Restos de detenidos desaparecidos llevan 2 años en el SML sin identificar
La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, asistió a la comisión del ramo de la Cámara de Diputadas y Diputados, para presentar las prioridades de gestión y la agenda legislativa.
Viernes 30 de agosto 2024 9:12 hrs.
La subsecretaria de DD.HH. acudió al Congreso Nacional a informar del trabajo de la entidad. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, asistió a la comisión del ramo de la Cámara de Diputadas y Diputados, para presentar las prioridades de gestión y la agenda legislativa.
Al respecto, detalló los planes nacionales que se encuentran en proceso: el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia; el Plan Nacional de DD.HH.; y el Plan de Acción Nacional de DD.HH. y empresa. A su vez, presentó las acciones que contemplan cada uno de ellos.
Así, por ejemplo, sobre el Plan de Búsqueda, se busca, entre otros puntos, establecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero. Igualmente, se espera implementar medidas de reparación y garantías de no repetición.
En ese contexto, el diputado Johannes Kaiser (IND) pidió a la autoridad dar a conocer los tiempos fijados y recursos que se requieren para identificar las osamentas en custodia en el Servicio Médico Legal (SML). También pidió priorizar un proyecto de ley que permita al servicio la investigación por oficio.
La subsecretaria Quintanilla reconoció la dificultad de las diligencias forenses por una operación decidida que se articuló y organizó en dictadura para no poder encontrar a los desaparecidos en la llamada “operación televisores”, consistente en la destrucción y ocultamiento de los restos.
Indicó que se triplicaron las diligencias en terreno, pero que es el Poder Judicial quien ordena la investigación forense. Explicó que son 89 cajas con evidencia forense, antropológica y humana que se encuentran en el SML, organismo que solicitó al Poder Judicial poder realizar diligencias periciales de identificación de dichas osamentas.
Por otra parte, señaló que, de los 47 sitios priorizados donde pueden haber restos humanos, 17 cuentan con trabajo en terreno. También, que se realizará una reunión con los ministros en visita que indagan casos de DD.HH. Sin embargo, no detalló cifras respecto a la labor del SML, aunque dijo que se contemplan recursos en el marco de la discusión presupuestaria.
La diputada Lorena Pizarro (PC) manifestó su desazón porque ya son dos años desde que se conoció la presencia de las citadas cajas con osamentas no identificadas. Dijo que se requiere información precisa y no generalidades. “Me provoca ira y pena. Las familias mueren y los huesos de las víctimas se mantienen con esa indolencia”, manifestó.
Agregó que han pasado más de 30 años desde el retorno a la democracia y el Estado nunca se ha hecho cargo de la búsqueda. “Es brutal e inhumano”, recalcó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Lorena Fries (FA), llamó a la subsecretaria a levantar el universo de negligencia e indolencia que ha habido respecto a dichos restos y a actuar con sentido de urgencia máxima.
De tal modo, la comisión pidió que en dos semanas el Ejecutivo entregue un plan sobre qué ocurrirá con las cajas del SML, en cuanto a recursos y plazos.
La subsecretaría concordó que esta es una deuda que lleva décadas y que todo lo que se haga es insuficiente. Pero, valoró el ánimo transversal para avanzar. “El Ejecutivo tiene un mandato. Es un desafío del Estado articular el trabajo de los tres poderes al respecto”, enfatizó.
Entre el trabajo de la subsecretaría se considera la Política Nacional de Memoria y Colonia Dignidad, donde está contemplada la expropiación del predio y la instalación de un sitio de Memoria, espacio que fue declarado monumento histórico en 2016.
También se busca responder a deudas de reparación integral y se articula un Protocolo de Protección de Personas Defensoras de DD.HH.
En tanto, en materia legislativa, la subsecretaria dijo que esperan avanzar en diversos proyectos de ley. Entre ellos, el que fortalece las medidas contra la discriminación que está en comisión mixta.
Asimismo, en relación a los más de 50 años del Golpe de Estado en Chile, la iniciativa legal que establece la calidad de persona ausente por desaparición forzada; el que tipifica el delito autónomo de desaparición forzada y el que levanta parcialmente el secreto y reserva de antecedentes de la Comisión Valech.
Dichos temas, sin embargo, a juicio de las y los parlamentarios, no han sido priorizados, ya que ha pasado un año y no existen avances claros en sus tramitaciones y urgencias.
La subsecretaria Quintanilla indicó, además, que se presentará -durante el tercer trimestre de este año- un proyecto que establece normas en materia de debida diligencia en materia de DD.HH. en la acción de las empresas.
