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En vísperas de un nuevo aniversario del 18-0: ¿En qué quedó la reforma a Carabineros?

Expertos y parlamentarios consultados por nuestro medio coincidieron en que la reforma ya no es parte del debate público: “No estamos caminando hacia contar con policías civiles y democráticas", dijo la académica Alejandra Mohor.

Fernanda Araneda

  Martes 17 de octubre 2023 21:12 hrs. 
San Pedro de la Paz, 4 de mayo de 2023
Carabineros está desalojando una toma de departamentos que iban a ser entregados por el Serviu, ubicados en la comuna de San Pedro de la Paz.
Gonzalo Villegas/Aton Chile

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Este miércoles 18 de octubre se cumplen cuatro años desde el estallido social. En el marco de este hito, una de las más sentidas demandas de la ciudadanía fue una reforma a las policías, que por esos días, protagonizaron las más graves violaciones a los derechos humanos desde la dictadura.

Consultado al respecto, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, señaló que desde el 18 de octubre de 2019 hasta ahora el Estado no ha cumplido con sus deberes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Justamente, es en el marco de este último punto, que se debería desarrollar una reforma a las policías.

“La principal garantía de no repetición, no solo a juicio de Amnistía Internacional, sino también de acuerdo a lo que señaló el Alto Comisionado de Naciones Unidas y Derechos Humanos en ese momento, era una reforma estructural, profunda de Carabineros de Chile. Esa reforma no ha ocurrido y hoy día, desde Amnistía Internacional estamos lanzando un con recomendaciones al Estado de Chile para una reforma de Carabineros que sigue pendiente y que sigue siendo necesaria”, dijo Bustos en conversación con Radioanálisis de Radio y Diario Universidad de Chile.

El también abogado explicó que la reforma debería contemplar al menos cuatro puntos, que son destacados en el nuevo informe de Amnistía: un mayor control del poder civil, el establecer mecanismos para evitar la elusión de la responsabilidad de los altos mandos, la regulación del uso de la fuerza y la desmilitarización de las policías.

“La naturaleza militar es algo que Carabineros defiende, que ha planteado que significaría o contribuye a una mayor rectitud de sus funcionarios, a una mayor eficiencia, sin embargo, no ha sido así. Bajo esa naturaleza militar, no solo ocurrieron violaciones a los derechos humanos, sino también el mega fraude de Carabineros”, afirmó.

La académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y miembro de la Unidad Consultiva para la Reforma a las Policías, Alejandra Mohor, coincidió con Bustos en que es importante desmilitarizar Carabineros.

No obstante, la experta en seguridad acotó que en estos momentos, hay temas que están vetados del debate público.

“La desmilitarización es un principio que deliberadamente ha sido eliminado de la discusión. No es posible hablar de desmilitarización en los espacios concertados, como son la Unidad Consultiva, por ejemplo. Cuando en el contexto de una reunión un colega recurrió a esta idea, desde la mesa saltaron airados, porque, ¿cómo es posible que se replantee esa idea?”, comentó.

“Se han ido instalando algunos dogmas, barreras a la discusión, muy vinculadas a este hito que recordamos mañana y que es la conmemoración de la revuelta”, agregó.

Mohor además planteó que sí se están desarrollando cambios para modernizar las policías, pero que estos mismos no están coordinados entre sí, ni van en un mismo sentido.

“El principal problema que tiene hoy día lo que se ha denominado la reforma a las policías es que no se ha logrado establecer, pese a los documentos orientadores, un claro sentido de esos cambios. Tú ves, por ejemplo, que la agenda legislativa no se condice con los principios que se exhiben en la página web en relación a la reforma. Allí aparecen los derechos humanos como eje transversal, pero la ley Naín Retamal, va en un sentido contrario a la protección, salvaguarda y garantía de los derechos humanos”.

