32 son los proyectos legislativos que completan el fast track legislativo del Gobierno en materia de seguridad, los cuales, según anunció este lunes al ministra del Interior, Carolina Tohá, “incluyen proyectos que surgen como mociones parlamentarias, pero que el Ejecutivo se compromete a indicarlos y de alguna manera hacerlos propios”.

“El acuerdo al que llegamos establece que, en primer lugar, hay dos proyectos que vamos a despachar durante el mes de junio: el Ministerio de Seguridad y el proyecto de Reincidencia. Ambos están en una fase de tramitación que nos permite que en esos plazos sean despachados”, explicó la secretaria de Estado. No obstante, añadió, “hay un segundo grupo de ocho proyectos que nos comprometemos a despachar durante el mes de septiembre, por lo tanto es un esfuerzo bastante grande pero pensamos que es posible sacar adelante esta meta”.

Estos proyectos incluyen al sistema de inteligencia del Estado, el proyecto de inteligencia económica, reglas de uso de la fuerza, el reforzamiento de la seguridad municipal, acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, el fortalecimiento del Ministerio Público, violencia en los estadios y flagrancia.

A esto, además, se suman otros 22 proyectos que se trabajaran para que, en el transcurso de un año, sean ley de la República. Asimismo, señaló Tohá, “hay un proyecto que no está en la lista de los 32 que es el proyecto que penaliza como delito el ingreso irregular al país. No va a estar en esta lista, pero hay un compromiso que el Ejecutivo tomó respecto de ese proyecto que está en segundo trámite en el senado”.

Sobre esto, el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Álvaro Elizalde, valoró el acuerdo visado tanto por la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, como por el presidente del Senado, José García Ruminot, puesto que permitirá “establecer una agenda común para avanzar en proyectos vinculados a la seguridad pública sobre la base de la buena experiencia que se tuvo en el acuerdo previo con quienes nos antecedieron en dichos cargos”.

“Quiero destacar que en números significativos de leyes que hemos aprobado y aquellas que están en trámite, estos proyectos representan un cambio en las herramientas con que contamos para elevar los estándares de seguridad en Chile”, precisó Elizalde.

“Se ha planteado una especie de contradicción entre la agenda de seguridad pública, con la agenda de seguridad económica. No hay tal contradicción. Ambas cámaras del Congreso Nacional tienen una veintena de comisiones y, por tanto, perfectamente se puede tramitar en paralelo estas iniciativas. Por cierto, los temas de seguridad son abordados por unas comisiones, los temas económicos son abordados por otras comisiones”, dijo también sobre el resto de proyectos en los que el Gobierno ha puesto atención.

No obstante, la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, recordó que este acuerdo no es garantía de la aprobación de los proyectos. “Nosotros no podemos comprometer la votación de cada una de las bancadas ni de los parlamentarios en particular (…) Sin embargo, desde la Cámara de Diputados, lo hicimos de manera colectiva con el vicepresidente, fue convocar a todos los comités a presentar sus propuestas y queremos agradecer y valorar que el Gobierno se ha allanado a recoger muchas de estas mociones”, expresó.

Por su parte, el presidente del Senado, José García Ruminot agregó que hoy “la seguridad es la principal prioridad de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Creemos que los órganos colegisladores tenemos que tener la capacidad de responder a esa necesidad, a ese clamor de la ciudadanía”.