El exministro de Seguridad aseguró que el debate debe basarse en evidencia y no en respuestas inmediatas tras el homicidio de un menor en San Bernardo. Además, cuestionó la idea de desplegar militares en labores de seguridad pública.
El Mandatario confirmó que el Ejecutivo patrocinará las iniciativas legislativas tras el crimen de un menor de 12 años. La estrategia gubernamental buscará endurecer sanciones y frenar el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado.
La UDI criticó a la izquierda por pedir militares en las calles cuando no está dispuesta a que utilicen su armamento. Mientras, expertos advierten que la discusión devela la ausencia de un consenso nacional respecto al combate al crimen organizado.
Francisco Estrada rechazó la propuesta que impulsa la UDI de rebajar la edad penal a los 13 años. Aseguró que las cárceles actúan como escuelas del delito y advirtió que el populismo punitivo no frenará a las bandas criminales.
Tras el homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo, el parlamentario relevó la importancia de equilibrar prevención, reinserción y sanciones. Además, abordó el Registro de Vándalos y las críticas de Matthei en materia de seguridad.
El ministro de Seguridad llamó a la exalcaldesa a “informarse” y defendió la presentación del plan ante el Congreso Nacional. El espisodio generó desmarques desde la UDI, con parlamentarios llamando a un debate “serio y con fundamentos”.
El experto en seguridad y académico de la U. de Chile cuestionó la idea que algunos actores políticos plantearon tras el homicidio de un menor de edad en San Bernardo. A su juicio, la medida solo agita el debate y no ofrece soluciones reales.
El ministro de Seguridad Pública, calificó como un hecho “feroz y brutal” la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, aseguró que “el Estado falló” y llamó a endurecer las medidas contra la delincuencia violenta.
El Mandatario participó en la ceremonia de izamiento de pabellones de la PDI con motivo de los 93 años de la institución policial.
El acuerdo contempla proyectos en cárceles del norte, centro y sur, incluida la ampliación de Santiago 1. El alcalde Mario Desbordes aseguró que ha tenido reuniones sobre el tema con el Ejecutivo, pero que persistirá en su rechazo a las obras.
El politólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile advirtió que la creciente centralidad de la seguridad está desplazando otras políticas sociales, debilitando la cooperación institucional y generando riesgos para la calidad democrática en América Latina.
Las iniciativas buscan aumentar las penas por agresiones a funcionarios policiales y extender la legítima defensa privilegiada a efectivos que intervengan estando fuera de servicio.
El titular de Seguridad confirmó que el Ejecutivo pondrá celeridad a las iniciativas que buscan endurecer penas por ataques a la policía y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios de franco, en medio de la controversia por la Ley Naín-Retamal.
La investigadora cuestionó la ausencia de información disponible para evaluar el impacto de la norma y sostuvo que aún no es posible determinar si fortaleció la capacidad de las policías para combatir el delito.
La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Monserrat Díaz, señaló que el sistema penal está en una situación crítica. Al mismo tiempo, advirtió que la construcción de cárceles no es la única solución.
El abogado y exsecretario de Estado advirtió que la iniciativa anunciada por el Presidente Kast en la Cuenta Pública arriesga generar estigmatización, problemas de retroactividad en beneficios sociales y severos reparos de carácter constitucional.
Impulsada tras las revelaciones de la Operación Tokio contra el Tren de Aragua, la iniciativa legal busca penalizar a quienes lucren con el comercio sexual ajeno, faciliten inmuebles o plataformas de publicidad, y sancionar con multas a los clientes.
