Parto respetado, el proyecto que busca disminuir la violencia obstétrica
Hoy el diputado Daniel Melo (PS), junto a organizaciones de la sociedad civil que elaboraron y empujaron el proyecto, por fin lo ingresarán al Congreso. La normativa pretende proveer de derechos esenciales a las mujeres antes, durante y después del proceso de parto. ¿Una de sus falencias? La falta de recursos comprometidos.
Miércoles 20 de diciembre 2017 12:58 hrs.
Hoy se presenta en el Congreso el nuevo proyecto de ley de parto respetado. La iniciativa es una modificación de la ley de derechos y deberes de los pacientes, y busca incluir un nuevo capítulo que establezca un listado de derechos de las mujeres gestantes durante el parto y el nacimiento, además de contemplar también, los derechos de los recién nacidos. Su foco es evitar los maltratos y faltas de respeto en la atención y permite que las mujeres sean las que tomen las decisiones respecto de todas las intervenciones que puedan ocurrir durante el proceso.
La iniciativa legal pretende que se incluya la información respecto de cuáles son las alternativas para el manejo del dolor –farmacológico o no-, el acompañamiento durante el trabajo de parto, el derecho a elegir la posición del parto y la información de los procedimientos e intervenciones a las que pudieras ser sometidas.
Este es un proyecto elaborado y promovido desde las organizaciones de la sociedad civil. Natasha Toledo es miembro de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento, una de las instituciones que se ha preocupado de la construcción del proyecto. Según Toledo, esta ley es un primer paso mientras en Chile se masifica y se internaliza conceptos como la violencia obstétrica. Además enumera los contenidos de la normativa que ingresa hoy: “esta ley es para establecer un listado de derechos de la mujeres gestantes durante el parto y también el derecho de los recién nacidos. Está centrado en evitar los maltratos y faltas de respeto durante la atención y permitir que sean las mujeres las que tomen las decisiones respecto de todas las intervenciones que puedan ocurrir durante el proceso y, también, evitar las cesáreas innecesarias y establecer un marco de derecho. Es una ley que no busca penalizar aún, porque falta un cambio cultural para que se masifique el concepto de violencia obstétrica”.
Natasha Toledo sabe que este primer avance es importante pero no suficiente. Dice que probablemente un 99 por ciento de los chilenos no conoce ni siquiera el concepto y que, por eso, no es posible aún avanzar hacia la penalización de las prácticas.
Ese debiera ser el foco, afirma Gonzalo Leiva, director del Observatorio de Violencia Obstétrica. Según Leiva, el espíritu del proyecto es entregarles más autonomía y determinación a las mujeres. A pesar del foco y sus objetivos, el proyecto presenta otra falencia: solo entrega un abanico de derechos a las mujeres y no compromete recursos para facilitar dichos procesos. Eso, señala, es uno de los vacíos en que se debe trabajar: “Una ley debiese tener algo que esta ley no va a tener, que son recursos comprometidos. Obvio que hay hartos cambios que requieren modificaciones organizacionales, modificación de infraestructura, contratación de algún recurso humano y este proyecto no tiene esos proyectos comprometidos. Lo que no tiene que ocurrir, es que este proyecto de ley no sea letra muerta”.
Esta nueva ley de Parto Respetado en Chile ha sido impulsada como Ley Trinidad, en honor a la hija de Adriana Palacios (19 años), quien en agosto de 2017 acudió en varias ocasiones al SAPU de Pozo Almonte debido a intensos dolores a sus 40 semanas de gestación. Sin embargo fue ignorada, recibió malos tratos y cuando por fin fue trasladada a Iquique, se percataron de que su hija Trinidad ya estaba fallecida.
Hoy se presenta en el Congreso el nuevo proyecto de ley de parto respetado. La iniciativa es una modificación de la ley de derechos y deberes de los pacientes, y busca incluir un nuevo capítulo que establezca un listado de derechos de las mujeres gestantes durante el parto y el nacimiento, además de contemplar también, los derechos de los recién nacidos. Su foco es evitar los maltratos y faltas de respeto en la atención y permite que las mujeres sean las que tomen las decisiones respecto de todas las intervenciones que puedan ocurrir durante el proceso.
La iniciativa legal pretende que se incluya la información respecto de cuáles son las alternativas para el manejo del dolor –farmacológico o no-, el acompañamiento durante el trabajo de parto, el derecho a elegir la posición del parto y la información de los procedimientos e intervenciones a las que pudieras ser sometidas.
Este es un proyecto elaborado y promovido desde las organizaciones de la sociedad civil. Natasha Toledo es miembro de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento, una de las instituciones que se ha preocupado de la construcción del proyecto. Según Toledo, esta ley es un primer paso mientras en Chile se masifica y se internaliza conceptos como la violencia obstétrica. Además enumera los contenidos de la normativa que ingresa hoy: “esta ley es para establecer un listado de derechos de la mujeres gestantes durante el parto y también el derecho de los recién nacidos. Está centrado en evitar los maltratos y faltas de respeto durante la atención y permitir que sean las mujeres las que tomen las decisiones respecto de todas las intervenciones que puedan ocurrir durante el proceso y, también, evitar las cesáreas innecesarias y establecer un marco de derecho. Es una ley que no busca penalizar aún, porque falta un cambio cultural para que se masifique el concepto de violencia obstétrica”.
