Caso La Polar: Cámara de Diputados aprueba informe de Comisión Investigadora
La instancia comprobó que existía una política sistemática de venta de artículos falsos y advirtió la necesidad de realizar cambios en la ley para proteger a los consumidores. En la misma jornada, se visaron las conclusiones de otras dos comisiones.
Viernes 15 de diciembre 2023 11:36 hrs.
En una agitada sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe emanado por la Comisión Especial Investigadora por el Caso La Polar, por 73 votos a favor y 19 abstenciones de parlamentarios de oposición. La instancia, presidida por el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, advirtió la necesidad de realizar mejoras en la legislación en materia de protección al consumidor, aumentar las sanciones por publicidad engañosa y robustecer la institucionalidad.
“La gente está aburrida de los abusos. La Comisión Investigadora del Caso La Polar dejó en evidencia un engaño masivo a la gente, que investiga la Fiscalía y también debilidades en nuestra legislación. Han sido miles de personas engañadas. Queremos que este tipo de casos no terminen en clases de ética”, señaló Manouchehri, quien destacó el amplio respaldo político respecto a las investigaciones.
“Según lo informado por Aduanas, en el caso en particular que afecta a La Polar S.A solo el monto de las prendas retenidas por la entidad asciende a 2,6 millones de dólares, en un total de 11 procedimientos de suspensión de despacho respecto de la multitienda efectuados entre septiembre de 2022 y junio 2023, con un total de 97 mil unidades retenidas, mayoritariamente de vestuario”, detalló.
Por ello, Manouchehri afirmó que “estamos en presencia de un modus operandi respecto de la venta de productos falsificados, afectando la fe pública de las personas. Además, creemos que claramente acá hay vacíos legales que han permitido que estas situaciones se puedan generar. Incluso, las marcas pueden llegar al acuerdo con el retail de vender igualmente estas prendas. Entonces, finalmente la gente ni siquiera puede enterarse de que está comprando un producto falso”.
“Estamos hablando de Chile como uno de los principales países del mundo de internación de productos falsificados. Nosotros tenemos que hacer modificaciones urgentes a nuestra legislación. No puede suceder que acá las empresas tengan la capacidad de ponerse de acuerdo entre ellas y puedan concluir la investigación de hechos que son extremadamente graves”, recalcó.
Las recomendaciones de la Comisión
La comisión celebró un total de 12 sesiones, recibiendo a representantes de entidades como el Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Policía de Investigaciones, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Asociación Internacional de Marcas para Latinoamérica y el Caribe (INTA), y la Unidad de Especialidad en Delitos Económicos del Ministerio Público.
Salvo el representante de la marca de ropa Under Armour, las otras empresas involucradas y la multitienda La Polar declinaron asistir a la comisión.
El informe aprobado por la Cámara de Diputados concluye que, respecto a las empresas del retail, “la marca tiene una función social, que le da plena fe a los clientes de estar adquiriendo un producto de ciertas características. Atentar contra esto es meritorio de una sanción, por ello, se requiere adoptar medidas para prevenir la aparición de infracciones, para no afectar a clientes y su credibilidad, como ocurre actualmente con La Polar S.A”.
“Combatir el mercado de la falsificación requiere colaboración público– privada, también de cooperación y coordinación transfronteriza para controlar y fiscalizar el ingreso o salida de esos productos de nuestro país”, agrega el documento.
En ese sentido, la comisión instó a realizar mejoras en diversas aristas:
1. Robustecer la normativa vigente, con el objeto de obtener sanciones ejemplares a la hora de comprobar que existen proveedores que atentan contra el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos.
2. Fortalecer las instituciones e infraestructura pública, dotando de mayores atribuciones y recursos a los organismos públicos competentes.
3. Fortalecer la normativa legal y reglamentaria existente, para que no se vulnere la fe pública ni los bienes públicos en general. Principalmente se recomienda modificar la ley de propiedad industrial vinculada con la persecución penal; revisar la configuración del delito de contrabando contemplado en la Ordenanza General de Aduanas; y avanzar en la tipificación de la mentira como delito, con el fin de resguardar los derechos del consumidor.
