En la primera actividad de la semana, el Presidente Sebastián Piñera reiteró que Galvarino Apablaza “está procesado por crímenes extremadamente graves y cometidos en plena democracia”, por lo que “no pueden quedar impunes” y reiteró que la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina
“no ayuda en nada a las buenas relaciones entre los dos países vecinos”.
A raíz de esto, Piñera se reunió con el embajador de Chile en Buenos Aires, Adolfo Zaldívar, y el canciller Alfredo Moreno, quien informó a Argentina a través de su embajador en Santiago, Ginés González, sobre la molestia de La Moneda mediante una nota diplomática de protesta.
Los principales argumentos que arguyó la Cancillería chilena en el texto tenían que ver con la gravedad de los crímenes de los que se le acusa – el asesinato de un senador y el secuestro de Cristián Edwards – la aprobación en forma unánime de la solicitud de extradición de parte de la Corte Suprema por considerar estos delitos como comunes y que Chile cuenta “con el más absoluto estado de derecho que garantiza el debido proceso para el señor Apablaza y para cualquier otra persona que deba enfrentar a los tribunales”, explicó Moreno.
En sintonía con el Gobierno, desde la Alianza por Chile aseguran que harán todo lo posible para revertir esta situación. “La decisión que se ha tomado es absolutamente contraria al derecho interno argentino y al tratado internacional sobre refugio político. Por eso vamos a hacer los esfuerzos para ver si hay alguna posibilidad de poder anularla. Galvarino Apablaza está inculpado y está sometido a proceso como autor intelectual del crimen del senador Guzmán. Esto fue ratificado por la Corte Suprema chilena y de ahí que se pidiera la extradición”, dijo el senador UDI, Andrés Chadwick.
Desde el otro lado de la Cordillera, esos dichos fueron tajantemente refutados por el canciller transandino, Héctor Timerman, quien los calificó como una “payasada”.
“No sé quien es ese senador, nunca he escuchado de él y lo que dice es una payasada. Es tan ridículo que ni siquiera sé qué comentar”, afirmó Timerman.
Pero no sólo desde la Alianza cuestionan al gobierno argentino, pues una comisión parlamentaria acudió al Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria con sede en Ginebra para solicitar apoyo en la solicitud de extradición del ex frentista.
La comisión la encabezó el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, pero contó con la presencia del senador socialista Juan Pablo Letelier y los diputados DC Roberto León, PRI Pedro Araya, UDI Giovanni Calderón y el radical Carlos Abel Jarpa.
Sin embargo, según Verónica Reyna, abogada de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) los argumentos del gobierno y de la UDI que aluden a que los delitos cometidos por Apablaza no pueden quedar impunes es equivocado, pues el ex frentista nunca ha estado procesado, inculpado o imputado por ningún delito en nuestro país.
“Apablaza nunca ha comparecido ante un tribunal chileno, nunca se le ha tomado una declaración. Lógicamente que estas personas aparecieron mencionadas en el expediente tanto en el caso Edwards como en el de Guzmán porque formaban parte, de acuerdo a las propias declaraciones de Hernández Norambuena y de Palma Salamanca, como parte de la cúpula que dirigía el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero ellos nunca cayeron presos”, sostuvo Reyna.
Para la abogada, los argumentos responden más bien a una estrategia para presionar al gobierno argentino basado en la tensión de las relaciones diplomáticas.
Lo anterior, mientras el ministro en visita por el Caso Guzmán, Mario Carroza, descartó viajar a Argentina para interrogar a Apablaza, “pues no es algo que hoy día tengamos en consideración”, afirmó.
En la primera actividad de la semana, el Presidente Sebastián Piñera reiteró que Galvarino Apablaza “está procesado por crímenes extremadamente graves y cometidos en plena democracia”, por lo que “no pueden quedar impunes” y reiteró que la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina
“no ayuda en nada a las buenas relaciones entre los dos países vecinos”.
A raíz de esto, Piñera se reunió con el embajador de Chile en Buenos Aires, Adolfo Zaldívar, y el canciller Alfredo Moreno, quien informó a Argentina a través de su embajador en Santiago, Ginés González, sobre la molestia de La Moneda mediante una nota diplomática de protesta.
Los principales argumentos que arguyó la Cancillería chilena en el texto tenían que ver con la gravedad de los crímenes de los que se le acusa – el asesinato de un senador y el secuestro de Cristián Edwards – la aprobación en forma unánime de la solicitud de extradición de parte de la Corte Suprema por considerar estos delitos como comunes y que Chile cuenta “con el más absoluto estado de derecho que garantiza el debido proceso para el señor Apablaza y para cualquier otra persona que deba enfrentar a los tribunales”, explicó Moreno.
En sintonía con el Gobierno, desde la Alianza por Chile aseguran que harán todo lo posible para revertir esta situación. “La decisión que se ha tomado es absolutamente contraria al derecho interno argentino y al tratado internacional sobre refugio político. Por eso vamos a hacer los esfuerzos para ver si hay alguna posibilidad de poder anularla. Galvarino Apablaza está inculpado y está sometido a proceso como autor intelectual del crimen del senador Guzmán. Esto fue ratificado por la Corte Suprema chilena y de ahí que se pidiera la extradición”, dijo el senador UDI, Andrés Chadwick.
