulares“.
“Cuando uno revisa entonces todos estos números que saltan desde nuestra base de datos al presente (…) uno puede determinar que ciertamente existen varias constantes en estos hechos, la primera de estas variables es que existe una absoluta ausencia de evidencias de elementos de convicción que permitan de alguna manera vincular a estas personas a la comisión de delito”, afirmó el abogado.
En segundo lugar, el director vicepresidente del Foro Penal mencionó que también se ha verificado “el uso excesivo y arbitrario de la fuerza” en el arresto de personas.
Uno de los casos que documentó Amnistía en este informe es el del activista y trabajador humanitario Gabriel Blanco, recientemente condenado a 16 años por el Estado venezolano. Según la organización, en su expediente penal se “pudo constatar varias incongruencias que dan cuenta de la naturaleza arbitraria de su detención y apuntarían a la fabricación de evidencias e incriminación de Blanco”.
Su esposa, Diannet Blanco, también defensora de derechos humanos, relató el proceso de detención del activista y señaló que el 5 de julio del 2022, fecha de su detención, “se desempeñaba en ese momento como trabajador humanitario y se dirigió a la parroquia Concha, sector Las Mayas, a darle auxilio a una sobreviviente de violencia basada en género. Entonces, se le acusa de que él, el 5 de julio, iba a hacer un atentado contra Nicolás Maduro“.
Como parte de las conclusiones a las que llegó Amnistía es que la diversidad en los perfiles de las personas que son efectivamente detenidas en Venezuela da cuenta de que va más allá de perseguir a personas que piensan distinto a Nicolás Maduro, sino que también se tiene como fin enviar un mensaje de amedrentamiento contra la población.
Por esto, desde la organización realizaron un llamado al Estado venezolano para “cesar de inmediato la implementación de la política de represión y a poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela”, entre ellas, los nueve casos que recopiló en el informe.
Revisa acá el informe en más detalle:
“Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos” es el nuevo informe que presentó Amnistía Internacional donde denuncia la persistencia de la política de represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la población venezolana.
Mediante nueve casos emblemáticos de personas detenidas arbitrariamente entre 2018 y 2022, Amnistía planteó como tesis principal que el patrón de uso de las detenciones en Venezuela para silenciar cualquier forma de disidencia y también por otros fines políticos “está igual de vigente que en años anteriores“.
A pesar de las limitaciones en el acceso de la información por parte del Estado venezolano, el organismo accedió a los expedientes penales y logró identificar patrones utilizados por el gobierno para realizar dichas detenciones.
Entre los patrones identificados se encuentran, entre otros elementos: detenciones sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia; períodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto; limitaciones al acceso al derecho a la defensa; uso de tortura y dilaciones indebidas en los períodos de investigación.
Con dichos hallazgos, para la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, se refuerza la tesis que manejan desde la organización en relación a que el uso de las detenciones arbitrarias es “un ataque generalizado y sistemático en contra de la población en Venezuela y, por tanto, también podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
“Amnistía Internacional considera que el objetivo de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, tal como se llevan a cabo en Venezuela, es neutralizar cualquier percepción de amenaza en contra del gobierno y las políticas de Nicolás Maduro“, añadió la directora.
En esa línea, Guevara apuntó a que las detenciones “trascienden al uso en contra de activistas políticos y abarca también a otro tipo de personas como defensoras de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas, trabajadores reivindicando derechos laborales o personas que lamentablemente son acusadas de crímenes que no cometieron simplemente porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado”.
Desde la organización no gubernamental por los derechos humanos, Foro Penal, afirmaron que según su base de datos desde 2014 hasta la fecha se han registrado 15 mil 803 arrestos arbitrarios por motivos políticos. De esos arrestos, más de 9 mil siguen con procesos penales injustos, pero bajo medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
El abogado y director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, detalló que “al día de hoy tenemos registrados 282 personas presas por motivos políticos, 156 no han sido condenados y 126 han sido condenados en condiciones sumamente irregulares“.
“Cuando uno revisa entonces todos estos números que saltan desde nuestra base de datos al presente (…) uno puede determinar que ciertamente existen varias constantes en estos hechos, la primera de estas variables es que existe una absoluta ausencia de evidencias de elementos de convicción que permitan de alguna manera vincular a estas personas a la comisión de delito”, afirmó el abogado.
En segundo lugar, el director vicepresidente del Foro Penal mencionó que también se ha verificado “el uso excesivo y arbitrario de la fuerza” en el arresto de personas.
Uno de los casos que documentó Amnistía en este informe es el del activista y trabajador humanitario Gabriel Blanco, recientemente condenado a 16 años por el Estado venezolano. Según la organización, en su expediente penal se “pudo constatar varias incongruencias que dan cuenta de la naturaleza arbitraria de su detención y apuntarían a la fabricación de evidencias e incriminación de Blanco”.
