El presidente electo aseguró estar orgulloso de sumar a Ximena Rincón y Jaime Campos. Mientras, desde el Partido Radical, lugar de militancia del futuro ministro de Agricultura, se acusó que está actuando de manera “personalista”.
Ante la negativa del gobierno peruano, la vocera de la Oficina del Presidente Electo, Mara Sedini, remarcó que se buscarán otras vías para avanzar en la agenda migratoria. Diputados PS calificaron el hecho como el primer fracaso de Kast.
El cara a cara entre los candidatos presidenciales previo a las elecciones del domingo, tendrá el foco puesto en las dudas que siguen persistiendo sobre el programa de gobierno de José Antonio Kast en materias como migración y recorte fiscal.
El académico y abogado constitucionalista abordó las diversas aristas de esta acusación, donde se busca esclarecer el involucramiento del ministro de la Corte Suprema en tres casos que denotan falta de probidad, abstención e imparcialidad.
El texto acusa al ministro de la Corte Suprema de “notable abandono de deberes”, por sus vínculos con abogados imputados en la causa y por fallar a favor del consorcio CBM sin declarar sus relaciones personales.
La acción judicial presentada por Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini solicita investigar posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y soborno, en el contexto de la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa.
La investigación por un supuesto pago al parlamentario para perjudicar a figuras del PS abrió un nuevo flanco que alcanzó al entorno del presidenciable. Mientras el oficialismo le exige rigor a la Fiscalía, la derecha llamó a no adelantar juicios.
La revelación de CIPER sobre un pago de $1,7 millones asociado a Sergio Yáber reactivó tensiones en el Congreso. Mientras Araya niega las imputaciones, Manouchehri y Cicardini acusan una red que habría operado para dañar sus reputaciones.
El alcalde de Copiapó, padre de la diputada, afirmó que “el exmagistrado Antonio Ulloa tejió una red de influencias en la Región de Atacama, que alcanzaba a la propia fiscalía regional”.
Gonzalo Migueles y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas seguirán detenidos hasta el viernes, mientras la Fiscalía indaga una red de cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos vinculada a la exministra de la Corte Suprema.
Durante la cuarta sesión de la comisión revisora del libelo acusatorio, el abogado del magistrado, Domingo Hernández, cuestionó la solidez de los argumentos jurídicos del texto presentado por el oficialismo.
El parlamentario defendió la acusación constitucional que apunta al juez de la Corte Suprema vinculado con Luis Hermosilla. Para el diputado socialista, el magistrado cayó en una “vulneración constante de sus deberes”.
Los congresistas manifestaron su disconformidad con el veredicto de la Corte Suprema, afirmando que “la justicia no puede estar capturada por redes oscuras”. Además, apuntaron que el texto acusatorio podría ampliarse a otros supremos.
La falta de condena del republicano ha sido materia de críticas desde el oficialismo, tildándolo incluso de “cobarde”. En el análisis de fondo, expertos sostienen que su campaña “se enredó” al no dar respuestas claras frente al caso.
Diputados oficialistas anunciaron que presentarán la acción legal ante Fiscalía para que se investigue la existencia de redes organizadas de desinformación que podrían configurar delitos informáticos y asociación ilícita.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró su postura en contra de la iniciativa presentada por el PS. Mientras, el autor de la legislación, Daniel Manouchehri, instó a discutir los cobros en Unidad de Fomento en educación, arriendos y salud.
Durante la discusión en el Congreso sobre obligatoriedad del voto de migrantes, el parlamentario del PS aseguró que la oposición busca convertir al país en “Chilezuela” y que “no queremos que nuestra política sea de arepa y ron”.