Desde el otro lado de la Cordillera, esos dichos fueron tajantemente refutados por el canciller transandino, Héctor Timerman, quien los calificó como una “payasada”.
“No sé quien es ese senador, nunca he escuchado de él y lo que dice es una payasada. Es tan ridículo que ni siquiera sé qué comentar”, afirmó Timerman.
Pero no sólo desde la Alianza cuestionan al gobierno argentino, pues una comisión parlamentaria acudió al Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria con sede en Ginebra para solicitar apoyo en la solicitud de extradición del ex frentista.
La comisión la encabezó el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, pero contó con la presencia del senador socialista Juan Pablo Letelier y los diputados DC Roberto León, PRI Pedro Araya, UDI Giovanni Calderón y el radical Carlos Abel Jarpa.
Sin embargo, según Verónica Reyna, abogada de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) los argumentos del gobierno y de la UDI que aluden a que los delitos cometidos por Apablaza no pueden quedar impunes es equivocado, pues el ex frentista nunca ha estado procesado, inculpado o imputado por ningún delito en nuestro país.
“Apablaza nunca ha comparecido ante un tribunal chileno, nunca se le ha tomado una declaración. Lógicamente que estas personas aparecieron mencionadas en el expediente tanto en el caso Edwards como en el de Guzmán porque formaban parte, de acuerdo a las propias declaraciones de Hernández Norambuena y de Palma Salamanca, como parte de la cúpula que dirigía el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero ellos nunca cayeron presos”, sostuvo Reyna.
Para la abogada, los argumentos responden más bien a una estrategia para presionar al gobierno argentino basado en la tensión de las relaciones diplomáticas.
Lo anterior, mientras el ministro en visita por el Caso Guzmán, Mario Carroza, descartó viajar a Argentina para interrogar a Apablaza, “pues no es algo que hoy día tengamos en consideración”, afirmó.
En la primera actividad de la semana, el Presidente Sebastián Piñera reiteró que Galvarino Apablaza “está procesado por crímenes extremadamente graves y cometidos en plena democracia”, por lo que “no pueden quedar impunes” y reiteró que la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina
“no ayuda en nada a las buenas relaciones entre los dos países vecinos”.
A raíz de esto, Piñera se reunió con el embajador de Chile en Buenos Aires, Adolfo Zaldívar, y el canciller Alfredo Moreno, quien informó a Argentina a través de su embajador en Santiago, Ginés González, sobre la molestia de La Moneda mediante una nota diplomática de protesta.
Los principales argumentos que arguyó la Cancillería chilena en el texto tenían que ver con la gravedad de los crímenes de los que se le acusa – el asesinato de un senador y el secuestro de Cristián Edwards – la aprobación en forma unánime de la solicitud de extradición de parte de la Corte Suprema por considerar estos delitos como comunes y que Chile cuenta “con el más absoluto estado de derecho que garantiza el debido proceso para el señor Apablaza y para cualquier otra persona que deba enfrentar a los tribunales”, explicó Moreno.
En sintonía con el Gobierno, desde la Alianza por Chile aseguran que harán todo lo posible para revertir esta situación. “La decisión que se ha tomado es absolutamente contraria al derecho interno argentino y al tratado internacional sobre refugio político. Por eso vamos a hacer los esfuerzos para ver si hay alguna posibilidad de poder anularla. Galvarino Apablaza está inculpado y está sometido a proceso como autor intelectual del crimen del senador Guzmán. Esto fue ratificado por la Corte Suprema chilena y de ahí que se pidiera la extradición”, dijo el senador UDI, Andrés Chadwick.
Desde el otro lado de la Cordillera, esos dichos fueron tajantemente refutados por el canciller transandino, Héctor Timerman, quien los calificó como una “payasada”.
“No sé quien es ese senador, nunca he escuchado de él y lo que dice es una payasada. Es tan ridículo que ni siquiera sé qué comentar”, afirmó Timerman.
Pero no sólo desde la Alianza cuestionan al gobierno argentino, pues una comisión parlamentaria acudió al Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria con sede en Ginebra para solicitar apoyo en la solicitud de extradición del ex frentista.
La comisión la encabezó el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, pero contó con la presencia del senador socialista Juan Pablo Letelier y los diputados DC Roberto León, PRI Pedro Araya, UDI Giovanni Calderón y el radical Carlos Abel Jarpa.
Sin embargo, según Verónica Reyna, abogada de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) los argumentos del gobierno y de la UDI que aluden a que los delitos cometidos por Apablaza no pueden quedar impunes es equivocado, pues el ex frentista nunca ha estado procesado, inculpado o imputado por ningún delito en nuestro país.
“Apablaza nunca ha comparecido ante un tribunal chileno, nunca se le ha tomado una declaración. Lógicamente que estas personas aparecieron mencionadas en el expediente tanto en el caso Edwards como en el de Guzmán porque formaban parte, de acuerdo a las propias declaraciones de Hernández Norambuena y de Palma Salamanca, como parte de la cúpula que dirigía el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero ellos nunca cayeron presos”, sostuvo Reyna.
Para la abogada, los argumentos responden más bien a una estrategia para presionar al gobierno argentino basado en la tensión de las relaciones diplomáticas.
Lo anterior, mientras el ministro en visita por el Caso Guzmán, Mario Carroza, descartó viajar a Argentina para interrogar a Apablaza, “pues no es algo que hoy día tengamos en consideración”, afirmó.
