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Año XVI, 19 de junio de 2024


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Organizaciones medioambientales sin expectativas por Cuenta Pública: “Este gobierno renunció a ser ecologista”

Terram, FIMA y OLCA además coinciden en que hay varios temas pendientes en los que se debe avanzar, entre ellos, la protección de los defensores ambientales, la participación ciudadana y la implementación de la Ley 21.600.

Pilar León Pardo

  Domingo 26 de mayo 2024 9:18 hrs. 
Foto: Agencia AtonFoto: Agencia Aton

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Ser el primer gobierno ecologista era una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. Antes de su asumir su mandato en 2021 su programa contemplaba varias iniciativas en pos de la protección del medioambiente.

A la fecha este mandato ha concretado la promulgación de la Ley para la Naturaleza, la ratificación del Acuerdo de Escazú, la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático y la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Sin embargo, para las organizaciones medioambientales en estos dos años de gobierno no se ha profundizado lo suficiente, ni tampoco se ha progresado en lo que se esperaba en esta materia.

En ese sentido, la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, afirmó que esta nueva administración se perfilaba como una promesa para avanzar en nuevas políticas públicas que se encontraban rezagadas desde mandatos anteriores.

“Con el pasar del tiempo esta suerte de esperanza de avanzar más rápido en las regulaciones, en las normativas, en las políticas públicas y también en el cumplimiento de las leyes existentes se ha ido desvaneciendo y existe una especie de frustración en el mundo ambiental. Vemos que poco a poco ha ido pasando de sus promesas de ser un gobierno ecológico a ser uno tradicional, en el cual se promueve la extracción de recursos naturales, la exportación con los mismos bajos estándares ambientales de siempre”, añadió.

A vez, el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, sostuvo que “la visión que tiene el Gobierno sobre una serie de materias a veces olvida la interdependencia que existe entre la sociedad y la naturaleza, cuestión que esperábamos que fuera más clara en la ejecución de su programa”.

No obstante, pese a que existe una visión critica respecto de su gestión, Costa aseguró que “nos parece que al menos este Gobierno ha mantenido una línea defensiva del medioambiente que es mínima,  mientras vemos en otros gobiernos de la región y del mundo que esas líneas mínimas ni siquiera se mantienen”.

Por su parte, el integrante del Observatorio Latinoamericano De Conflictos Ambientales (OLCA), Javier Arroyo, dijo que desde su agrupación consideran que hay una renuncia a la autoproclamación que se dio el Gobierno de ecologista en un comienzo junto con desistir en su programa de transformación política.

“Dentro de ellas se encuentra el área socioambiental, por el contrario de lo planteado, prometido y propuesto, el Ejecutivo prefirió protagonizar y no sólo recoger y materializar el legado de Sebastián Piñera en materias como el hidrógeno verde, sino que también ha optado por el camino de profundizar el extractivismo“, agregó.

Cuenta Pública 2024 ¿Habrá anuncios en materia de medioambiente?

Para Flavia Liberona, “hay poco que esperar” de esta tercera Cuenta Pública del gobierno de Gabriel Boric.

En esa línea la directora de Fundación Terram comentó que “creemos que es súper importante sacar adelante el Servicio Nacional Forestal y también avanzar en una ley o en una regulación mucho más rigurosa respecto a prevención y combate de incendios sin permitir el cambio de uso de suelo de los terrenos que han sido afectados por incendios forestales”.

Ezio Costa coincide con Liberona en que no habrá grandes anuncios en materia ambiental, “pero esperamos que al menos se haga un énfasis en la necesidad de reforzar la Superintendencia de Medioambiente, de darle cuerpo y desarrollo tanto a la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, como a la Ley Marco de Cambio Climático”, explicó”.

Además, enfatizó en que “nosotros siempre esperaríamos que se haga algún tipo de anuncio en materia de aguas, ojalá cambios institucionales que son una deuda que tiene el país y cambios en temas de gobernanza de las aguas, pero es poco probable que eso suceda”.

A su vez, Javier Arroyo de OLCA hizo hincapié en que es muy posible que los anuncios de la Cuenta Pública lo que hagan sea sostener y ampliar la agenda extractiva. 

“No pensamos ni esperamos que exista un cambio de horizonte ni de perspectiva de parte del Gobierno, creemos que eso ya fue una renuncia materializada en diferentes acciones que ha desarrollado el Ejecutivo bajo el discurso de la inversión y también como la idea de la permisología ha ganado terreno político”, indicó

 ¿Qué falta por avanzar?

Desde Fundación Terram consideran que es urgente avanzar en fiscalización y sanción de las leyes ambientales y sectoriales, es importante fortalecer la Superintendencia de Medioambiente y creen que es relevante apurar la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y los reglamentos de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.  

“Adicionalmente, nos preocupa que no exista una regulación clara para las plantas desaladoras (…) no hay estándares claros sobre que deben cumplir en términos de afectación a la biodiversidad, ni tampoco identificación de lugares donde pueden o no instalarse, y en ese sentido, nos parece que es importante avanzar en el ordenamiento costero. Y en relación al plan de hidrógeno verde, hemos visto que el Gobierno ha suscrito un montón de convenios de colaboración con organismos internacionales, sin embargo, falta hacer una bajada territorial”, destacó Liberona.

En tanto, el director ejecutivo de ONG FIMA reflexionó sobre la discusión ambiental y en la importancia de garantizar a las personas su desarrollo en un medio ambiente sano, “es esa la certeza que deberíamos buscar”.

Agregó que además “hay una preocupación por los defensores y defensoras ambientales, pues hay un aumento en la violencia contra las personas que defienden el medioambiente y, si bien, se acaban de comenzar algunos pasos al respecto, nos parece que hay una necesidad de profundizarlos y hacerlos más expeditos, para efectivamente darles protección a estas personas que le dan parte de su vida a resguardar lo que es de todos y de todas”.

“El tercer punto tiene que ver con el agua, este es un problema de décadas en Chile que no se ha logrado solucionar, que ha pasado por discusiones legislativas, por políticas públicas, pero finalmente no se ha conseguido una modificación institucional que lleve adelante un proceso de mejora en la gestión por parte del Estado en relación con quienes son hoy día los titulares de derechos de aprovechamiento de agua”, subrayó.

Para OLCA hay tres puntos fundamentales pendientes en materia de políticas públicas: el rol que cumplen los procesos de participación ciudadana, el cambio de paradigma en temas de desarrollo y la poca transparencia respecto de los conflictos socioambientales.

Respecto a éste último, Arroyo apuntó que “lo vemos en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio o el Acuerdo de Escazú, donde los organismos niegan acceso a la información, la entregan parcialmente o simplemente no está en su prioridad que la población conozca los temas que se están discutiendo entre privados y el Gobierno”.

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