Este lunes diputados de la bancada de la UDI concurrieron a las dependencias de la Fiscalía Nacional, para que en el marco de la investigación de oficio por las posibles irregularidades en la entrega de pensiones de gracia, también se indague a las personas que recibieron el beneficio.
En ese sentido, el diputado gremialista Juan Antonio Coloma, aseguró que en el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido “se configuraron a lo menos dos delitos: El primero, el fraude al fisco, porque se entregan recursos con plata de todos los chilenos a personas que no cumplieron los requisitos para poder obtenerlos. Segundo, obtención fraudulenta de beneficios sociales”.
“Todo esto, sumado a una hipotética prevaricación administrativa, lo que hacen a nuestro juicio es configurar una serie de delitos en los cuales se ha incurrido al otorgar estas pensiones de gracia, que nos parecen, deben ser subsanados a la brevedad”, agregó.
En la instancia, los legisladores además marcaron su posición respecto a quién debería afectar la revocación de la medida.
El diputado y presidente de la comisión investigadora en la materia, Henry Leal, expresó que el beneficio tendría que quedar sin efecto para las 69 personas que -de acuerdo a cifras del Gobierno- reciben pensiones de gracia y tienen antecedentes penales.
De esta manera, la UDI difirió del criterio que estaría considerando el Ejecutivo, que es el de mantener las pensiones de gracia a personas con daños permanentes, independiente de si es que cometieron delitos.
“Nosotros creemos que se deben revocar las pensiones a todas las personas que tengan antecedentes penales. Si alguna persona se vio afectada por un acto en que intervino un agente del Estado, esa persona tiene todo el derecho a recurrir a los tribunales de justicia y pedir una reparación con una sentencia judicial, pero no a través de las pensiones de gracia”, indicó Leal.
Monsalve: “No me quiero anticipar a la decisión del Presidente”
Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, si bien evitó profundizar en las personas a las que se le revocará el beneficio, detalló que la comisión asesora presidencial encargada de revisar las pensiones ya entregó una lista tentativa, pero que será el Presidente Gabriel Boric quien tome la decisión final.
“Yo no me quiero anticipar a la decisión del Presidente, porque al Presidente se le proponen criterios, se le proponen decisiones, pero finalmente el que valida esos criterios y el que toma la decisión es el Presidente de la República. Cualquier información que yo entregara ahora sería de carácter provisoria”, advirtió.}
Asimismo, respondió a las críticas del ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien en conversación con T13 Radio apuntó a la responsabilidad de “fuerzas de izquierda” en la aplicación de las pensiones de gracia.
En ese sentido, Monsalve recordó un informe de Contraloría referido a la entrega del beneficio correspondiente a 2021, durante la gestión del Presidente Sebastián Piñera.
“Sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este Gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social y de la entrega de pensiones de gracia. Si este informe de Contraloría ha sido catalogado de lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal”, sostuvo.
Este lunes diputados de la bancada de la UDI concurrieron a las dependencias de la Fiscalía Nacional, para que en el marco de la investigación de oficio por las posibles irregularidades en la entrega de pensiones de gracia, también se indague a las personas que recibieron el beneficio.
En ese sentido, el diputado gremialista Juan Antonio Coloma, aseguró que en el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido “se configuraron a lo menos dos delitos: El primero, el fraude al fisco, porque se entregan recursos con plata de todos los chilenos a personas que no cumplieron los requisitos para poder obtenerlos. Segundo, obtención fraudulenta de beneficios sociales”.
“Todo esto, sumado a una hipotética prevaricación administrativa, lo que hacen a nuestro juicio es configurar una serie de delitos en los cuales se ha incurrido al otorgar estas pensiones de gracia, que nos parecen, deben ser subsanados a la brevedad”, agregó.
En la instancia, los legisladores además marcaron su posición respecto a quién debería afectar la revocación de la medida.
El diputado y presidente de la comisión investigadora en la materia, Henry Leal, expresó que el beneficio tendría que quedar sin efecto para las 69 personas que -de acuerdo a cifras del Gobierno- reciben pensiones de gracia y tienen antecedentes penales.
De esta manera, la UDI difirió del criterio que estaría considerando el Ejecutivo, que es el de mantener las pensiones de gracia a personas con daños permanentes, independiente de si es que cometieron delitos.
