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Año IX, 16 de diciembre de 2017

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Historiadores exigen al Gobierno cambios en trato a comunidades mapuches

Martín Espinoza C |Jueves 12 de octubre 2017 19:34 hrs.

mapuche

En un nuevo día de la resistencia indígena, más de 200 académicos de Historia y Ciencias Sociales reivindican la lucha del pueblo mapuche y rechazan el actuar de las autoridades para solucionar un conflicto que, bajo su punto de vista, es político. "No se puede enfrentar un conflicto político judicializándolo, y en este caso aplicando la espuria legislación del periodo de dictadura, la ley antiterrorista", señala el director de Historia de la Universidad de Santiago Igor Goicovic.

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Todo el peso de la historia. Con ese argumento, historiadores y académicos asociados al mundo de las ciencias sociales en Chile y Argentina entregaron hoy una carta a la Presidenta Michelle Bachelet. ¿El motivo? Manifestar públicamente su rechazo a las prácticas coloniales del gobierno de Chile para con el pueblo mapuche y solidarizar con las comunidades afectadas.

Julio Pinto (Premio Nacional 2016), Gabriel Salazar (Premio Nacional 2006), Sergio Grez, Igor Goicovic y Jorge Pinto (Premio Nacional en 2012) son solo algunos de los casi 200 profesionales que firman la misiva. En ella son claros: “Reiteramos nuestro reconocimiento a la justicia y legitimidad de las demandas y lucha del pueblo mapuche. Consideramos inaceptable que el Estado chileno aplique a los mapuches la espuria legislación dictatorial (Ley Antiterrorista No 18314, 1984) y que, en base a ello, pretenda castigar conductas estrictamente políticas que deben ser atendidas como parte de un conflicto que el propio Estado chileno desencadenó a fines del siglo XIX”.

Igor Goicovic, director del departamento de Historia de la Universidad de Santiago y uno de los líderes de la iniciativa, declara en la misma línea. Bajo su punto de vista el problema es político y abordarlo desde una perspectiva judicial es un error: “Esto es un problema de Estado, no es un problema de la actual administración, y tiene que ver con dos cuestiones. Primero, que no se puede enfrentar un conflicto político judicializándolo, y en este caso aplicando la espuria legislación del periodo de dictadura, la ley antiterrorista. Nos parece que eso es inaceptable bajo cualquier punto de vista. En segundo lugar, hacerse cargo de que efectivamente estamos en presencia de un pueblo nación, un caso de reclamaciones no solo territoriales, sino también  culturales, sociales y políticas, por lo tanto lo que tiene que hacer el Estado de Chile es asumir una interlocución  de pueblo a pueblo, a efecto de reconocer sus derechos históricos sobre los territorios al sur del Biobío”.

La carta también expresa solidaridad con los siete dirigentes mapuche detenidos el 23 de septiembre en la Operación Huracán. El texto es crítico con la conducta del Estado para enfrentar el conflicto y señala que “entre ellas (las medidas represivas) cabe mencionar el constante asedio policial a las comunidades movilizadas, el allanamiento permanente de las viviendas de los mapuches los controles camineros sobre sus desplazamientos, el acoso contra los presos políticos mapuche en las prisiones y el cerco mediático que han impuesto sobre el conflicto los medios de comunicación al servicio del capital”.

El llamado de historiadores y académicos no tiene dobles tintas: desistir de toda acción represiva contra las comunidades movilizadas. “En consecuencia, este es el momento para que el Estado chileno repare, de una vez por todas, los daños materiales y culturales infligidos al pueblo mapuche. Ello pasa, necesariamente, por su reconocimiento como pueblo nación, el respeto a su autonomía política en el territorio del Wallmapu y el reconocimiento a su cultura y forma de vida ancestral”, se lee en la carta.

Segio Grez, docente de la Universidad de Chile y otro de los líderes de la movilización, reafirma esa postura. Bajo su perspectiva es una inconsecuencia ver a Bachelet en esta posición, siendo que hizo una promesa de campaña en la que afirmaba que no invocaría la ley: “Es otra más de las incoherencias que ha tenido este gobierno en relación con sus propias promesas, porque esta era una promesa electoral de Bachelet. Durante su primer gobierno invocó la ley antiterrorista y ante la presión nacional e internacional respecto de esta monstruosidad -porque recordemos que esta es una ley de excepción impuesta por  la dictadura que se supone un gobierno democrático no debiera echar mano-,  Bachelet prometió esto en su programa, pero al igual como tantos otros puntos, no va a ser cumplido”.

El comunicado concluye invitando a otros actores a participar del activismo en favor de las demandas del pueblo mapuche: “Nuestra invitación a las organizaciones sociales y políticas a redoblar y multiplicar los esfuerzos movilizadores y solidarios con los mapuche perseguidos y encarcelados y con las luchas históricas protagonizadas por su pueblo”.