La Corte de Apelaciones de Santiago anunció este martes la orden de reabrir la investigación por la muerte de Pablo Neruda. A más de 50 años, aún no se esclarece la verdadera razón del deceso del poeta nacional. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el sobrino del poeta y abogado, Rodolfo Reyes, se mostró optimista con la decisión del órgano judicial, pero cuestionó el rol que ha tenido el Estado en un caso tan emblemático en materia de derechos humanos.
Para el sobrino de Pablo Neruda, se trata de una “decisión relevante” la reapertura del caso, porque en septiembre del año pasado, la ministra en visita de causas de derechos humanos, Paola Plaza, dio por cerrado el sumario sin tomar en consideración algunas de las diligencias que se retomarán ahora. En particular, apuntó constantemente al peritaje realizado por científicos internacionales en 2017, el que no fue contemplado por la ministra.
“Había dejado muchos antecedentes y gestiones afuera, que son muy relevantes, y eso afectaba a la gestión del proceso criminal”, afirmó.
En particular, sobre los peritajes internacionales, Reyes sostuvo que:“(Plaza) había considerado la información entregada por los laboratorios de Canadá y Dinamarca, y la había confrontado con la información de las mejores laboratorios de las universidades de Chile, consultándoles acerca del Clostridium botulinum, que fue encontrado en su osamenta, y todas estas instituciones le respondieron que no tenían el conocimiento ni tecnología para emitir un informe. La ministra lo vio, y sin embargo estaba cerrando el sumario”.
“Si lo ignoran los laboratorios, con mayor razón lo ignora la propia ministra. No tiene un asidero jurídico para tomar en consideración. Entonces lo que hizo la Corte de Apelación por unanimidad es dictaminar que los laboratorios extranjeros de Dinamarca y Canadá fueran los que hagan y entreguen una metapericia. Que exclusivamente sean ellos y que no haya ninguna injerencia acá en Chile”, explicó el abogado sobre las diligencias solicitadas que “podrían aportar al esclarecimiento de los hechos”, según señaló el fallo de la Corte de Apelaciones.
El familia de Neruda explicó la contradicción en el certificado de defunción por la presencia de la sustancia tóxica que encontraron los expertos internacionales. “El Clostridium botulinum es un elemento incompatible con la vida humana y eso expertos forenses de diferentes países, de Estados Unidos, Dinamarca, España, Francia, coincidieron que se le había encontrado en las osamentas una gran cantidad y en un molar que estaba intacto”, detalló Reyes.
Reyes también recordó que en aquella ocasión, el entonces ministro en visita, Mario Carroza, solicitó a los laboratorios que corroboraran si la presencia de la sustancia tóxica era contaminación externa o endógena. “En enero de este año, en un segundo panel de expertos, estos laboratorios ratificaron que fue endógena. O sea, se la suministraron en vida, le corrió por su torrente sanguíneo y le causó la muerte”, sostuvo.
Críticas al rol del Estado
Para el sobrino del poeta nacional, la dificultad para esclarecer la verdad en esta investigación no solo radica en el ámbito jurídico, sino que también en el político. Reyes apuntó a la falta de presencia del Estado y repasó a los distintos gobiernos, a quienes acusó de “no querer hacerse cargo” de “una papa caliente”.
“El Estado de Chile no ha colaborado con la investigación. Nadie quiere tomarlo, nadie quiere pronunciarse ni dar la colaboración que amerita una investigación como esta, porque también es una investigación de causa de derechos humanos”, criticó Reyes.
“La vida de Pablo Neruda es la misma vida de cualquier detenido desaparecido. Es el Estado el que debe esclarecer estos hechos. El Estado debe responder por los derechos humanos, por la gente desaparecida, por los multados, por todo ese tipo de situaciones que acontecieron en 1973”, expresó al respecto.
En tanto, Reyes se mostró optimista con que la reapertura del caso pueda llevar a esclarecer lo ocurrido con Pablo Neruda. “Las pruebas ya están, están los informes forenses. Por ejemplo, la Corte le ordenó a la ministra Plaza que el certificado de defunción es ideológicamente falso en su contenido. Fue firmado el 24 de septiembre por cuatro manos diferentes. Al doctor Vargas Salazar se lo llevaron a su domicilio a que firmara y este doctor firmó con falta de ortografía, su apellido lo escribió con zeta. Hay tantos hechos que esclarecer, que esperamos que esta vez se cumplan”, dijo.