4. Establecer mecanismos certeros de reparación e indemnización de los daños producidos por parte de La Polar y otras empresas del retail que hayan infraccionado la ley del consumidor, atentando contra la información verdadera, ofreciendo productos de forma engañosa, especialmente cuando se deposita la confianza en la compra de un producto y su calidad.
Los otros informes aprobados
En la misma jornada en que la Cámara aprobó el informe de la Comisión Investigadora por el Caso La Polar, los diputados y diputadas visaron el trabajo de la comisiones que indagaron en las licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia y en en la puesta en marcha del nuevo hospital de Alto Hospicio.
Esta última instancia, constató que hubo un retraso en el plazo de ejecución del proyecto, lo que se debería a reprogramaciones cuyas causas no se conocieron en detalle. Se observó que la pandemia contribuyó a conjeturar una explicación acerca del retardo, sin embargo, no se pudo concluir categóricamente que la demora se haya debido exclusivamente a dicha causa.
Otro punto destacado del informe es el compromiso de aclarar denuncias de eventuales vínculos entre trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora del hospital. “En el caso de que ello ocurra, es fundamental conocer la naturaleza jurídica específica de los mismos”, sostiene el documento.
Respecto a la Comisión Investigadora sobre licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, el informe final expresa la convicción del grupo parlamentario “de que la implementación del nuevo Servicio se realizó de forma apresurada y desprolija”. Especialmente, se observó un actuar descoordinado entre el Sename y Mejor Niñez, respecto a posibles alertas y nudos críticos en el proceso de traspaso.
De todas maneras, se reconoce que no hubo segundas intenciones en torno a las licitaciones fallidas. Empero, se llama a abordar con urgencia la necesidad de implementar medidas tendientes a mejorar el diseño de administración y gestión de concursos en el Servicio.
En una agitada sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe emanado por la Comisión Especial Investigadora por el Caso La Polar, por 73 votos a favor y 19 abstenciones de parlamentarios de oposición. La instancia, presidida por el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, advirtió la necesidad de realizar mejoras en la legislación en materia de protección al consumidor, aumentar las sanciones por publicidad engañosa y robustecer la institucionalidad.
“La gente está aburrida de los abusos. La Comisión Investigadora del Caso La Polar dejó en evidencia un engaño masivo a la gente, que investiga la Fiscalía y también debilidades en nuestra legislación. Han sido miles de personas engañadas. Queremos que este tipo de casos no terminen en clases de ética”, señaló Manouchehri, quien destacó el amplio respaldo político respecto a las investigaciones.
“Según lo informado por Aduanas, en el caso en particular que afecta a La Polar S.A solo el monto de las prendas retenidas por la entidad asciende a 2,6 millones de dólares, en un total de 11 procedimientos de suspensión de despacho respecto de la multitienda efectuados entre septiembre de 2022 y junio 2023, con un total de 97 mil unidades retenidas, mayoritariamente de vestuario”, detalló.
Por ello, Manouchehri afirmó que “estamos en presencia de un modus operandi respecto de la venta de productos falsificados, afectando la fe pública de las personas. Además, creemos que claramente acá hay vacíos legales que han permitido que estas situaciones se puedan generar. Incluso, las marcas pueden llegar al acuerdo con el retail de vender igualmente estas prendas. Entonces, finalmente la gente ni siquiera puede enterarse de que está comprando un producto falso”.
“Estamos hablando de Chile como uno de los principales países del mundo de internación de productos falsificados. Nosotros tenemos que hacer modificaciones urgentes a nuestra legislación. No puede suceder que acá las empresas tengan la capacidad de ponerse de acuerdo entre ellas y puedan concluir la investigación de hechos que son extremadamente graves”, recalcó.
Las recomendaciones de la Comisión
La comisión celebró un total de 12 sesiones, recibiendo a representantes de entidades como el Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Policía de Investigaciones, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Asociación Internacional de Marcas para Latinoamérica y el Caribe (INTA), y la Unidad de Especialidad en Delitos Económicos del Ministerio Público.
Salvo el representante de la marca de ropa Under Armour, las otras empresas involucradas y la multitienda La Polar declinaron asistir a la comisión.
El informe aprobado por la Cámara de Diputados concluye que, respecto a las empresas del retail, “la marca tiene una función social, que le da plena fe a los clientes de estar adquiriendo un producto de ciertas características. Atentar contra esto es meritorio de una sanción, por ello, se requiere adoptar medidas para prevenir la aparición de infracciones, para no afectar a clientes y su credibilidad, como ocurre actualmente con La Polar S.A”.
