El 16 de octubre es el Día Internacional de la Alimentación, instaurado por FAO. La Vía Campesina lo rebautizó como “Día de la Soberanía Alimentaria”, aludiendo al derecho de los pueblos a decidir qué, cómo y dónde  producir sus alimentos  según su cultura y necesidades. Agua, tierra y semilla antigua, son los pilares de construcción de la soberanía alimentaria.

Días atrás, un reporte de expertos de Naciones Unidas  sobre  sistemas alimentarios entregó recomendaciones para el cumplimiento de las Metas de Desarrollo Sustentable. La recomendación número 3 es  que los gobiernos se aseguren que los tratados de comercio e inversión sean sometidos a evaluaciones previas para asegurarse que no tengan impactos negativos en los ambientes alimentarios.

Por ello es pertinente alertar sobre el  verdadero impacto en comunidades indígenas del Protocolo de Nagoya, en vigor desde 2014, ratificado por ocho países latinoamericanos, y  relacionado con el tema de patentes (propiedad intelectual o sea comercio). Bajo un engañoso título que ofrece “repartición justa y equitativa de los beneficios”, en realidad se legaliza la   biopiratería, que es el despojo del patrimonio genético de las comunidades campesinas e indígenas, por parte de las corporaciones transnacionales del negocio farmacéutico y alimentario, y los investigadores y empresas asociados a ellos. Con el convenio se podrá patentar legalmente las variedades de semillas y plantas tradicionales así como los conocimientos ancestrales asociados a ellos, a cambio de un supuesto reparto de beneficios a sus dueños originales.

Hay indicios de que en los meses finales de su mandato,  la Presidenta Bachelet podría firmar el Protocolo de Nagoya y enviarlo para su rápida aprobación al Congreso. Así  hizo con el UPOV 91, un convenio precursor de la Ley Monsanto, al fin de su anterior presidencia.

Este Protocolo  no reconoce  la propiedad colectiva de los pueblos indígenas  como proveedores y guardadores de estos recursos y conocimientos. La negociación se hará con aquella comunidad que las empresas y corporaciones logren convencer, argumentando que si no acepta, otros lo harán. El protocolo reduce a simple mercancía las semillas y conocimiento ancestral asociados a ellas, así como la medicina ancestral. Estas disposiciones afectan directamente a los pueblos indígenas, quienes no han sido consultados, ignorándose lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, del cual Chile es signatario.

Aunque el Protocolo de Nagoya es complementario al Convenio de Biodiversidad Biológica, no asegura la conservación de la biodiversidad, más bien valoriza ciertas variedades en desmedro de otras y estimula el uso de la biotecnología –incluyendo la transgenia –para obtener productos patentables y atrayentes para el mercado.

En Chile hasta ahora es ilegal patentar el maqui y el conocimiento ancestral ligado a esta planta sagrada del pueblo mapuche. Un intento reciente no prosperó, pero activó el lobby, en Chile y el exterior, de las corporaciones que obtienen ganancias de  millones de dólares cada año por  sus patentes. Es relevante recordar que el TPP, con su capítulo sobre propiedad intelectual relacionado, entre otros, con la semilla, fue firmado por la Presidenta Bachelet sin realizar la consulta indígena. Muchas comunidades indígenas y campesinas están alertas a que pueda ocurrir algo similar con el nuevo tratado, que se negocia con el mismo secretismo y falta de transparencia.

Junto a más de 40 organizaciones indígenas y campesinas rechazamos este Protocolo, y asimismo desde la Plataforma Chile Mejor sin TLCs demandamos a los candidatos presidenciales  apoyar una  moratoria a los Tratados de Libre Comercio y a este Protocolo mientras no exista una evaluación integral de sus impactos sociales y ambientales.