Su esposa, Diannet Blanco, también defensora de derechos humanos, relató el proceso de detención del activista y señaló que el 5 de julio del 2022, fecha de su detención, “se desempeñaba en ese momento como trabajador humanitario y se dirigió a la parroquia Concha, sector Las Mayas, a darle auxilio a una sobreviviente de violencia basada en género. Entonces, se le acusa de que él, el 5 de julio, iba a hacer un atentado contra Nicolás Maduro“.
Como parte de las conclusiones a las que llegó Amnistía es que la diversidad en los perfiles de las personas que son efectivamente detenidas en Venezuela da cuenta de que va más allá de perseguir a personas que piensan distinto a Nicolás Maduro, sino que también se tiene como fin enviar un mensaje de amedrentamiento contra la población.
Por esto, desde la organización realizaron un llamado al Estado venezolano para “cesar de inmediato la implementación de la política de represión y a poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela”, entre ellas, los nueve casos que recopiló en el informe.
Revisa acá el informe en más detalle:
“Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos” es el nuevo informe que presentó Amnistía Internacional donde denuncia la persistencia de la política de represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la población venezolana.
Mediante nueve casos emblemáticos de personas detenidas arbitrariamente entre 2018 y 2022, Amnistía planteó como tesis principal que el patrón de uso de las detenciones en Venezuela para silenciar cualquier forma de disidencia y también por otros fines políticos “está igual de vigente que en años anteriores“.
A pesar de las limitaciones en el acceso de la información por parte del Estado venezolano, el organismo accedió a los expedientes penales y logró identificar patrones utilizados por el gobierno para realizar dichas detenciones.
Entre los patrones identificados se encuentran, entre otros elementos: detenciones sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia; períodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto; limitaciones al acceso al derecho a la defensa; uso de tortura y dilaciones indebidas en los períodos de investigación.
Con dichos hallazgos, para la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, se refuerza la tesis que manejan desde la organización en relación a que el uso de las detenciones arbitrarias es “un ataque generalizado y sistemático en contra de la población en Venezuela y, por tanto, también podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
“Amnistía Internacional considera que el objetivo de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, tal como se llevan a cabo en Venezuela, es neutralizar cualquier percepción de amenaza en contra del gobierno y las políticas de Nicolás Maduro“, añadió la directora.
En esa línea, Guevara apuntó a que las detenciones “trascienden al uso en contra de activistas políticos y abarca también a otro tipo de personas como defensoras de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas, trabajadores reivindicando derechos laborales o personas que lamentablemente son acusadas de crímenes que no cometieron simplemente porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado”.
Desde la organización no gubernamental por los derechos humanos, Foro Penal, afirmaron que según su base de datos desde 2014 hasta la fecha se han registrado 15 mil 803 arrestos arbitrarios por motivos políticos. De esos arrestos, más de 9 mil siguen con procesos penales injustos, pero bajo medidas cautelares distintas a la detención preventiva.
El abogado y director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, detalló que “al día de hoy tenemos registrados 282 personas presas por motivos políticos, 156 no han sido condenados y 126 han sido condenados en condiciones sumamente irregulares“.
“Cuando uno revisa entonces todos estos números que saltan desde nuestra base de datos al presente (…) uno puede determinar que ciertamente existen varias constantes en estos hechos, la primera de estas variables es que existe una absoluta ausencia de evidencias de elementos de convicción que permitan de alguna manera vincular a estas personas a la comisión de delito”, afirmó el abogado.
En segundo lugar, el director vicepresidente del Foro Penal mencionó que también se ha verificado “el uso excesivo y arbitrario de la fuerza” en el arresto de personas.
Uno de los casos que documentó Amnistía en este informe es el del activista y trabajador humanitario Gabriel Blanco, recientemente condenado a 16 años por el Estado venezolano. Según la organización, en su expediente penal se “pudo constatar varias incongruencias que dan cuenta de la naturaleza arbitraria de su detención y apuntarían a la fabricación de evidencias e incriminación de Blanco”.
Su esposa, Diannet Blanco, también defensora de derechos humanos, relató el proceso de detención del activista y señaló que el 5 de julio del 2022, fecha de su detención, “se desempeñaba en ese momento como trabajador humanitario y se dirigió a la parroquia Concha, sector Las Mayas, a darle auxilio a una sobreviviente de violencia basada en género. Entonces, se le acusa de que él, el 5 de julio, iba a hacer un atentado contra Nicolás Maduro“.
Como parte de las conclusiones a las que llegó Amnistía es que la diversidad en los perfiles de las personas que son efectivamente detenidas en Venezuela da cuenta de que va más allá de perseguir a personas que piensan distinto a Nicolás Maduro, sino que también se tiene como fin enviar un mensaje de amedrentamiento contra la población.
Por esto, desde la organización realizaron un llamado al Estado venezolano para “cesar de inmediato la implementación de la política de represión y a poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela”, entre ellas, los nueve casos que recopiló en el informe.
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