La iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero sólo contó con el respaldo de los parlamentarios oficialistas. El Partido de la Gente se abstuvo y la Democracia Cristiana votó en contra.
La tramitación del proyecto enfrenta cuestionamientos políticos y técnicos, con advertencias sobre su impacto en ingresos fiscales, déficit y deuda pública. Sin embargo, el Ejecutivo persiste en avanzar para impulsar la inversión y el empleo formal.
La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja que la iniciativa del Gobierno generaría déficits al menos hasta 2031 y que requiere fuentes de financiamiento adicionales.
Con la idea de seguir el cronograma del Gobierno, el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, fijó la votación en general de la iniciativa para este jueves. En tanto, parte de la oposición acusa que el Ejecutivo “le teme al debate”.
El oficialismo reconoció que el Palacio cumple “función más bien de oficina” y que no se “podría cuestionar” si la actividad se hubiera desarrollado en Cerro Castillo. Desde la oposición prendieron las alarmas por el uso de recursos públicos.
El Ejecutivo ingresó un proyecto de ley con medidas de mitigación para amortiguar el impacto de este aumento de precios en los hogares. La Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar y el trámite continúa en la Sala de la Cámara de Diputados.
El presidente electo aseguró estar orgulloso de sumar a Ximena Rincón y Jaime Campos. Mientras, desde el Partido Radical, lugar de militancia del futuro ministro de Agricultura, se acusó que está actuando de manera “personalista”.
Ante la negativa del gobierno peruano, la vocera de la Oficina del Presidente Electo, Mara Sedini, remarcó que se buscarán otras vías para avanzar en la agenda migratoria. Diputados PS calificaron el hecho como el primer fracaso de Kast.
El cara a cara entre los candidatos presidenciales previo a las elecciones del domingo, tendrá el foco puesto en las dudas que siguen persistiendo sobre el programa de gobierno de José Antonio Kast en materias como migración y recorte fiscal.
El académico y abogado constitucionalista abordó las diversas aristas de esta acusación, donde se busca esclarecer el involucramiento del ministro de la Corte Suprema en tres casos que denotan falta de probidad, abstención e imparcialidad.
El texto acusa al ministro de la Corte Suprema de “notable abandono de deberes”, por sus vínculos con abogados imputados en la causa y por fallar a favor del consorcio CBM sin declarar sus relaciones personales.
La acción judicial presentada por Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini solicita investigar posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y soborno, en el contexto de la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa.
La investigación por un supuesto pago al parlamentario para perjudicar a figuras del PS abrió un nuevo flanco que alcanzó al entorno del presidenciable. Mientras el oficialismo le exige rigor a la Fiscalía, la derecha llamó a no adelantar juicios.
La revelación de CIPER sobre un pago de $1,7 millones asociado a Sergio Yáber reactivó tensiones en el Congreso. Mientras Araya niega las imputaciones, Manouchehri y Cicardini acusan una red que habría operado para dañar sus reputaciones.
El alcalde de Copiapó, padre de la diputada, afirmó que “el exmagistrado Antonio Ulloa tejió una red de influencias en la Región de Atacama, que alcanzaba a la propia fiscalía regional”.
Gonzalo Migueles y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas seguirán detenidos hasta el viernes, mientras la Fiscalía indaga una red de cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos vinculada a la exministra de la Corte Suprema.
Durante la cuarta sesión de la comisión revisora del libelo acusatorio, el abogado del magistrado, Domingo Hernández, cuestionó la solidez de los argumentos jurídicos del texto presentado por el oficialismo.
