La acción artística pretendió alertar a la opinión pública sobre el conflicto laboral que mantienen más de un centenar de profesionales con la institución educacional. Conflicto que, hasta el momento, se ha resuelto satisfactoriamente para cuatro personas por parte de los juzgados de Letras del Trabajo.
A raíz de recientes expulsiones administrativas decretadas contra familias con hijos chilenos, académicos y juristas versados en la materia calificaron de irresponsable la forma en que el Ejecutivo está aplicando las medidas contra personas que intentan regularizan su situación.
La abogada, Doctora en Ciencia Política y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile abordó, en nuestro programa Radioanálisis, temas de género y Derechos Humanos.
Así lo comunicaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a raíz de un recurso de amparo presentado hace algunas semanas donde se intenta dejar sin efecto las eventuales expulsiones que podrían afectar a familias extranjeras y sus hijos.
La medida se sostendrá hasta que se pueda esclarecer la implicancia de cinco ministros de la Corte Suprema quienes, en abril pasado, resolvieron expulsar a los tres jueces de Rancagua sin esperar el resultado del sumario.
El suspendido fiscal de O’Higgins declaró por cerca de cuatro horas frente al persecutor Alberto Ayala, quien sigue el sumario administrativo en su contra.
“Según el testimonio de la madre del menor, los hechos habrían ocurrido en el Colegio San Ignacio de Alonso Ovalle, cuando el sacerdote era rector de dicha institución”, se lee en el comunicado emanado desde la misma Compañía de Jesús.
Desarrollado por la Defensoría Penal Pública, este proyecto visibiliza casos de personas que injustamente han estado en prisión preventiva siendo inocentes. A través de sus testimonios, y una serie de recomendaciones y diagnósticos respecto de los procesos investigativos, la idea es poder mejorar y optimizar este tipo de medida cautelar, evitando así que inocentes estén en la cárcel.
Para el 25 de junio quedó fijada la audiencia contra el líder mapuche acusado por la Fiscalía de participar en un asalto a la caja de compensación “Los Héroes” en abril de 2018. Desde agosto de ese año, los comuneros permanecen privados de libertad, sin ningún tipo de beneficio carcelario.
La no firma del Tratado de Escazú, del Pacto Global para la Migración Segura de la ONU, eliminar la posibilidad de legislar sobre matrimonio igualitario, “Control de Identidad a menores” y “Calle segura”, y seguir aplicando la Ley Antiterrorista en contra el pueblo mapuche, son algunas de las críticas que hacen desde el organismo a las acciones impulsadas por el Ejecutivo.
Sanciones podrían alcanzar hasta 20 años de cárcel. La diputada PPD, Andrea Parra, llamó al Gobierno a revisar prioridades en materia de seguridad ciudadana.
Agrupaciones compuestas por habitantes de la zona de sacrificio recalcaron que Jorge Martínez debe abandonar su cargo luego del dictamen emanado desde la Corte Suprema, fallo que ordenó al Gobierno concretar una serie de medidas en beneficio de los residentes. Además, lamentaron el silencio de las autoridades gubernamentales al respecto.
La Fiscalía solicitó un total de 15 años de prisión para el sargento en retiro Carlos Alarcón, quien fue el autor de los disparos que le quitaron la vida a Camilo Catrillanca. En la acusación, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, está llamado a declarar en calidad de testigo, sin embargo, para Marcelo Catrillanca el secretario de Estado debiese ser imputado.
A las acciones de protesta, se suma la solicitud de renuncia contra el director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Francisco Miranda, después del fallecimiento de la profesional de origen haitiana embarazada, ocurrido este jueves.
A través de una carta dirigida a la directora de la entidad, Consuelo Contreras, los dirigentes de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos evidenciaron los hechos irregulares cometidos, principalmente, por dos jefes de unidad. En la misiva, los suscritos a la AFFINDH exigen tomar las medidas que correspondan y detener las violaciones laborales.
