El máximo tribunal apuntó que la utilización de estos implementos está regulada por los protocolos de uso de la fuerza, y “es una temática que no puede ser resuelta” por vía judicial.
Con esto, la Justicia chilena dio la razón al Gobierno pese a que expertos, académicos y organizaciones de derechos humanos han acusado la ilegalidad del procedimiento, apelando, sobre todo, al Pacto San José de Costa Rica.
El senador Juan Ignacio Latorre y la diputada Emilia Nuyado, presidentes de las comisiones de DDHH de ambas cámaras, recordaron que distintos organismos internacionales llegaron a la misma conclusión que la exmandataria.
El Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Antonio se encuentra en cuarentena total, debido al brote de coronavirus que afecta a 33 reclusos, situación que está siendo monitoreada por el INDH junto al Colegio Médico.
En su calidad de funcionaria de la ONU, la exmandataria respondió un cuestionario de la fiscal Claudia Perivancich quien investiga los eventuales atropellos a los DDHH desde el inicio del estallido social.
Hoy fueron formalizados y condenados a presión preventiva Francisco Javier Jara Jarpa, Cristian Mauricio Larenas Cisternas y Carlos Alberto López Aguayo, los tres involucrados en la muerte de Emilia, una mujer mapuche, perteneciente al Lof Llazcawe, en el condominio Riñimapu.
El tribunal de alzada aceptó la acción presentada por el organismo de defensa de derechos humanos, y dejó sin efecto la orden de expulsión contra los ciudadanos venezolanos emitida por la Intendencia de Tarapacá.
Para los y las querellantes los sucesivos disparos que terminaron con la muerte del joven malabarista quien se encontraba desarmado, incumplen todos los tratados, leyes, protocolos y circulares que debieron normar el actuar policial.
La Fiscalía imputó por cuasidelito de homicidio y apremios ilegítimos a los funcionarios policiales luego que informe del SML descartara intervención directa de los carabineros en la muerte.
Familiares y abogados de Francisco Martínez acudirán a la Corte Suprema para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia que rebajó las medidas cautelares del sargento Juan González, ya que una de las ministras que falló a favor del carabinero es madre de un oficial del OS7.
Los querellantes buscan que el uniformado sea conducido a prisión preventiva durante el plazo fijado para la investigación que es de cuatro meses. En tanto, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, entregó su respaldo al sargento González y avaló la tesis de la legítima defensa.
Pese a que son querellantes en el caso, desde el Ejecutivo decidieron no recurrir al Máximo Tribunal por considerar “contundente” el fallo. La decisión fue calificada como “impresentable” por el presidente de la DC, Fuad Chahin.
“No podemos seguir aceptando las violaciones a los DDHH”, aseguró Marcelo Catrillanca. La Policía de Investigaciones buscaba revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco.
Alejandro Navarro (PRO), Yasna Provoste (DC) y Jaime Quintana (PPD) solicitaron al Fiscal Nacional Jorge Abbott designar a un fiscal Especial para que investigue este caso, con el fin de darle prioridad y rapidez a su resolución.
El sábado pasado, en medio de la gran crisis migratoria que se vive al norte del país, un camionero fue inculpado de llevar inmigrantes venezolanos, desde el norte con destino a Santiago. Cargos de los que fue liberado, luego de que se comprobara que había actuado por razones humanitarias.