Y, finalmente, que está en estudio legislar sobre la capacidad jurídica de las personas declaradas interdictas, tema que surgió debido a diversas mociones parlamentarias.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, asistió a la comisión del ramo de la Cámara de Diputadas y Diputados, para presentar las prioridades de gestión y la agenda legislativa.
Al respecto, detalló los planes nacionales que se encuentran en proceso: el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia; el Plan Nacional de DD.HH.; y el Plan de Acción Nacional de DD.HH. y empresa. A su vez, presentó las acciones que contemplan cada uno de ellos.
Así, por ejemplo, sobre el Plan de Búsqueda, se busca, entre otros puntos, establecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero. Igualmente, se espera implementar medidas de reparación y garantías de no repetición.
En ese contexto, el diputado Johannes Kaiser (IND) pidió a la autoridad dar a conocer los tiempos fijados y recursos que se requieren para identificar las osamentas en custodia en el Servicio Médico Legal (SML). También pidió priorizar un proyecto de ley que permita al servicio la investigación por oficio.
La subsecretaria Quintanilla reconoció la dificultad de las diligencias forenses por una operación decidida que se articuló y organizó en dictadura para no poder encontrar a los desaparecidos en la llamada “operación televisores”, consistente en la destrucción y ocultamiento de los restos.
Indicó que se triplicaron las diligencias en terreno, pero que es el Poder Judicial quien ordena la investigación forense. Explicó que son 89 cajas con evidencia forense, antropológica y humana que se encuentran en el SML, organismo que solicitó al Poder Judicial poder realizar diligencias periciales de identificación de dichas osamentas.
Por otra parte, señaló que, de los 47 sitios priorizados donde pueden haber restos humanos, 17 cuentan con trabajo en terreno. También, que se realizará una reunión con los ministros en visita que indagan casos de DD.HH. Sin embargo, no detalló cifras respecto a la labor del SML, aunque dijo que se contemplan recursos en el marco de la discusión presupuestaria.
La diputada Lorena Pizarro (PC) manifestó su desazón porque ya son dos años desde que se conoció la presencia de las citadas cajas con osamentas no identificadas. Dijo que se requiere información precisa y no generalidades. “Me provoca ira y pena. Las familias mueren y los huesos de las víctimas se mantienen con esa indolencia”, manifestó.
Agregó que han pasado más de 30 años desde el retorno a la democracia y el Estado nunca se ha hecho cargo de la búsqueda. “Es brutal e inhumano”, recalcó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Lorena Fries (FA), llamó a la subsecretaria a levantar el universo de negligencia e indolencia que ha habido respecto a dichos restos y a actuar con sentido de urgencia máxima.
De tal modo, la comisión pidió que en dos semanas el Ejecutivo entregue un plan sobre qué ocurrirá con las cajas del SML, en cuanto a recursos y plazos.
La subsecretaría concordó que esta es una deuda que lleva décadas y que todo lo que se haga es insuficiente. Pero, valoró el ánimo transversal para avanzar. “El Ejecutivo tiene un mandato. Es un desafío del Estado articular el trabajo de los tres poderes al respecto”, enfatizó.
Entre el trabajo de la subsecretaría se considera la Política Nacional de Memoria y Colonia Dignidad, donde está contemplada la expropiación del predio y la instalación de un sitio de Memoria, espacio que fue declarado monumento histórico en 2016.
También se busca responder a deudas de reparación integral y se articula un Protocolo de Protección de Personas Defensoras de DD.HH.
En tanto, en materia legislativa, la subsecretaria dijo que esperan avanzar en diversos proyectos de ley. Entre ellos, el que fortalece las medidas contra la discriminación que está en comisión mixta.
Asimismo, en relación a los más de 50 años del Golpe de Estado en Chile, la iniciativa legal que establece la calidad de persona ausente por desaparición forzada; el que tipifica el delito autónomo de desaparición forzada y el que levanta parcialmente el secreto y reserva de antecedentes de la Comisión Valech.
Dichos temas, sin embargo, a juicio de las y los parlamentarios, no han sido priorizados, ya que ha pasado un año y no existen avances claros en sus tramitaciones y urgencias.
La subsecretaria Quintanilla indicó, además, que se presentará -durante el tercer trimestre de este año- un proyecto que establece normas en materia de debida diligencia en materia de DD.HH. en la acción de las empresas.
