El acuerdo fue unánime, los diputados de la Concertación y la Alianza en la comisión investigadora por el desvío de dineros en el Gore de Valparaíso responsabilizaron políticamente a la máxima autoridad regional.
El informe señala que De La Maza estaba a cargo de la conformación del equipo de confianza administrativa y que, además, no tomó las medidas preventivas de irregularidades detectadas por la Contraloría antes que se destapara el caso.
Incluso el presidente de la instancia investigadora, el diputado de la UDI Edmundo Eluchans señaló que el merecía una acusación constitucional.
“Mi convicción es que nosotros podríamos haberlo acusado constitucionalmente y que la acusación habría prosperado, porque hay graves negligencias donde no se ha cumplido con la ley, no se ha cumplido con las facultades que tenía el señor De La Maza como superior jerárquico del gobierno regional para enmendar todos los errores que nosotros detectamos”,
A pesar de la convicción del parlamentario, nunca se concretó la presentación ante la Cámara y el informe se aprobó 6 meses después, cuando la responsabilidad política ya se extinguió.
En Renovación Nacional, el diputado Nicolás Monckeberg señaló que siempre estuvo la voluntad de utilizar este recurso añadiendo que “ni el Parlamento ni nadie puede acusarlo constitucionalmente porque ya pasaron tres meses. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que las autoridades que participan en actos puedan y tengan que responder ante una eventual acusación constitucional al menos un año después. Siempre tuvimos la convicción desde que se empezaron a conocer los antecedentes del caso, que el responsable político era el ex intendente De La Maza, y si de nosotros hubiera dependido habríamos interpuesto dentro del plazo la acusación constitucional”, indicó.
A comienzos de año, la UDI planteó la posibilidad de presentar la acusación, pero no tuvo el respaldo de RN, la misma situación, pero inversa ocurrió en junio, cuando expiró la responsabilidad de la ex autoridad regional.
En la Concertación, en tanto, respaldaron el informe, pero enfatizaron en que no se puede hacer “ninguna acusación” contra el ex intendente porque en las conclusiones de la comisiónse hace una clara diferencia entre las responsabilidades políticas y judiciales.
“Aquí no hay fraude del ex intendente, ninguna acusación porque está claro que él no ha participado en el asunto de los dineros. Lo principal es que nosotros no tenemos las atribuciones ni los medios para investigar dónde está la plata, quiénes se la robaron. Hay una negligencia en primer lugar por no tener en los cargos de confianza personas de su absoluta confianza, no tener los instructivos, pero también era una cuestión de la Contraloría que en ninguna intendencia de Chile tenían los instructivos claros para esto. Por eso se está investigando. No hay nada contra el intendente, que haya algo contra la ética, eso no existe y nadie en la comisión lo ha planteado”, indicó el diputado DC Eduardo Cerda.
El informe también establece responsabilidades funcionarias de Gabriel Aldana, ex jefe de la división de administración y finanzas, y de Sara Peñaloza, ex jefa de administración del Gore. Sin embargo, ninguno enfrenta cargos en la justicia.
El 3 septiembre se formalizó a seis personas por los delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, tres de ellas quedaron en prisión preventiva, por la pérdida de más de mil millones de pesos de la Intendencia de la Quinta región.
El acuerdo fue unánime, los diputados de la Concertación y la Alianza en la comisión investigadora por el desvío de dineros en el Gore de Valparaíso responsabilizaron políticamente a la máxima autoridad regional.
El informe señala que De La Maza estaba a cargo de la conformación del equipo de confianza administrativa y que, además, no tomó las medidas preventivas de irregularidades detectadas por la Contraloría antes que se destapara el caso.
Incluso el presidente de la instancia investigadora, el diputado de la UDI Edmundo Eluchans señaló que el merecía una acusación constitucional.
“Mi convicción es que nosotros podríamos haberlo acusado constitucionalmente y que la acusación habría prosperado, porque hay graves negligencias donde no se ha cumplido con la ley, no se ha cumplido con las facultades que tenía el señor De La Maza como superior jerárquico del gobierno regional para enmendar todos los errores que nosotros detectamos”,
A pesar de la convicción del parlamentario, nunca se concretó la presentación ante la Cámara y el informe se aprobó 6 meses después, cuando la responsabilidad política ya se extinguió.
En Renovación Nacional, el diputado Nicolás Monckeberg señaló que siempre estuvo la voluntad de utilizar este recurso añadiendo que “ni el Parlamento ni nadie puede acusarlo constitucionalmente porque ya pasaron tres meses. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que las autoridades que participan en actos puedan y tengan que responder ante una eventual acusación constitucional al menos un año después. Siempre tuvimos la convicción desde que se empezaron a conocer los antecedentes del caso, que el responsable político era el ex intendente De La Maza, y si de nosotros hubiera dependido habríamos interpuesto dentro del plazo la acusación constitucional”, indicó.
