Representantes de la comunidad de Caimanes cuestionaron y acusaron estar fuera de norma la solicitud de peritaje de la Corte de Apelaciones de La Serena sobre la zona en que Minera Los Pelambres pretende instalar su proyecto de infraestructura complementaria. Los vecinos de la comunidad presentaron una denuncia contra los jueces integrantes del tribunal de alzada de la región de Coquimbo.
Las organizaciones sociales y ambientales reactivarán este año el Movimiento por la Recuperación del Agua demandando al Gobierno cambios en la institucionalidad que permitan la participación comunitaria en la administración de este recurso.
Además, el estudio constató que las principales incertidumbres tienen que ver con la contaminación en el aire y la basura.
El ente judicial de la capital se trasladará a Antofagasta este jueves para ver en terreno las denuncias en contra de Antofagasta Terminal Internacional S.A. (ATI) por la contaminación que genera la empresa, y que ya le significó una sanción de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente y al cual la empresa apeló.
La empresa sostuvo que el tribunal no es competente, mientras la directora de la Clínica Ambiental de la Universidad de Chile, María Nora González, señaló que no es momento para ponerla en duda al organismo.
Vecinos del proyecto Alto Maipo y organizaciones ambientales se manifestaron a las afueras de la Superintendencia de Medio Ambiente, adonde llegaron para presentar nuevas infracciones por parte de la empresa AES Gener, las que se suman a las doce ya cursadas por daño a los glaciares y contaminación de las aguas, entre otros temas. Los […]
En tanto, parlamentarios y comunidades ambientales están a la espera de los resultados del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que determinará el futuro del proyecto minero “Dominga”.
Junto con reconocer “un vacío en la legislación”, el presidente de la Cámara, PPD Marco Antonio Núñez, solicitará al Ministerio del Medio Ambiente que las empresas que incurran en emergencias sanitarias sean castigadas. Esto se suma a la petición ciudadana de destitución de la cúpula directiva de Codelco Andina.
El TPP en particular, fue negociado durante cinco años con cláusulas de confidencialidad. Los parlamentarios chilenos no tuvieron acceso a esas discusiones y, ahora que el texto ya está firmado, solo tienen dos alternativas: votar a favor o en contra. En concreto, este tratado tiene más implicancias en la soberanía que los diferendos con Perú y Bolivia en La Haya, y es más constituyente que cualquier proceso constituyente. Ahí es donde radica la gravedad del asunto.
Luego que Chile fuera considerado como el país de la OCDE con menor gasto público en protección medioambiental, el parlamentario PS aseguró que mientras sigan funcionando políticas extractivistas de los recursos naturales en el país, seguirán ocurriendo problemas de contaminación de aguas, falta de fiscalización, deforestación de los bosques, entre otros.
A eso de las ocho de la mañana se detectó la emergencia que, de acuerdo a datos entregados por Codelco, habría derramado cerca de 50 m3 en las aguas del río Blanco, cercano a la localidad de Saladillo.
La central es impulsada por el empresario chileno Manuel Madrid, quien posee el 80 por ciento de los derechos de agua en la comuna de Melipeuco. Él mismo que está asociado a la transnacional Enacon, responsable de instalar una serie de proyectos en la zona, como líneas de alta tensión.
Un nuevo anteproyecto de ley migratoria en Isla de Pascua cambia el debate sobre un tema controversial para proteger los recursos materiales e inmateriales de la isla.
El agua y sectores residenciales están contaminados con sustancias altamente tóxicas, por eso el municipio y el Colegio Médico nacional piden que el Tribunal Medioambiental defina la categoría. Además, anuncian manifestaciones de no existir un plan de contingencia inmediato para cuidar la salud de los habitantes.
Desde No Alto Maipo señalaron que dos años atrás realizaron una solicitud al ente fiscalizador para que estudiara la legalidad del contrato entre las dos empresas, que decretó a través de un acuerdo millonario traspasar los recursos hídricos a la empresa hidroeléctrica por 40 años.