Y, finalmente, que está en estudio legislar sobre la capacidad jurídica de las personas declaradas interdictas, tema que surgió debido a diversas mociones parlamentarias.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, asistió a la comisión del ramo de la Cámara de Diputadas y Diputados, para presentar las prioridades de gestión y la agenda legislativa.
Al respecto, detalló los planes nacionales que se encuentran en proceso: el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia; el Plan Nacional de DD.HH.; y el Plan de Acción Nacional de DD.HH. y empresa. A su vez, presentó las acciones que contemplan cada uno de ellos.
Así, por ejemplo, sobre el Plan de Búsqueda, se busca, entre otros puntos, establecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero. Igualmente, se espera implementar medidas de reparación y garantías de no repetición.
En ese contexto, el diputado Johannes Kaiser (IND) pidió a la autoridad dar a conocer los tiempos fijados y recursos que se requieren para identificar las osamentas en custodia en el Servicio Médico Legal (SML). También pidió priorizar un proyecto de ley que permita al servicio la investigación por oficio.
La subsecretaria Quintanilla reconoció la dificultad de las diligencias forenses por una operación decidida que se articuló y organizó en dictadura para no poder encontrar a los desaparecidos en la llamada “operación televisores”, consistente en la destrucción y ocultamiento de los restos.
Indicó que se triplicaron las diligencias en terreno, pero que es el Poder Judicial quien ordena la investigación forense. Explicó que son 89 cajas con evidencia forense, antropológica y humana que se encuentran en el SML, organismo que solicitó al Poder Judicial poder realizar diligencias periciales de identificación de dichas osamentas.
Por otra parte, señaló que, de los 47 sitios priorizados donde pueden haber restos humanos, 17 cuentan con trabajo en terreno. También, que se realizará una reunión con los ministros en visita que indagan casos de DD.HH. Sin embargo, no detalló cifras respecto a la labor del SML, aunque dijo que se contemplan recursos en el marco de la discusión presupuestaria.
La diputada Lorena Pizarro (PC) manifestó su desazón porque ya son dos años desde que se conoció la presencia de las citadas cajas con osamentas no identificadas. Dijo que se requiere información precisa y no generalidades. “Me provoca ira y pena. Las familias mueren y los huesos de las víctimas se mantienen con esa indolencia”, manifestó.
Agregó que han pasado más de 30 años desde el retorno a la democracia y el Estado nunca se ha hecho cargo de la búsqueda. “Es brutal e inhumano”, recalcó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Lorena Fries (FA), llamó a la subsecretaria a levantar el universo de negligencia e indolencia que ha habido respecto a dichos restos y a actuar con sentido de urgencia máxima.
De tal modo, la comisión pidió que en dos semanas el Ejecutivo entregue un plan sobre qué ocurrirá con las cajas del SML, en cuanto a recursos y plazos.
La subsecretaría concordó que esta es una deuda que lleva décadas y que todo lo que se haga es insuficiente. Pero, valoró el ánimo transversal para avanzar. “El Ejecutivo tiene un mandato. Es un desafío del Estado articular el trabajo de los tres poderes al respecto”, enfatizó.
Entre el trabajo de la subsecretaría se considera la Política Nacional de Memoria y Colonia Dignidad, donde está contemplada la expropiación del predio y la instalación de un sitio de Memoria, espacio que fue declarado monumento histórico en 2016.
También se busca responder a deudas de reparación integral y se articula un Protocolo de Protección de Personas Defensoras de DD.HH.
En tanto, en materia legislativa, la subsecretaria dijo que esperan avanzar en diversos proyectos de ley. Entre ellos, el que fortalece las medidas contra la discriminación que está en comisión mixta.
Asimismo, en relación a los más de 50 años del Golpe de Estado en Chile, la iniciativa legal que establece la calidad de persona ausente por desaparición forzada; el que tipifica el delito autónomo de desaparición forzada y el que levanta parcialmente el secreto y reserva de antecedentes de la Comisión Valech.
Dichos temas, sin embargo, a juicio de las y los parlamentarios, no han sido priorizados, ya que ha pasado un año y no existen avances claros en sus tramitaciones y urgencias.
La subsecretaria Quintanilla indicó, además, que se presentará -durante el tercer trimestre de este año- un proyecto que establece normas en materia de debida diligencia en materia de DD.HH. en la acción de las empresas.
Y, finalmente, que está en estudio legislar sobre la capacidad jurídica de las personas declaradas interdictas, tema que surgió debido a diversas mociones parlamentarias.
Síguenos en 
