El director de ONG FIMA destacó el rol “dialogador” de Chile en la última COP30 y entregó su lectura sobre los avances y tensiones en el país y a nivel mundial respecto a las políticas medioambientales.
La decisión del máximo tribunal de Justicia deja en manos del Comité de Ministros el rechazo o aprobación del polémico proyecto que lleva más de 10 años en tramitación, desde que se presentó su Estudio de Impacto Ambiental en 2013.
Esta semana en la ciudad de Niza, Francia, se lleva a cabo la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, la que tiene como objetivo que los estados ratifiquen el primer tratado que protege los ecosistemas de alta mar.
Los integrantes de Alianza Humboldt ingresaron recursos de queja y apelación, presentados a nombre de comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil que alertan que se está poniendo en riesgo el Estado de Derecho.
El Comité de Ministros deberá reconstituirse y votar nuevamente la iniciativa antes del 31 de diciembre. Mientras las presiones para que se rechace una vez más persisten, también hay quienes lo consideran un error.
La iniciativa busca entregar asesoramiento legal a la ciudadanía en conflictos socioambientales y facilitar el “acceso a la justicia ambiental”. “Chile está lleno de personas que quieren proteger nuestro entorno”, señalan desde la ONG FIMA.
Terram, FIMA y OLCA además coinciden en que hay varios temas pendientes en los que se debe avanzar, entre ellos, la protección de los defensores ambientales, la participación ciudadana y la implementación de la Ley 21.600.
El estudio realizado por varias organizaciones evalúa el avance en la implementación de la nueva normativa que es considerada como fundamental para hacer frente a los efectos del cambio climático en la población del país.
La entidad mostró preocupación ante la falta de “rigurosidad” de las evaluaciones ambientales que permiten que la industria salmonera avance en zonas protegidas.
En la antesala de la cuenta pública, el director ejecutivo de la ONG FIMA destacó algunas medidas como la firma del Acuerdo Escazú y al mismo tiempo cuestionó la falta de acción del Gobierno frente a la crisis hídrica.
Desde FIMA -ONG que el jurista fundó en 1998- relevaron su extensa labor por la conservación de la biodiversidad y la ampliación y definición de la política medioambiental del país. “Nos impulsa a seguir sus pasos”, afirmaron.
El Presidente Gabriel Boric anunció que el tratado medioambiental de Latinoamérica y el Caribe será ratificado durante este mes, luego del rechazo de la administración anterior debido a supuestas vulneraciones a la legislación interna. “Es un acuerdo que complementa y no restringe la soberanía de los estados”, señaló el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros.
La Doctora en Ciencias e investigadora Asociada de la ONG FIMA, Fernanda Salinas, comentó con Radio Universidad de Chile la vinculación de las demandas medioambientales con el movimiento social del último mes, y también el cómo Chile se ha quedado al debe con sus promesas en la materia.
Así, el máximo tribunal resolvió rechazar las reclamaciones de la empresa Andes Iron, que acusaba vicios formales en la tramitación de las reclamaciones administrativas y el pronunciamiento del Comité de Ministros, que en 2017 se manifestó en contra de la iniciativa de puerto y mina en la Región de Coquimbo.
La acción se presentó en específico contra las centrales 1 y 2 de la termoeléctrica de AES Gener, las que comenzaron a funcionar en 1995, previo al reglamento del Servicio de Impacto Ambiental.
El reciente derrame de una sustancia oleosa en la bahía de Quintero hizo creer que la atención de las autoridades se posaría nuevamente en el complejo Ventanas, pero el poco peligro que representaba para los habitantes descartó completamente esta idea. La ausencia de las municipalidades de Quintero y Puchuncaví del proceso instaló la tensión en la comunidad.
La minera de los grupos Angelini y Von Appen ejecutarán, a fines de enero, la primera tronadura en Isla Riesco. Esto, a pesar de las acciones interpuestas por organizaciones ambientales contra la resolución que las autoriza.
