Situación crítica para los DD.HH. en El Salvador denuncia Amnistía Internacional
Alarmante regresión en el respeto y la protección de los derechos humanos en el país mezoamericano donde, según el organismo humanitario, hay una gradual sustitución de la violencia de las pandillas por violencia estatal.
Miércoles 6 de diciembre 2023 15:13 hrs.
“El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador en los últimos años es sumamente preocupante. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho ha llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, dijo en conferencia de prensa, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
Acompañada de varias representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de El Salvador, Ana Piquer presentó el informe de Amnistía Internacional, basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas. El reporte describe la política de seguridad salvadoreña llevada adelante por el gobierno de Bukele con un enfoque punitivo y un marco legal que pone en riesgo el debido proceso. Se critica, además, “el uso sistemático de tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales”. La mayoría de estas víctimas siguen siendo personas de comunidades en condición de pobreza e históricamente acechados por la criminalidad.
Amnistía Internacional instó al Estado salvadoreño a derogar el estado de excepción, vigente desde el 22 de marzo de 2022, y las reformas legales que vulneran no sólo el debido proceso sino que también anulan las garantías procesales. Del mismo modo recomienda garantizar el retiro ordenado de los efectivos de las fuerzas armadas que han sido llevados a cumplir labores de seguridad pública, fortaleciendo las capacidades de la Policía Nacional Civil. Pero, por el contrario, las autoridades de seguridad y el mismo presidente Bukele han dicho que el régimen de excepción continuará el tiempo que sea necesario y que sólo concluirá cuando se erradique a las pandillas y el crimen organizado del territorio salvadoreño.
Por su parte, Piquer recalcó que el régimen de excepción “es una cuasi solución a corto plazo que no es sostenible en el tiempo y que lo que se está haciendo es sustituir una forma de violencia por otra forma de violencia y que las personas afectadas siguen siendo las mismas”.
Amnistía Internacional reveló que tuvo acceso a las bases de datos de organizaciones de sociedad civil y que, según su análisis, ellos demuestran que las víctimas de las detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: “un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas”. Criticó asimismo la implementación de la política de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele en el combate a las pandillas, aunque el gobierno sostiene que ha bajado sustancialmente el índice de criminalidad y ahora, afirma, la actividad de las pandillas es casi nula después de muchos años aterrorizando al país.
De hecho, las llamadas “maras” o pandillas no sólo están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado sino que, además, extorsionan a comerciantes y empresas del transporte, manteniendo su presencia en barrios y comunidades populares. Hasta el año 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En tanto que este 2023, la Policía Nacional Civil contabiliza 195 homicidios entre el 1° de enero y el 30 de noviembre, un 67% menos que los 598 ocurridos en el mismo período del año anterior.
No obstante, Amnistía Internacional insiste en que “no es posible un sistema de seguridad exitoso violando derechos humanos en forma masiva; eso por definición, no es exitoso”. Y calificó de “indignante” que las autoridades salvadoreñas “nieguen abiertamente” la existencia de violaciones a los Derechos Humanos.
Y no solo hablamos de episodios “aislados”, precisó, “sino lo que se ve son patrones claros de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, vulneraciones al debido proceso, torturas y malos tratos en detención y muertes”.
Según el informe de Amnistía, hasta octubre de 2023, organizaciones de derechos humanos registraban más de 73.800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal. En las cárceles de El Salvador, hay aproximadamente 120.000 personas privadas de libertad, lo que coloca al país con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial, una situación de hacinamiento de 236% aproximadamente.
“El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador en los últimos años es sumamente preocupante. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho ha llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, dijo en conferencia de prensa, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
Acompañada de varias representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de El Salvador, Ana Piquer presentó el informe de Amnistía Internacional, basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas. El reporte describe la política de seguridad salvadoreña llevada adelante por el gobierno de Bukele con un enfoque punitivo y un marco legal que pone en riesgo el debido proceso. Se critica, además, “el uso sistemático de tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales”. La mayoría de estas víctimas siguen siendo personas de comunidades en condición de pobreza e históricamente acechados por la criminalidad.
Amnistía Internacional instó al Estado salvadoreño a derogar el estado de excepción, vigente desde el 22 de marzo de 2022, y las reformas legales que vulneran no sólo el debido proceso sino que también anulan las garantías procesales. Del mismo modo recomienda garantizar el retiro ordenado de los efectivos de las fuerzas armadas que han sido llevados a cumplir labores de seguridad pública, fortaleciendo las capacidades de la Policía Nacional Civil. Pero, por el contrario, las autoridades de seguridad y el mismo presidente Bukele han dicho que el régimen de excepción continuará el tiempo que sea necesario y que sólo concluirá cuando se erradique a las pandillas y el crimen organizado del territorio salvadoreño.
Por su parte, Piquer recalcó que el régimen de excepción “es una cuasi solución a corto plazo que no es sostenible en el tiempo y que lo que se está haciendo es sustituir una forma de violencia por otra forma de violencia y que las personas afectadas siguen siendo las mismas”.