A comienzos de año, la UDI planteó la posibilidad de presentar la acusación, pero no tuvo el respaldo de RN, la misma situación, pero inversa ocurrió en junio, cuando expiró la responsabilidad de la ex autoridad regional.
En la Concertación, en tanto, respaldaron el informe, pero enfatizaron en que no se puede hacer “ninguna acusación” contra el ex intendente porque en las conclusiones de la comisiónse hace una clara diferencia entre las responsabilidades políticas y judiciales.
“Aquí no hay fraude del ex intendente, ninguna acusación porque está claro que él no ha participado en el asunto de los dineros. Lo principal es que nosotros no tenemos las atribuciones ni los medios para investigar dónde está la plata, quiénes se la robaron. Hay una negligencia en primer lugar por no tener en los cargos de confianza personas de su absoluta confianza, no tener los instructivos, pero también era una cuestión de la Contraloría que en ninguna intendencia de Chile tenían los instructivos claros para esto. Por eso se está investigando. No hay nada contra el intendente, que haya algo contra la ética, eso no existe y nadie en la comisión lo ha planteado”, indicó el diputado DC Eduardo Cerda.
El informe también establece responsabilidades funcionarias de Gabriel Aldana, ex jefe de la división de administración y finanzas, y de Sara Peñaloza, ex jefa de administración del Gore. Sin embargo, ninguno enfrenta cargos en la justicia.
El 3 septiembre se formalizó a seis personas por los delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, tres de ellas quedaron en prisión preventiva, por la pérdida de más de mil millones de pesos de la Intendencia de la Quinta región.
El acuerdo fue unánime, los diputados de la Concertación y la Alianza en la comisión investigadora por el desvío de dineros en el Gore de Valparaíso responsabilizaron políticamente a la máxima autoridad regional.
El informe señala que De La Maza estaba a cargo de la conformación del equipo de confianza administrativa y que, además, no tomó las medidas preventivas de irregularidades detectadas por la Contraloría antes que se destapara el caso.
Incluso el presidente de la instancia investigadora, el diputado de la UDI Edmundo Eluchans señaló que el merecía una acusación constitucional.
“Mi convicción es que nosotros podríamos haberlo acusado constitucionalmente y que la acusación habría prosperado, porque hay graves negligencias donde no se ha cumplido con la ley, no se ha cumplido con las facultades que tenía el señor De La Maza como superior jerárquico del gobierno regional para enmendar todos los errores que nosotros detectamos”,
A pesar de la convicción del parlamentario, nunca se concretó la presentación ante la Cámara y el informe se aprobó 6 meses después, cuando la responsabilidad política ya se extinguió.
En Renovación Nacional, el diputado Nicolás Monckeberg señaló que siempre estuvo la voluntad de utilizar este recurso añadiendo que “ni el Parlamento ni nadie puede acusarlo constitucionalmente porque ya pasaron tres meses. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que las autoridades que participan en actos puedan y tengan que responder ante una eventual acusación constitucional al menos un año después. Siempre tuvimos la convicción desde que se empezaron a conocer los antecedentes del caso, que el responsable político era el ex intendente De La Maza, y si de nosotros hubiera dependido habríamos interpuesto dentro del plazo la acusación constitucional”, indicó.
A comienzos de año, la UDI planteó la posibilidad de presentar la acusación, pero no tuvo el respaldo de RN, la misma situación, pero inversa ocurrió en junio, cuando expiró la responsabilidad de la ex autoridad regional.
En la Concertación, en tanto, respaldaron el informe, pero enfatizaron en que no se puede hacer “ninguna acusación” contra el ex intendente porque en las conclusiones de la comisiónse hace una clara diferencia entre las responsabilidades políticas y judiciales.
“Aquí no hay fraude del ex intendente, ninguna acusación porque está claro que él no ha participado en el asunto de los dineros. Lo principal es que nosotros no tenemos las atribuciones ni los medios para investigar dónde está la plata, quiénes se la robaron. Hay una negligencia en primer lugar por no tener en los cargos de confianza personas de su absoluta confianza, no tener los instructivos, pero también era una cuestión de la Contraloría que en ninguna intendencia de Chile tenían los instructivos claros para esto. Por eso se está investigando. No hay nada contra el intendente, que haya algo contra la ética, eso no existe y nadie en la comisión lo ha planteado”, indicó el diputado DC Eduardo Cerda.
El informe también establece responsabilidades funcionarias de Gabriel Aldana, ex jefe de la división de administración y finanzas, y de Sara Peñaloza, ex jefa de administración del Gore. Sin embargo, ninguno enfrenta cargos en la justicia.
El 3 septiembre se formalizó a seis personas por los delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, tres de ellas quedaron en prisión preventiva, por la pérdida de más de mil millones de pesos de la Intendencia de la Quinta región.
