El escándalo por las millonarias pensiones otorgadas a ex uniformados sanos, sumó este martes un nuevo antecedente: la recontratación de cerca de mil ex integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes reciben un ingreso doble al mes. Estos hechos motivaron a un grupo de parlamentarios a presentar un conjunto de propuestas para terminar con los abusos y distorsiones en estas asignaciones.
El organismo consideró admisible las demandas realizadas por la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile que acusa de negación de justicia e impunidad de parte del Estado de Chile, hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución dictada por el ministro en visita Mario Carroza, que rebajó a 15 años de presidio las condenas de Mauricio Hernández Norambuena, El ex frentista fue sentenciado por su responsabilidad en la muerte del senador Jaime Guzmán y en el secuestro de Cristián Edwards.
El proyecto de ley, impulsado por el DC Jorge Sabag, propone penas sustitutivas para condenados que se encuentren con enfermedades terminales.
El Juzgado de Garantía de Temuco desestimó la solicitud de sobreseimiento realizada por la Fiscalía y ordenó dar curso a la causa que involucra a dos funcionarios de la PDI, acusados de tormentos y apremios ilegítimos contra José Peralino Huinca, testigo clave del caso Luchsinger Mackay.
El fiscal regional de O’Higgins presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones por la sanción impuesta por Jorge Abbott en el marco del caso Incendios Forestales. Este es el segundo recurso de esta índole que presenta el persecutor contra el jefe del Ministerio Público, ya que en 2016 también recurrió a la justicia frente a la remoción sufrida del llamado caso Corpesca.
A poco más de un mes del inicio del juicio oral contra los 11 imputados en la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, la Fiscalía informó el hallazgo de una “nueva prueba”, la cual correspondería a un arma que la PDI incautó en agosto de 2016. En tanto, Rodrigo Román, uno de los abogados de la defensa, explicó que el Ministerio público está fuera de los plazos para presentar nuevos antecedentes.
Dentro de los imputados se encuentran dos ex carabineros y un civil. El fiscal regional, Eugenio Campos, quien lleva el caso, presentó cargos por homicidio frustrado y lesiones graves y leves. Se estableció un plazo de investigación de cuatro meses.
Esto en un juicio derivado del caso Luchsinger-Mackay donde se acusaba a Sabino Catrilaf. Mientras por la indagatoria del matrimonio fallecido en 2013, abogados defensores de los 11 acusados de incendio terrorista con resultado de muerte, adelantaron su estrategia ante el litigio que se concretará a partir del próximo 21 de agosto.
Este lunes, la investigación por la brutal agresión que sufrieron tres jóvenes en Puerto Natales, quedó a cargo del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien aseguró que no se descarta la participación de nuevos involucrados en el caso, los cuales podrían ser civiles o carabineros.
La idea de sus abogados es dejar sin efecto el castigo dictado por el Fiscal Nacional. Desde la Asociación de Fiscales miran con atención el desenlace, principalmente, porque el caso podría marcar precedente en la independencia de los persecutores regionales.
Miguel Vásquez, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó a cuatro ex agentes de la DINA y ocho ex miembros del Comando Conjunto, por su participación en los delitos de secuestro calificado, ocurridos en septiembre de 1974 y julio de 1976.
Las diligencias se están realizando en las dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena, entre el ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre y diez ex presos políticos, en el marco de las investigaciones por torturas realizadas al interior del Regimiento Arica de dicha ciudad y la Comisaría de Ovalle en 1973.
Tres días de diligencias se realizarán durante la próxima semana en el marco de la investigación que acusa al militar retirado como autor de torturas a presos políticos tras el golpe de Estado de 1973.
A través de un recurso de casación, el CDE intenta anular la orden emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia judicial que determinó la devolución de los bienes y dineros embargados a la familia del dictador durante la investigación del caso Riggs.