“Combatir el mercado de la falsificación requiere colaboración público– privada, también de cooperación y coordinación transfronteriza para controlar y fiscalizar el ingreso o salida de esos productos de nuestro país”, agrega el documento.
En ese sentido, la comisión instó a realizar mejoras en diversas aristas:
1. Robustecer la normativa vigente, con el objeto de obtener sanciones ejemplares a la hora de comprobar que existen proveedores que atentan contra el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos.
2. Fortalecer las instituciones e infraestructura pública, dotando de mayores atribuciones y recursos a los organismos públicos competentes.
3. Fortalecer la normativa legal y reglamentaria existente, para que no se vulnere la fe pública ni los bienes públicos en general. Principalmente se recomienda modificar la ley de propiedad industrial vinculada con la persecución penal; revisar la configuración del delito de contrabando contemplado en la Ordenanza General de Aduanas; y avanzar en la tipificación de la mentira como delito, con el fin de resguardar los derechos del consumidor.
4. Establecer mecanismos certeros de reparación e indemnización de los daños producidos por parte de La Polar y otras empresas del retail que hayan infraccionado la ley del consumidor, atentando contra la información verdadera, ofreciendo productos de forma engañosa, especialmente cuando se deposita la confianza en la compra de un producto y su calidad.
Los otros informes aprobados
En la misma jornada en que la Cámara aprobó el informe de la Comisión Investigadora por el Caso La Polar, los diputados y diputadas visaron el trabajo de la comisiones que indagaron en las licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia y en en la puesta en marcha del nuevo hospital de Alto Hospicio.
Esta última instancia, constató que hubo un retraso en el plazo de ejecución del proyecto, lo que se debería a reprogramaciones cuyas causas no se conocieron en detalle. Se observó que la pandemia contribuyó a conjeturar una explicación acerca del retardo, sin embargo, no se pudo concluir categóricamente que la demora se haya debido exclusivamente a dicha causa.
Otro punto destacado del informe es el compromiso de aclarar denuncias de eventuales vínculos entre trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora del hospital. “En el caso de que ello ocurra, es fundamental conocer la naturaleza jurídica específica de los mismos”, sostiene el documento.
Respecto a la Comisión Investigadora sobre licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, el informe final expresa la convicción del grupo parlamentario “de que la implementación del nuevo Servicio se realizó de forma apresurada y desprolija”. Especialmente, se observó un actuar descoordinado entre el Sename y Mejor Niñez, respecto a posibles alertas y nudos críticos en el proceso de traspaso.
De todas maneras, se reconoce que no hubo segundas intenciones en torno a las licitaciones fallidas. Empero, se llama a abordar con urgencia la necesidad de implementar medidas tendientes a mejorar el diseño de administración y gestión de concursos en el Servicio.
En una agitada sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe emanado por la Comisión Especial Investigadora por el Caso La Polar, por 73 votos a favor y 19 abstenciones de parlamentarios de oposición. La instancia, presidida por el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, advirtió la necesidad de realizar mejoras en la legislación en materia de protección al consumidor, aumentar las sanciones por publicidad engañosa y robustecer la institucionalidad.
“La gente está aburrida de los abusos. La Comisión Investigadora del Caso La Polar dejó en evidencia un engaño masivo a la gente, que investiga la Fiscalía y también debilidades en nuestra legislación. Han sido miles de personas engañadas. Queremos que este tipo de casos no terminen en clases de ética”, señaló Manouchehri, quien destacó el amplio respaldo político respecto a las investigaciones.
“Según lo informado por Aduanas, en el caso en particular que afecta a La Polar S.A solo el monto de las prendas retenidas por la entidad asciende a 2,6 millones de dólares, en un total de 11 procedimientos de suspensión de despacho respecto de la multitienda efectuados entre septiembre de 2022 y junio 2023, con un total de 97 mil unidades retenidas, mayoritariamente de vestuario”, detalló.
