Todo arrancó a principios de agosto del 2024, cuando Isabel Amor, recientemente nombrada como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de la Región de Los Ríos, fue desvinculada de dicho cargo a sólo 48 horas de haber asumido.

Según comunicó la entidad dependiente del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a través de un comunicado, la decisión se debió a una “pérdida de confianza” que imposibilitaba su permanencia en el cargo, aunque Amor –ex directora de la Fundación Iguales y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la Región del Ñuble– aseguró que la verdadera motivación tenía un trasfondo político.

Esto, ya que su padre, Manuel Amor Lillo, médico cirujano que se desempeñó como encargado del hospital de campaña del Estadio Nacional durante la dictadura civil-militar, fue condenado como encubridor del delito de tormentos o torturas inferidas a Luis Alberto Corvalán Castillo.

De hecho, en la información entregada por el SernamEG se detallan los motivos que llevaron a la institución a tomar dicha decisión, entre ellos, una serie de “comentarios desafortunados relativos a la condena de su padre, expresados al conocer al equipo del servicio que trabaja en la región de Los Ríos; a lo cual se suma el envío -por parte de la ex directora- de una nota periodística que aún no era publicada, donde relativiza la responsabilidad de su padre, pese a existir una condena por violación de derechos humanos ejecutoriada en su contra”.

En ese contexto, fue la misma ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien recientemente aclaró en un punto de prensa que su desvinculación no tuvo que ver directamente con la situación de su padre, sino con su postura pública en torno a ella. “En instancias de intercambio y presentación junto con el equipo, se señalaron cuestiones que a nuestro parecer son incorrectas para el ejercicio de la función, que causaron prevenciones y pérdida de confianza respecto a la capacidad de poder separar los roles. Y en esto quiero decir que nadie es culpable de ser hijo de quien sea, lo mismo le decíamos al senador Macaya“, aseguró la secretaria de Estado.

“Pero uno no puede hablar como hijo y como autoridad. El cargo público pesa más porque es donde se debe cumplir una función. Y en ese sentido, principalmente en un servicio que trabaja con víctimas, que trabaja interactuando permanentemente con el poder judicial, esto es un punto relevante”, complementó Orellana, quien anteriormente había hecho un alcance entre este caso y lo sucedido hace algunas semanas con la defensa del senador Javier Macaya a su padre, condenado por abuso sexual infantil.

Sin embargo, varias personalidades tanto de la oposición como del oficialismo han cuestionado la remoción de Amor por considerar que las razones del ministerio no tienen suficiente peso. “El Gobierno no solamente ha cometido una torpeza administrativa o un autogol político. Ha cometido un desatino con sus propios adherentes“, señaló el senador de la Democracia Cristiana por la Región de Los Ríos, Iván Flores. “Recordemos que la señora Amor durante 15 años fue funcionaria del INDH, ha sido líder por las causas feministas, fue de las iniciadoras de la Fundación Iguales por las minorías sexuales, que yo me imagino que seguirá siendo todavía una bandera de lucha de los partidos políticos del oficialismo y del Gobierno”.

“Y en este caso, no hay nada sobre la mesa, ni documentos ni ningún otro tipo de justificación para este despido que permitan haber tomado la decisión de la falta de confianza, que además es un cargo por alta dirección pública”, agregó el parlamentario. “O sea, significa entonces que se echaron al bolsillo en dos días un largo proceso de meses y de alto costo para el Estado, de entre 3 y 4 millones de pesos, que es lo que cuesta seleccionar un ADP regional, de un funcionario que venía de una institución de Gobierno. Que se le pide que se haga cargo de un tema sensible en la región y que, cuando llega, en dos días la echan, sin que haya habido nada más que algunas reuniones con los funcionarios”, sumó Flores.

Esto último, haciendo alusión a otro de los argumentos del SernamEG, y que apunta a su presunta “resistencia a asumir el diálogo con las asociaciones de funcionarios de SernamEG a nivel regional como parte natural del ejercicio del cargo“, lo que se suma a la falta de transparencia en torno a la dificultad de su relación con agrupaciones de DD.HH.

