Un grupo de abogados presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia que acusa el incumplimiento del Estado chileno en la reparación de las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura. La abogada representante de las víctimas, Paz Becerra, indicó que la presentación no es tan sólo una medida judicial, sino que también es una herramienta de presión política.
Querella y maltrato a vendedores ambulantes marcan la semana para el pueblo mapuche. Dirigentes y afectados criticaron los hechos, mientras en paralelo los ex encarcelados en la Operación Huracán esperan el fallo de la Suprema por el sobreseimiento definitivo.
La concejala y su partido Socialismo y Libertad (PSOL), eran parte central de las críticas a la intervención militar en Río de Janeiro. El pasado domingo había denunciado la acción de la Policía Militar en la Favela de Acari compartiendo una publicación relativa a la aparición de unos cuerpos de jóvenes en una zanja. El presidente Michel Temer expresó su repudio ante el crimen de la activista a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
La tercera sala del tribunal revocó la entrega de los antecedentes al abogado de Derechos Humanos, Cristián Cruz, acogiendo como argumento la posibilidad de que el conocimiento público de los datos pondría en riesgo la seguridad de quienes integraron los aparatos represores de la dictadura.
Desde Montreal, Canadá, la sobreviviente del caso Quemados critica el actuar de la ex presidenta, así como el de toda la clase política chilena: “Yo no soy la mujer símbolo a la que pueden usar para mandar recados sobre los delincuentes que han vulnerado los DD.HH., o la mujer símbolo con la cual se comprometió Bachelet al cierre de Punta Peuco, como si esto fuera una cuestión personal. Cuando debería ser toda la sociedad que a gritos pide su cierre. Que lejos estamos de la comprensión en plenitud de los DDHH”
La defensa de los comuneros se manifestó sorprendida por el nivel de contradicciones de los testigos protegidos y también de las diligencias que la Fiscalía ignoró solicitar durante la audiencia.
Movimientos agrupados en el encuentro de Redes Territoriales concurrirán hasta la oficina central del Ministerio Público en Santiago para entregar una carta exigiendo que la investigación sea recalificada como un homicidio.
La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se refirió a la promesa no cumplida de la ex mandataria y a la polémica de última hora que involucró a Jaime Campos.
Jimmy Marilao y Galvarino Reimán llegaron hasta Santiago a sostener una serie de reuniones con autoridades en torno a la solicitud de Córdova para renovar su conexión espiritual. A sesenta días de iniciada la huelga de hambre de único condenado en el caso Luchsinger-Mackay, no existe respuesta a su petición.
La iniciativa anunciada por el presidente Sebastián Piñera para mejorar la protección de la infancia ha sido valorada por todos los sectores y actores, sin embargo, hay algunos puntos que han sido criticados. Para el diputado René Saffirio, por ejemplo, no se debe aumentar la subvención a instituciones colaboradoras, pues “han cometido violaciones a los derechos humanos de los niños”.
María Leoni, se refirió además a la reciente determinación asumida por el Estado donde admite su responsabilidad en la muerte del joven mapuche.
Desde el anterior Ejecutivo señalaron que no se pudo cerrar el recinto penitenciario porque dependía de otras condiciones de carácter legal. Para las agrupaciones de derechos humanos nunca estuvo la voluntad política de acabar con la impunidad. Desde el gobierno actual indicaron que esta demanda no está contemplada en su agenda.
En solo tres semanas los residentes del sector Reina Norte de Colina han tenido que trabajar contra el proyecto del que se enteraron de casualidad y, el que esperan, sea rechazado por no contar con un estudio de impacto ambiental.
El diputado del Partido Comunista cree que la mandataria podría dar noticias importantes esta semana, al menos respecto del cierre de Punta Peuco. Pero los ex presos políticos siguen a la espera de algo concreto sobre reparación.
Fueron diversas instancias de diálogo y que tuvo el Gobierno con las víctimas de prisión política y tortura, en las cuales se comprometieron varios puntos de un petitorio que el Ejecutivo no cumplió. Las distintas organizaciones insisten en que, al menos, se concreten algunas medidas que sólo necesitan de una firma.