Amnistía Internacional reveló que tuvo acceso a las bases de datos de organizaciones de sociedad civil y que, según su análisis, ellos demuestran que las víctimas de las detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: “un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas”. Criticó asimismo la implementación de la política de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele en el combate a las pandillas, aunque el gobierno sostiene que ha bajado sustancialmente el índice de criminalidad y ahora, afirma, la actividad de las pandillas es casi nula después de muchos años aterrorizando al país.
De hecho, las llamadas “maras” o pandillas no sólo están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado sino que, además, extorsionan a comerciantes y empresas del transporte, manteniendo su presencia en barrios y comunidades populares. Hasta el año 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En tanto que este 2023, la Policía Nacional Civil contabiliza 195 homicidios entre el 1° de enero y el 30 de noviembre, un 67% menos que los 598 ocurridos en el mismo período del año anterior.
No obstante, Amnistía Internacional insiste en que “no es posible un sistema de seguridad exitoso violando derechos humanos en forma masiva; eso por definición, no es exitoso”. Y calificó de “indignante” que las autoridades salvadoreñas “nieguen abiertamente” la existencia de violaciones a los Derechos Humanos.
Y no solo hablamos de episodios “aislados”, precisó, “sino lo que se ve son patrones claros de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, vulneraciones al debido proceso, torturas y malos tratos en detención y muertes”.
Según el informe de Amnistía, hasta octubre de 2023, organizaciones de derechos humanos registraban más de 73.800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal. En las cárceles de El Salvador, hay aproximadamente 120.000 personas privadas de libertad, lo que coloca al país con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial, una situación de hacinamiento de 236% aproximadamente.
“El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador en los últimos años es sumamente preocupante. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho ha llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, dijo en conferencia de prensa, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
Acompañada de varias representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de El Salvador, Ana Piquer presentó el informe de Amnistía Internacional, basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas. El reporte describe la política de seguridad salvadoreña llevada adelante por el gobierno de Bukele con un enfoque punitivo y un marco legal que pone en riesgo el debido proceso. Se critica, además, “el uso sistemático de tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales”. La mayoría de estas víctimas siguen siendo personas de comunidades en condición de pobreza e históricamente acechados por la criminalidad.
Amnistía Internacional instó al Estado salvadoreño a derogar el estado de excepción, vigente desde el 22 de marzo de 2022, y las reformas legales que vulneran no sólo el debido proceso sino que también anulan las garantías procesales. Del mismo modo recomienda garantizar el retiro ordenado de los efectivos de las fuerzas armadas que han sido llevados a cumplir labores de seguridad pública, fortaleciendo las capacidades de la Policía Nacional Civil. Pero, por el contrario, las autoridades de seguridad y el mismo presidente Bukele han dicho que el régimen de excepción continuará el tiempo que sea necesario y que sólo concluirá cuando se erradique a las pandillas y el crimen organizado del territorio salvadoreño.
Por su parte, Piquer recalcó que el régimen de excepción “es una cuasi solución a corto plazo que no es sostenible en el tiempo y que lo que se está haciendo es sustituir una forma de violencia por otra forma de violencia y que las personas afectadas siguen siendo las mismas”.
Amnistía Internacional reveló que tuvo acceso a las bases de datos de organizaciones de sociedad civil y que, según su análisis, ellos demuestran que las víctimas de las detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: “un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas”. Criticó asimismo la implementación de la política de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele en el combate a las pandillas, aunque el gobierno sostiene que ha bajado sustancialmente el índice de criminalidad y ahora, afirma, la actividad de las pandillas es casi nula después de muchos años aterrorizando al país.
De hecho, las llamadas “maras” o pandillas no sólo están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado sino que, además, extorsionan a comerciantes y empresas del transporte, manteniendo su presencia en barrios y comunidades populares. Hasta el año 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En tanto que este 2023, la Policía Nacional Civil contabiliza 195 homicidios entre el 1° de enero y el 30 de noviembre, un 67% menos que los 598 ocurridos en el mismo período del año anterior.
No obstante, Amnistía Internacional insiste en que “no es posible un sistema de seguridad exitoso violando derechos humanos en forma masiva; eso por definición, no es exitoso”. Y calificó de “indignante” que las autoridades salvadoreñas “nieguen abiertamente” la existencia de violaciones a los Derechos Humanos.
Y no solo hablamos de episodios “aislados”, precisó, “sino lo que se ve son patrones claros de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, vulneraciones al debido proceso, torturas y malos tratos en detención y muertes”.
Según el informe de Amnistía, hasta octubre de 2023, organizaciones de derechos humanos registraban más de 73.800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal. En las cárceles de El Salvador, hay aproximadamente 120.000 personas privadas de libertad, lo que coloca al país con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial, una situación de hacinamiento de 236% aproximadamente.