En esa misma línea, la académica aseguró que “no estamos caminando hacia contar con policías civiles y democráticas. No se desconoce que se hayan hecho algunos esfuerzos aislados por instalar la idea de los derechos humanos dentro de la institución, pero que se le dé un valor real a los derechos humanos, práctico, concreto, transversal, no es así”.

La visión del mundo político

Pese a que reconoció que “es urgente y necesario que nuestro país haga una reforma profunda de Carabineros de Chile”, el diputado del Partido Socialista (PS) y exmiembro de la Comisión Investigadora sobre el fraude de Carabineros, Leonardo Soto, relevó algunos avances parciales del Gobierno.

“Yo creo que hay que destacar el nivel de vehículos y equipamiento que el propio general director Ricardo Yáñez dijo que era histórico y ha permitido mejorar notablemente las condiciones materiales con que las policías ejercen su labor”.

“Al mismo tiempo, se ha aumentado el tiempo de formación de las policías, que era de un año, a dos años, aumentando incluso también los ingresos de la primera función que cumple cada policía. Eso ha revertido la tendencia a tener pocos aspirantes a policías y hoy día sí se están llenando todas las vacantes en la escuela de formación de Carabineros”, indicó.

Asimismo, Soto explicó el retraso en la reforma a las policías y la desaparición del concepto del debate público, en que “nuestras autoridades probablemente han tenido otras prioridades que enfrentar, que operan como distractivo a la necesidad de poder resolver este problema”.

“Sin embargo, una de las reformas que creo yo que va a detonar y va a gatillar esta idea de una reforma más profunda y estructural, es la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Hoy día las policías dependen del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y por lo tanto confunden las funciones de su ministerio entre las policiales de represión, investigación policial, con las de coordinación política de todas las autoridades administrativas. Eso no tiene mucho sentido y separar, crear un nuevo ministerio va a permitir focalizar y concentrar todo el trabajo en una solo institución pública y favorecer el avance a una reforma integral”, opinó.

Por su parte, la diputada de Convergencia Social (CS), integrante de la Comisión de Seguridad y actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Fries, coincidió en la necesidad de una reforma de las policías, considerando el buen momento que pasan las instituciones, en términos de aprobación ciudadana.

“Hoy día Carabineros tiene una alta legitimidad en Chile, pero eso pasa cíclicamente por procesos de bajas y de subidas. Para afirmar esa legitimidad, me parece muy importante que junto con apoyar a las policías en el trabajo que realizan en materia de seguridad, también se acompañe con las reformas necesarias, para que las policías actúen en el marco del derecho y fundamentalmente, con apego a los derechos humanos”.

A juicio de Fries, este punto es el más importante en el proceso de cambios a la institución, más allá de si se le denomina reforma o refundación.

“Lo que vivimos en el estallido social fue muy duro para muchas familias, para muchas chilenas y chilenos y la verdad es que la brutalidad de las violaciones a los derechos humanos, exigía una intervención profunda, que en una primera etapa se llamó refundación y para otros era reforma. Sin embargo, lo importante para mi gusto tiene que ver con el objetivo que se buscaba y era justamente intervenir a las Fuerzas de Orden y Seguridad”.

“Yo no le doy tanta importancia al cambio, si lo que mantenemos es la posibilidad de contar con una policía cuya ciudadanía confié y colabore con ellos y por otro lado una policía eficaz, que son las dos cosas que se tienen que combinar”, dijo.

Por último, Fries enfatizó en la importancia de dejar claro a los funcionarios que de no respetar los derechos humanos serán sancionados: “Cualquier reforma que se haga respecto de las Fuerzas de Orden, tiene que contar con el apoyo de ellas mismas y a la vez que dejarles claro que quien se salga del marco del cumplimiento del derecho, va a ser sancionado”.

“En ese sentido, la aprobación de la Ley Naín, ha traído problemas de legitimidad para un sector de la ciudadanía, ya que esas responsabilidades que se buscan, respecto de las acciones durante el estallido, se han visto o diluidas o aminoradas por la aplicación de esa ley. Creo que esa es derechamente una violación a los derechos humanos”, concluyó.

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