La Presidenta Michelle Bachelet anunció en cadena nacional el envío de la reforma educacional al Congreso. A pesar de que los estudiantes sólo fueron convocados a conocer el proyecto y no participaron de su elaboración, la Mandataria asegura que es producto de un amplio debate que incluye a todos los involucrados.
Según datos de la Fundación Sol, la aprobación del TTP dificultaría modificaciones al sistema educacional y de pensiones. En tanto, no existe claridad de la fecha en que ingresaría este tratado de libre comercio a discusión legislativa, considerando que desde la Cancillería no descartaron que se aplace para 2017.
La fusión de las AFP Cuprum-Argentum deberá ser anulada por la Superintendencia de Pensiones según indicó la Contraloría. Los parlamentarios de la comisión investigadora sobre la materia advirtieron que seguirán de cerca este proceso de invalidación para que no derive en un “proceso de papel”, tal como operaron estas entidades.
Desde septiembre hasta enero de 2017, el Gobierno realizará reuniones de carácter prelegislativo con diversas organizaciones y agrupaciones para generar un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Tanto la Fundación Iguales como el Movilh enfatizaron en la necesidad que la iniciativa contemple derechos de filiación y adopción para las parejas homosexuales.
El presidente de Renovación Nacional se refirió a la definición presidencial que tendrá que hacer Chile Vamos y recalcó que su partido no pondrá trabas a una eventual postulación del ex Mandatario.
Los rectores de las universidades estatales criticaron duramente el proyecto de Reforma a la Educación Superior que el Gobierno enviará al Congreso, señalando que “busca consolidar la mercantilización del sistema de Educación Superior”.
El senador de la UDI, y querellante en el caso MOP-GATE, valoró el fallo de la Corte Suprema que condenó a 134 funcionarios públicos –entre ellos el ex ministro Carlos Cruz- luego de 13 años que duró el proceso. “Quienes desde un principio planteamos que aquí se estaba defraudando al fisco teníamos razón”, señaló el parlamentario.
El académico miembro de la Comisión Presidencial Pro Movilidad Urbana, sostuvo que el principal problema de la capital es la contaminación. “La restricción vehicular ayuda a enfrentar el problema pero no es la panacea”, advirtió.
Pocos días después de que el ex administrador de La Moneda, Cristian Riquelme dejara su puesto, se dio inicio a una indagatoria por eventual fraude al fisco y negociación incompatible. Una investigación que se encuentra desformalizada y bajo reserva.
El Octavo Juzgado de Garantía determinó entregar las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para el ex ministro de Minería, Laurence Golborne, quien calificó el proceso en su contra como “un juicio político”.
La reducción del monto de las pensiones futuras a partir del mes de julio, motivó a algunos parlamentarios a exigir que el Gobierno priorice la tan esperada reforma al sistema de pensiones. El presidente de Acusa AFP, Ricardo Hormazábal, afirma que pese a ser un mal proyecto es necesario crear una AFP Estatal.
En el marco del sobreseimiento de más de 50 parlamentarios en el caso de irregularidades administrativas en la confirmación de exonerados políticos, los diputados vinculados a la investigación y organizaciones sociales argumentan que volver a poner en duda la veracidad de los documentos es un gesto meramente político.
El Intendente Metropolitano advirtió que la grave situación ambiental que enfrenta Santiago debe ser resuelta con medidas estructurales como la prohibición de construir viviendas con chimenea. Mientras, especialistas en la materia apuntan a limitar la expansión del perímetro urbano y rebajar las tarifas eléctricas en las comunas más afectadas.
Los dirigentes de la Confech también sostendrán una reunión con los rectores y los instaron a “tomar posturas” acerca del proyecto que debe presentar el Gobierno, según dijo la vocera Carolina Figueroa.
Parlamentarios socialistas y estudiantes de la Cones presentaron una propuesta de reforma constitucional que pretende rebajar la edad mínima para votar de 18 a 16 años. La idea es incentivar la participación política de los jóvenes, reconociendo su rol activo en los movimientos sociales.
