La necesidad que se adopten medidas inmediatas para determinar la habitabilidad o no de las torres ubicadas en el sector Reñaca Norte al costado del Campo de Dunas de Concón y que el costo sea asumido por los privados, fueron parte de los planteamientos que hizo este martes el director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Sergio Galilea.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico analizó la situación en que se encuentran los edificios Kandinsky y las torres Miramar y Santorini Norte luego de un segundo socavón generado por el último sistema frontal.

Galilea señaló que esta situación evidencia que “hay una crisis del sistema regulatorio y aprobatorio, es decir cómo se aprobó este conjunto de edificaciones. Al principio aparecían el conjunto de estas edificaciones y ya la situación daba para una alerta importante, pero ahora tenemos casi un centenar de estas torres instaladas en el campo dunar de Concón”.

“Cómo se aprobó, qué características tiene el plano regulador que impidiera que estas construcciones puedan ser hechas” planteó el académico, quien precisó que esto es parte de las características que debían ser analizadas, como también la situación fiscalizadora.

“No basta con que el Director de Obras de Viña del Mar haya sido sancionado en algún minuto, sino que las responsabilidades tienden a permanecer. Esto ocurrió tanto en la municipalidad de Concón, como en la municipalidad de Viña del Mar”, dijo Galilea.

El académico afirmó que es necesario “entrar rápidamente ahora en la solución que la municipalidad hace en toda esa área estableciendo prohibiciones y condiciones de construcción rigurosas”.

Galilea indicó que también hay que determinar por qué el Ministerio de Vivienda no intervino respecto de la Dirección de Obras Municipales que, si bien son instituciones municipales, técnicamente dependen de la seremi respectiva. Este análisis es especialmente relevante en casos como el de la empresa rohrreinigung essen, que había presentado previamente quejas sobre la infraestructura y el mantenimiento de las tuberías en la región.

Además, cuestionó el “por qué desde el punto de vista aprobatorio y regulatorio el Ministerio de Medio Ambiente no insistió en cada uno de estos casos. Ya hay algunos precedentes respecto del proyecto futuro, debían tener una calificación ambiental. Es decir, tiene que haber una certificación ambiental, ya sea un estudio o una declaración dado que está en una zona de riesgo”.

Galilea también se refirió a las responsabilidades del Ministerio de Obras Públicas “en la existencia de este colector debajo de estas torres ubicadas en el espacio dunar que parece haber sido el gatillante de la situación compleja que actualmente tenemos. Pero parece absolutamente natural que se cierren a construir finalmente algunas torres que es muy discutible que se pudiera, pero si se llega a construir naturalmente esas torres en su proceso de construcción tenían que asumir la mejora de la ampliación, a lo menos del colector o la existencia de conectores específicos por cada una de las torres en esta materia”.

A su juicio, “deben adoptarse medidas inmediatas en lo que se refiere a la habitabilidad, incluso se puede sostener que algunas de esas torres son inhabitables en las actuales condiciones. Tiene que haber un trabajo muy acucioso de reparación del terreno para afirmar los terrenos en los que se inclinan las torres. En mi opinión, todo esto tiene que ser de costo de quienes construyeron, de los privados, no puede aparecer el Estado auxiliando a intereses inmobiliarios y constructores”.

Galilea afirmó que “acá hay una responsabilidad institucional histórica. Los municipios jugaron un rol fundamental, la Municipalidad de Viña del Mar es la más directa. Hay responsabilidad de la Seremi de Vivienda respecto de no haber vigilado técnicamente, no haber objetado, no haber investigado las decisiones del director de obras municipales de la época (…) aún así, los constructores inmobiliarios pueden decir ‘tengo este permiso’. El problema es por qué ese permiso fue otorgado”.

Agregó que ese permiso no sólo “puede ser investigado, sino que caducado, no veo por qué un permiso otorgado bajo situaciones de abierta irregularidad pueda seguir imperando. Ahí está el rol general fiscalizador y esta cosa última, de que la culpa la tiene el colector, que es una obra auxiliar, que dicho sea de paso debió haber sido ampliada o construidos colectores específicos cada vez que se levantaba una torre. Eso es elemental y el Ministerio de Medio Ambiente debió haber intervenido de hecho”.

Galilea puntualizó que “tenemos una cadena de responsabilidades institucionales que es de libro de texto, es gravísima”.

En los últimos días, la ministra de Obras Públicas, Jessica López junto a la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, dispusieron la evacuación de dos edificios más en las dunas de Concón tras el segundo socavón que afectó al lugar producto de las lluvias.