La iniciativa contempla un nuevo estado de excepción, cambios en las atribuciones del Ejecutivo y un mecanismo para declarar organizaciones terroristas. La propuesta deberá reunir apoyos fuera del oficialismo para avanzar en el Congreso.
A propósito de las diferencias que manifestó el gremialismo previo al ingreso del proyecto, el parlamentario reconoció que la iniciativa del Ejecutivo careció de trabajo prelegislativo y exigió mayor consideración hacia los partidos del sector.
El Gobierno ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad contemplado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que los cambios a la Constitución establecerán “algunas inhabilidades particulares y no generales” para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
El presidente del gremialismo advirtió que la propuesta del Gobierno incorpora excepciones a principios generales que debilitarían la Constitución, en particular por los nuevos artículos referidos al crimen organizado.
Mauricio Flores, coordinador de la organización, afirmó que “un Estado democrático no demuestra su fortaleza exhibiendo a personas privadas de libertad como parte de su política de seguridad”.
Mientras el oficialismo valoró el operativo como una señal de “cambio de mano” en seguridad y destacó su similitud con el modelo de El Salvador, desde la oposición advirtieron al Ejecutivo que “no pretenda importar el autoritarismo” de ese país.
La presidenta del FA, Constanza Martínez, acusó que el Ejecutivo “pretende hacer de esto un debate que divida posiciones”. Tanto el ministro Arrau como el subsecretario Pavez defendieron que la propuesta incorpora “aspectos puntuales”.
El diputado y presidente de la Comisión de Constitución abordó la ACOT impulsada por el Gobierno, advirtió sobre el uso de las FF.AA. en tareas de orden público y recordó que la preocupación por la seguridad ya es una obligación del Estado.
En la ceremonia realizada en La Moneda, el Jefe de Estado aseguró que la crisis de seguridad “excede por largo un solo gobierno” y destacó los avances en materia de homicidios, secuestros y decomiso de drogas en su administración.
Un funcionario de Carabineros que resguarda al exministro de Seguridad Pública repelió el ataque a disparos en Vitacura; la persecución terminó con cinco detenidos en Lo Espejo.
La directora ejecutiva de Fundación Amparo y Justicia subrayó que “una política de seguridad que no incluye detener, investigar o saber por qué se están muriendo los niños en el país, está incompleta”.
El jefe de la cartera de Seguridad calificó como “mito” las críticas de la oposición y afirmó que el mecanismo se aprueba en “casi la totalidad” de los casos solicitados por el Ministerio Público.
El paquete de medidas contempla más de 30 proyectos de ley, entre los que se incluye una reforma constitucional. Desde el progresismo cuestionaron que el Ejecutivo mezcle el combate al crimen organizado con medidas para enfrentar el vandalismo.
“Juntos somos más en contra del crimen organizado. Juntos vamos a lograr que Chile vuelva a tener ese lugar que nunca debió haber perdido de ser el país más seguro de toda Latinoamérica”, señaló el mandatario.
El Presidente anunció una agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, junto con una reforma constitucional que consagre la protección de la seguridad de las personas.
Entre otras modificaciones, la iniciativa busca evitar los límites presupuestarios para la contratación de funcionarios de seguridad municipal y facilitar la obtención de la licencia clase F, indispensable para los vehículos de patrullaje.