“Nosotros creemos que se deben revocar las pensiones a todas las personas que tengan antecedentes penales. Si alguna persona se vio afectada por un acto en que intervino un agente del Estado, esa persona tiene todo el derecho a recurrir a los tribunales de justicia y pedir una reparación con una sentencia judicial, pero no a través de las pensiones de gracia”, indicó Leal.
Monsalve: “No me quiero anticipar a la decisión del Presidente”
Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, si bien evitó profundizar en las personas a las que se le revocará el beneficio, detalló que la comisión asesora presidencial encargada de revisar las pensiones ya entregó una lista tentativa, pero que será el Presidente Gabriel Boric quien tome la decisión final.
“Yo no me quiero anticipar a la decisión del Presidente, porque al Presidente se le proponen criterios, se le proponen decisiones, pero finalmente el que valida esos criterios y el que toma la decisión es el Presidente de la República. Cualquier información que yo entregara ahora sería de carácter provisoria”, advirtió.}
Asimismo, respondió a las críticas del ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien en conversación con T13 Radio apuntó a la responsabilidad de “fuerzas de izquierda” en la aplicación de las pensiones de gracia.
En ese sentido, Monsalve recordó un informe de Contraloría referido a la entrega del beneficio correspondiente a 2021, durante la gestión del Presidente Sebastián Piñera.
“Sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este Gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social y de la entrega de pensiones de gracia. Si este informe de Contraloría ha sido catalogado de lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal”, sostuvo.
Este lunes diputados de la bancada de la UDI concurrieron a las dependencias de la Fiscalía Nacional, para que en el marco de la investigación de oficio por las posibles irregularidades en la entrega de pensiones de gracia, también se indague a las personas que recibieron el beneficio.
En ese sentido, el diputado gremialista Juan Antonio Coloma, aseguró que en el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido “se configuraron a lo menos dos delitos: El primero, el fraude al fisco, porque se entregan recursos con plata de todos los chilenos a personas que no cumplieron los requisitos para poder obtenerlos. Segundo, obtención fraudulenta de beneficios sociales”.
“Todo esto, sumado a una hipotética prevaricación administrativa, lo que hacen a nuestro juicio es configurar una serie de delitos en los cuales se ha incurrido al otorgar estas pensiones de gracia, que nos parecen, deben ser subsanados a la brevedad”, agregó.
En la instancia, los legisladores además marcaron su posición respecto a quién debería afectar la revocación de la medida.
El diputado y presidente de la comisión investigadora en la materia, Henry Leal, expresó que el beneficio tendría que quedar sin efecto para las 69 personas que -de acuerdo a cifras del Gobierno- reciben pensiones de gracia y tienen antecedentes penales.
De esta manera, la UDI difirió del criterio que estaría considerando el Ejecutivo, que es el de mantener las pensiones de gracia a personas con daños permanentes, independiente de si es que cometieron delitos.
“Nosotros creemos que se deben revocar las pensiones a todas las personas que tengan antecedentes penales. Si alguna persona se vio afectada por un acto en que intervino un agente del Estado, esa persona tiene todo el derecho a recurrir a los tribunales de justicia y pedir una reparación con una sentencia judicial, pero no a través de las pensiones de gracia”, indicó Leal.
Monsalve: “No me quiero anticipar a la decisión del Presidente”
Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, si bien evitó profundizar en las personas a las que se le revocará el beneficio, detalló que la comisión asesora presidencial encargada de revisar las pensiones ya entregó una lista tentativa, pero que será el Presidente Gabriel Boric quien tome la decisión final.
“Yo no me quiero anticipar a la decisión del Presidente, porque al Presidente se le proponen criterios, se le proponen decisiones, pero finalmente el que valida esos criterios y el que toma la decisión es el Presidente de la República. Cualquier información que yo entregara ahora sería de carácter provisoria”, advirtió.}
Asimismo, respondió a las críticas del ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien en conversación con T13 Radio apuntó a la responsabilidad de “fuerzas de izquierda” en la aplicación de las pensiones de gracia.
En ese sentido, Monsalve recordó un informe de Contraloría referido a la entrega del beneficio correspondiente a 2021, durante la gestión del Presidente Sebastián Piñera.
“Sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este Gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social y de la entrega de pensiones de gracia. Si este informe de Contraloría ha sido catalogado de lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal”, sostuvo.
Diputados UDI piden extender investigación judicial sobre pensiones de gracia. 
