El tribunal internacional había ordenado a Chile anular las sentencias por violar el principio de legalidad, el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación; y el derecho a la igual protección de la ley en beneficio de las víctimas.
El fiscal a cargo del caso, Sergio Moya imputó al cuestionado magistrado de la Corte de Apelaciones de la región, prevaricación y enriquecimiento ilícito y desestimó la petición de medidas cautelares.
En los próximos días, la Corte Suprema revisará el mecanismo para revocar la sentencia que condenó a comuneros mapuches bajo esa normativa. Pese a las recomendaciones y dictámenes de organismos internacionales, el Gobierno insistirá en reformar la ley utilizada principalmente contra comunidades mapuche.
Así lo confirmó Marta Herrera, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, quien consideró a Campos -quien tiene como antecedente haber investigado el fraude en Carabineros- como “un fiscal con bastante experiencia en materia de investigación en temas de corrupción”.
El abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile criticó el anuncio del Gobierno de que estudiará realizar modificaciones al sistema actual de designación, evaluación y control de jueces y fiscales. “Cuando usted necesita un acuerdo de todos, ese alguien a quien le conviene como funciona el status quo, se niega”, señaló Atria.
El fiscal Sergio Moya dijo que su superior jerárquico estaría involucrado en tráfico de influencias, obstrucción a la investigación, ocultamiento y violación de secreto. “No es una situación fácil, pero es inaceptable que esto ocurra”, señaló. El próximo martes se realizará un Consejo Extraordinario de Fiscales que determinará quién investigará las acusaciones.
La resolución de Abbott agrupa la investigación por prevaricación y enriquecimiento ilícito, que se sigue en la Fiscalía Regional de O’Higgins contra los ministros de la Corte de Rancagua, con la indagatoria por nombramiento ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencia, también en dicha corte.
Así lo confirmó la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, quien se entrevistó con el Fiscal Regional, Emiliano Arias, para discutir sobre la investigación penal que afecta a ministros de la Corte de Apelaciones.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la empresa periodística Copesa S.A rectificar y pedir disculpas públicas por una noticia falsa publicada durante la dictadura cívico militar, en específico, durante el año 1973.
Sin justificación alguna, las otroras autoridades de Carabineros no se presentaron a la instancia parlamentaria que investiga responsabilidades en el asesinato del comunero mapuche. El presidente de la Comisión, diputado PPD Ricardo Celis, calificó el hecho como una obstrucción a la indagación.
La agrupación Hijos y Madres del Silencio llegó hasta el frontis de la Corte Suprema para denunciar que el titular de Justicia, Hernán Larraín, no ha cumplido lo prometido en la Comisión de Familia de la Cámara, en donde indicó que otorgarían recursos del Estado a la investigación que lidera el ministro Mario Carroza por adopciones ilegales y sustracción de menores.
La condena contra José Valladares y Víctor Barrera de 3 y dos años respectivamente se cumplirá bajo la modalidad de remisión condicional de la pena y les fue prohibido el acercarse a cualquiera de las víctimas.
De esta forma, los cuatro años de libertad vigilada a los que Aldo Motta había sido condenado quedaron sin efecto y se realizará un nuevo juicio por los delitos de manipulación bursátil y abuso de posición dominante en el mercado.
El Lonko enfrentará en mayo próximo un juicio oral por participar en un asalto a la caja de compensación “Los Héroes” en la ciudad de Galvarino. Sin embargo, testigos desmienten que él y Álvaro Millalén, el otro detenido en el caso, hayan estado ese día en la localidad de la provincia de Cautín, Región de La Araucanía.
Así lo manifestó la autoridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien, junto al presidente de la Asociación de Funcionarios de dicha escuela, Jaime Labra, explicaron los alcances de la acción legal interpuesta contra la inmobiliaria que instaló, pese a la normativa, torres con una altura no permitida en la zona.