Natasha Toledo sabe que este primer avance es importante pero no suficiente. Dice que probablemente un 99 por ciento de los chilenos no conoce ni siquiera el concepto y que, por eso, no es posible aún avanzar hacia la penalización de las prácticas.
Ese debiera ser el foco, afirma Gonzalo Leiva, director del Observatorio de Violencia Obstétrica. Según Leiva, el espíritu del proyecto es entregarles más autonomía y determinación a las mujeres. A pesar del foco y sus objetivos, el proyecto presenta otra falencia: solo entrega un abanico de derechos a las mujeres y no compromete recursos para facilitar dichos procesos. Eso, señala, es uno de los vacíos en que se debe trabajar: “Una ley debiese tener algo que esta ley no va a tener, que son recursos comprometidos. Obvio que hay hartos cambios que requieren modificaciones organizacionales, modificación de infraestructura, contratación de algún recurso humano y este proyecto no tiene esos proyectos comprometidos. Lo que no tiene que ocurrir, es que este proyecto de ley no sea letra muerta”.
Esta nueva ley de Parto Respetado en Chile ha sido impulsada como Ley Trinidad, en honor a la hija de Adriana Palacios (19 años), quien en agosto de 2017 acudió en varias ocasiones al SAPU de Pozo Almonte debido a intensos dolores a sus 40 semanas de gestación. Sin embargo fue ignorada, recibió malos tratos y cuando por fin fue trasladada a Iquique, se percataron de que su hija Trinidad ya estaba fallecida.
Hoy se presenta en el Congreso el nuevo proyecto de ley de parto respetado. La iniciativa es una modificación de la ley de derechos y deberes de los pacientes, y busca incluir un nuevo capítulo que establezca un listado de derechos de las mujeres gestantes durante el parto y el nacimiento, además de contemplar también, los derechos de los recién nacidos. Su foco es evitar los maltratos y faltas de respeto en la atención y permite que las mujeres sean las que tomen las decisiones respecto de todas las intervenciones que puedan ocurrir durante el proceso.
La iniciativa legal pretende que se incluya la información respecto de cuáles son las alternativas para el manejo del dolor –farmacológico o no-, el acompañamiento durante el trabajo de parto, el derecho a elegir la posición del parto y la información de los procedimientos e intervenciones a las que pudieras ser sometidas.
Este es un proyecto elaborado y promovido desde las organizaciones de la sociedad civil. Natasha Toledo es miembro de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento, una de las instituciones que se ha preocupado de la construcción del proyecto. Según Toledo, esta ley es un primer paso mientras en Chile se masifica y se internaliza conceptos como la violencia obstétrica. Además enumera los contenidos de la normativa que ingresa hoy: “esta ley es para establecer un listado de derechos de la mujeres gestantes durante el parto y también el derecho de los recién nacidos. Está centrado en evitar los maltratos y faltas de respeto durante la atención y permitir que sean las mujeres las que tomen las decisiones respecto de todas las intervenciones que puedan ocurrir durante el proceso y, también, evitar las cesáreas innecesarias y establecer un marco de derecho. Es una ley que no busca penalizar aún, porque falta un cambio cultural para que se masifique el concepto de violencia obstétrica”.
Natasha Toledo sabe que este primer avance es importante pero no suficiente. Dice que probablemente un 99 por ciento de los chilenos no conoce ni siquiera el concepto y que, por eso, no es posible aún avanzar hacia la penalización de las prácticas.
Ese debiera ser el foco, afirma Gonzalo Leiva, director del Observatorio de Violencia Obstétrica. Según Leiva, el espíritu del proyecto es entregarles más autonomía y determinación a las mujeres. A pesar del foco y sus objetivos, el proyecto presenta otra falencia: solo entrega un abanico de derechos a las mujeres y no compromete recursos para facilitar dichos procesos. Eso, señala, es uno de los vacíos en que se debe trabajar: “Una ley debiese tener algo que esta ley no va a tener, que son recursos comprometidos. Obvio que hay hartos cambios que requieren modificaciones organizacionales, modificación de infraestructura, contratación de algún recurso humano y este proyecto no tiene esos proyectos comprometidos. Lo que no tiene que ocurrir, es que este proyecto de ley no sea letra muerta”.
Esta nueva ley de Parto Respetado en Chile ha sido impulsada como Ley Trinidad, en honor a la hija de Adriana Palacios (19 años), quien en agosto de 2017 acudió en varias ocasiones al SAPU de Pozo Almonte debido a intensos dolores a sus 40 semanas de gestación. Sin embargo fue ignorada, recibió malos tratos y cuando por fin fue trasladada a Iquique, se percataron de que su hija Trinidad ya estaba fallecida.
