El diputado por el Distrito 11 lamentó el silencio de la derecha frente a los graves hechos de corrupción y cuestionó la lentitud de la Fiscalía frente a casos similares con ex alcaldes de Lo Barnechea, Felipe Guevara y de Las Condes, Joaquín Lavín.
“No basta con escuchar diez minutos a cada candidato. No hubo ni una sola pregunta”, cuestionó el socialista, quien prefiere que en estas definiciones el Senado sea prescindente y los nominados se definan entre los poderes Judicial y Ejecutivo.
El CDE formará parte del caso que investiga por lavado de activos y malversación de caudales públicos al edil de Vitacura y su círculo de confianza. Además, el organismo decidió apuntar por los delitos de fraude al Fisco y distracción indebida.
La parlamentaria se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien solicitó que interceda ante el presidente Gabriel Boric para abordar este planteamiento. “El Gobierno no debe perder el enfoque en materia de DDHH”, precisó.
El presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker, consideró inentendible que el Gobierno no se incline por los candidatos que concitan más respaldo en el Senado como son a su juicio Ángel Valencia, Carlos Palma y Juan Agustin Melendez.
El presidente de la comisión investigadora insistió en sus críticas hacia las instituciones involucradas en el hecho que dejó a cinco fallecidos en el marco del estallido social y dijo esperar “una voluntad distinta de las autoridades del Estado”.
La gerenta de la Unidad de Atención de Víctimas del Ministerio Público se suma así a los otros cuatro nombres de los que se espera salga el nuevo Fiscal Nacional luego de nueve semanas de espera para conocer al sucesor de Jorge Abott.
La vocera de Gobierno explicó que se trata de medidas que aplica Gendarmería y no el Ejecutivo. Abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, indicó que la decisión “demuestra la fragilidad del sistema”.
La decisión del Máximo Tribunal se da luego de que se filtrara un llamado telefónico del mandatario al presidente de la Suprema, quien habría sugerido la posibilidad de llamar a un nuevo concurso.
La defensa del condenado por siete delitos de carácter sexual afirma que uno de los magistrados habría escrito tuits en contra su representado y por tanto no habría sido imparcial.
Como “lamentable e impactante”, tildó la decisión de la sala penal de la Corte Suprema, que durante la próxima semana dará a conocer la medida que obligará a la realización de un nuevo proceso penal en contra de Martín Pradenas.
La abogada y vocera de la Coordinadora Feminista 8M cuestionó la resolución de la Corte Suprema y aseveró que “el problema de la justicia expresa aquí no solo sus dimensiones de género, sino también de clase”.
La decisión llega cuando esta semana se promulgó en La Moneda la nueva “Ley Antonia”, que tipifica y castiga la incitación al suicidio femicida.
La organización humanitaria destacó la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric de abrir una representación diplomática, porque puede “permitir un avance en la situación de los derechos humanos por parte del pueblo palestino”.
“La violencia hacia la mujer y el femicidio deben tener penas justas y reparación para las víctimas y para sus familias”, señaló la organización.