Las muestras de apoyo en el Congreso

De hecho, y tras mostrar su respaldo en el hemiciclo, Flores convocó a Amor a una reunión en Los Ríos, donde reiteró su apoyo a la ex directora del INDH en la región. “Estoy cada vez más convencido de que su verdad es la verdad. No quiero emplazar, sino solicitar al presidente Boric que interceda. Porque aquí se está cometiendo una tremenda injusticia, una tremenda violación a los derechos no solamente de un funcionario público de excelencia, sino que de una persona que en su vida ha estado defendiendo el derecho a las mujeres y el derecho de toda persona a través del INDH”, comentó el senador.

“Hoy, su Gobierno, Presidente, está cometiendo lo mismo que usted reclamaba en la calle“, concluyó. Al término de dicho encuentro, la misma Amor se refirió a la repercusión que ha tenido su caso en los últimos días, apuntando a lo que considera como un “pésimo manejo comunicacional” por parte del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

“Creo que le están haciendo mal al Gobierno. Yo soy de las personas que lloraba de alegría en la alameda porque había ganado este Gobierno y me da rabia que le estén haciendo mal así, por no ser capaces de decir ‘cometimos un error, esto lo deberíamos haber conversado en una oficina y haber solucionado los problemas de manera simple’. Esto lo han hecho crecer y ya no es un problema del SernamEG. Esto pasó de ser del SernamEG al ministerio, y ahora está pasando más arriba”, sentenció la activista.

Pero esa no ha sido la única repercusión surgida desde el Congreso, pues hace algunas horas, un grupo de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) enviaron un oficio a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y al director del Trabajo, Pablo Zenteno, para que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la remoción de Amor.

“Nos parece del todo discriminatorio que el Gobierno atribuya a que perdió la confianza considerando que ella estuvo en un proceso de alta dirección pública y que ganó el cargo debidamente”, señaló el diputado Frank Sauerbaum respecto a las motivaciones detrás de esta acción, a través de la cual su bancada buscaba expresar su preocupación en torno a lo que consideran una decisión presuntamente cargada de “discriminación y arbitrariedad”.

“Nos parece discriminatorio, arbitrario, y por lo tanto, estamos pidiendo una aclaración ojalá lo más rápido posible. Estos casos no pueden quedar impunes simplemente por una mala decisión o una decisión antojadiza. Una persona que estuvo en un proceso de alta dirección pública no puede ser removida”, concluyó el diputado.

El visto bueno de Contraloría

Mientras tanto, la Contraloría ya confirmó la remoción de Amor, señalando que la causal invocada “constituye un elemento esencial y determinante para ejercer la función” como directora. “Los altos directivos públicos tendrán en materia de remoción la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento (…), por lo cual, la remoción se hace efectiva mediante la petición de renuncia que formula la Directora Nacional”, señala el documento de Contraloría.

Además, deja constancia de que Amor “fue notificada válidamente”, sumando “que la petición de renuncia” fue formulada por la autoridad. Sin embargo, esta no fue presentada, declarándose así vacante el cargo “por no haber presentado dentro del plazo legal la renuncia solicitada por la autoridad”.

Al respecto, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, comentó que “desde que fue notificada la ex directora regional de Los Ríos a principios de julio hasta los primeros días de agosto, queremos señalar que ocurrieron una serie de hechos que nos hicieron llegar al convencimiento de solicitar su cargo a partir de la normativa que nos permite la alta dirección pública, y que es la pérdida de confianza. De estos actos administrativos ha tomado razón Contraloría en los últimos días, lo que nos da cuenta de la legalidad del procedimiento“.

“Queremos decirles a todos y todas que la confianza es fundamental para el desarrollo de la función pública, y en ese sentido, quienes asumen y asumimos estos roles debemos estar en consonancia con esos principios“, agregó Carrasco. Sobre las posibles acciones legales de Amor en torno a su desvinculación, la directora afirmó que “en el ejercicio de sus derechos el servicio responderá de acuerdo a la institucionalidad que corresponde y en la sede que corresponde“.

Por último, recalcó que “el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género lleva más de 33 años trabajando por las mujeres de Chile, por el desarrollo de su autonomía. Ese es nuestro objetivo, seguir fortaleciendo la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones y en todas sus diversidades a lo largo de todo Chile”.