Por ello, Manouchehri afirmó que “estamos en presencia de un modus operandi respecto de la venta de productos falsificados, afectando la fe pública de las personas. Además, creemos que claramente acá hay vacíos legales que han permitido que estas situaciones se puedan generar. Incluso, las marcas pueden llegar al acuerdo con el retail de vender igualmente estas prendas. Entonces, finalmente la gente ni siquiera puede enterarse de que está comprando un producto falso”.
“Estamos hablando de Chile como uno de los principales países del mundo de internación de productos falsificados. Nosotros tenemos que hacer modificaciones urgentes a nuestra legislación. No puede suceder que acá las empresas tengan la capacidad de ponerse de acuerdo entre ellas y puedan concluir la investigación de hechos que son extremadamente graves”, recalcó.
Las recomendaciones de la Comisión
La comisión celebró un total de 12 sesiones, recibiendo a representantes de entidades como el Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Policía de Investigaciones, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Asociación Internacional de Marcas para Latinoamérica y el Caribe (INTA), y la Unidad de Especialidad en Delitos Económicos del Ministerio Público.
Salvo el representante de la marca de ropa Under Armour, las otras empresas involucradas y la multitienda La Polar declinaron asistir a la comisión.
El informe aprobado por la Cámara de Diputados concluye que, respecto a las empresas del retail, “la marca tiene una función social, que le da plena fe a los clientes de estar adquiriendo un producto de ciertas características. Atentar contra esto es meritorio de una sanción, por ello, se requiere adoptar medidas para prevenir la aparición de infracciones, para no afectar a clientes y su credibilidad, como ocurre actualmente con La Polar S.A”.
“Combatir el mercado de la falsificación requiere colaboración público– privada, también de cooperación y coordinación transfronteriza para controlar y fiscalizar el ingreso o salida de esos productos de nuestro país”, agrega el documento.
En ese sentido, la comisión instó a realizar mejoras en diversas aristas:
1. Robustecer la normativa vigente, con el objeto de obtener sanciones ejemplares a la hora de comprobar que existen proveedores que atentan contra el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos.
2. Fortalecer las instituciones e infraestructura pública, dotando de mayores atribuciones y recursos a los organismos públicos competentes.
3. Fortalecer la normativa legal y reglamentaria existente, para que no se vulnere la fe pública ni los bienes públicos en general. Principalmente se recomienda modificar la ley de propiedad industrial vinculada con la persecución penal; revisar la configuración del delito de contrabando contemplado en la Ordenanza General de Aduanas; y avanzar en la tipificación de la mentira como delito, con el fin de resguardar los derechos del consumidor.
4. Establecer mecanismos certeros de reparación e indemnización de los daños producidos por parte de La Polar y otras empresas del retail que hayan infraccionado la ley del consumidor, atentando contra la información verdadera, ofreciendo productos de forma engañosa, especialmente cuando se deposita la confianza en la compra de un producto y su calidad.
Los otros informes aprobados
En la misma jornada en que la Cámara aprobó el informe de la Comisión Investigadora por el Caso La Polar, los diputados y diputadas visaron el trabajo de la comisiones que indagaron en las licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia y en en la puesta en marcha del nuevo hospital de Alto Hospicio.
Esta última instancia, constató que hubo un retraso en el plazo de ejecución del proyecto, lo que se debería a reprogramaciones cuyas causas no se conocieron en detalle. Se observó que la pandemia contribuyó a conjeturar una explicación acerca del retardo, sin embargo, no se pudo concluir categóricamente que la demora se haya debido exclusivamente a dicha causa.
Otro punto destacado del informe es el compromiso de aclarar denuncias de eventuales vínculos entre trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora del hospital. “En el caso de que ello ocurra, es fundamental conocer la naturaleza jurídica específica de los mismos”, sostiene el documento.
Respecto a la Comisión Investigadora sobre licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, el informe final expresa la convicción del grupo parlamentario “de que la implementación del nuevo Servicio se realizó de forma apresurada y desprolija”. Especialmente, se observó un actuar descoordinado entre el Sename y Mejor Niñez, respecto a posibles alertas y nudos críticos en el proceso de traspaso.
De todas maneras, se reconoce que no hubo segundas intenciones en torno a las licitaciones fallidas. Empero, se llama a abordar con urgencia la necesidad de implementar medidas tendientes a mejorar el diseño de administración y gestión de concursos en el Servicio.
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