Parlamentarios de la Concertación aseguraron que el gobierno contaba con antecedentes respecto del funcionamiento ilegal de la mina Los Reyes en la región de Atacama, donde el pasado lunes 8 de noviembre, murieron dos trabajadores y otro resultó herido.
La senadora socialista por la región, Isabel Allende, cuestionó que después del accidente el gobierno saliera a aseverar que no contaba con información, pues el pasado 15 de septiembre el abogado Fabián Collao Rodríguez acudió a la oficina regional del Sernageomin para denunciar la irregularidad.
En un documento escrito a mano pero timbrado por Sernageomin Atacama, Collao indica que en el yacimiento se “están desarrollando labores mineras que se encuentran eventualmente fuera de toda norma de seguridad minera”.
Además solicita al organismo que “opere con sus buenos oficios (…) a la brevedad posible con el objeto de evitar eventos indeseados”. Pero desde Sernageomin no se hizo nada.
“No es correcto que el gobierno nacional y regional rápidamente dijeran que no había cómo investigar. Aquí existen elementos que permitían hacerlo perfectamente. Con esto, uno podría realizar un sumario administrativo para saber qué ocurrió. En lo absoluto estaba pidiendo el descabezamiento de Sernageomin regional porque, al revés, yo quiero la gente se interiorice de las condiciones. Hoy tenemos tres o cuatro personas que son parte del departamento de seguridad minera”, comentó Allende.
Según la parlamentaria, con esa cantidad de personal fiscalizador es imposible verificar en terreno si las cerca de tres mil faenas mineras activas cumplen con las normativas de seguridad y autorizaciones vigentes.
El Sernageomin habría solicitado al abogado Fabián Collao acudir a sus oficinas regionales para identificar en media hora al funcionario que recibió su denuncia con la amenaza de que si no lo hacía, todos los fiscalizadores serían despedidos.
Para el diputado comunista por la zona, Lautaro Carmona, el objetivo del gobierno debe ser impulsar y apoyar el desarrollo de la pequeña minería, pero a través de más recursos para su fiscalización y no despidiendo gente.
“Cuando la capacidad humana profesional está muy por debajo de la cantidad de obras que hay en la minería y, sobre todo, cuando sube el precio del cobre y todo el mundo empieza a hacer hoyos y a trabajar para vender en esa mejor condición. El camino tampoco sería cerrar toda la pequeña minería, sino que corregir y acercar por la vía del fomento medidas de seguridad eficaces”, sostuvo Carmona.
Esto se suma a que, según el diputado radical Alberto Robles, el presupuesto de Minería para 2011 incluye un ítem especial de Seguridad Minera al que se le asigna una cantidad importante de recursos, pero en desmedro de los fondos de Sernageomin que se ven reducidos sus fondos.
“Nuestra región vive principalmente de la pequeña minería, por lo tanto, Atacama requiere que se actúe con una mirada desde ese punto de vista. Yo quiero pedirle al ministro que siga preocupado de eso y no de estar inaugurando casas o cosas que no le competen”, sentenció el legislador.
Robles concluyó que es necesario que Sernageomin cuente con los recursos necesarios para que pueda operar plenamente en una región que cuenta con cerca de tres mil faenas activas, muchas de las cuales operan al margen de la ley.
Parlamentarios de la Concertación aseguraron que el gobierno contaba con antecedentes respecto del funcionamiento ilegal de la mina Los Reyes en la región de Atacama, donde el pasado lunes 8 de noviembre, murieron dos trabajadores y otro resultó herido.
La senadora socialista por la región, Isabel Allende, cuestionó que después del accidente el gobierno saliera a aseverar que no contaba con información, pues el pasado 15 de septiembre el abogado Fabián Collao Rodríguez acudió a la oficina regional del Sernageomin para denunciar la irregularidad.
En un documento escrito a mano pero timbrado por Sernageomin Atacama, Collao indica que en el yacimiento se “están desarrollando labores mineras que se encuentran eventualmente fuera de toda norma de seguridad minera”.
Además solicita al organismo que “opere con sus buenos oficios (…) a la brevedad posible con el objeto de evitar eventos indeseados”. Pero desde Sernageomin no se hizo nada.
“No es correcto que el gobierno nacional y regional rápidamente dijeran que no había cómo investigar. Aquí existen elementos que permitían hacerlo perfectamente. Con esto, uno podría realizar un sumario administrativo para saber qué ocurrió. En lo absoluto estaba pidiendo el descabezamiento de Sernageomin regional porque, al revés, yo quiero la gente se interiorice de las condiciones. Hoy tenemos tres o cuatro personas que son parte del departamento de seguridad minera”, comentó Allende.
Según la parlamentaria, con esa cantidad de personal fiscalizador es imposible verificar en terreno si las cerca de tres mil faenas mineras activas cumplen con las normativas de seguridad y autorizaciones vigentes.
El Sernageomin habría solicitado al abogado Fabián Collao acudir a sus oficinas regionales para identificar en media hora al funcionario que recibió su denuncia con la amenaza de que si no lo hacía, todos los fiscalizadores serían despedidos.
Para el diputado comunista por la zona, Lautaro Carmona, el objetivo del gobierno debe ser impulsar y apoyar el desarrollo de la pequeña minería, pero a través de más recursos para su fiscalización y no despidiendo gente.
“Cuando la capacidad humana profesional está muy por debajo de la cantidad de obras que hay en la minería y, sobre todo, cuando sube el precio del cobre y todo el mundo empieza a hacer hoyos y a trabajar para vender en esa mejor condición. El camino tampoco sería cerrar toda la pequeña minería, sino que corregir y acercar por la vía del fomento medidas de seguridad eficaces”, sostuvo Carmona.
Esto se suma a que, según el diputado radical Alberto Robles, el presupuesto de Minería para 2011 incluye un ítem especial de Seguridad Minera al que se le asigna una cantidad importante de recursos, pero en desmedro de los fondos de Sernageomin que se ven reducidos sus fondos.
“Nuestra región vive principalmente de la pequeña minería, por lo tanto, Atacama requiere que se actúe con una mirada desde ese punto de vista. Yo quiero pedirle al ministro que siga preocupado de eso y no de estar inaugurando casas o cosas que no le competen”, sentenció el legislador.
Robles concluyó que es necesario que Sernageomin cuente con los recursos necesarios para que pueda operar plenamente en una región que cuenta con cerca de tres mil faenas activas, muchas de las cuales operan al margen de la ley.
Parlamentarios de la Concertación aseguraron que el gobierno contaba con antecedentes respecto del funcionamiento ilegal de la mina Los Reyes en la región de Atacama, donde el pasado lunes 8 de noviembre, murieron dos trabajadores y otro resultó herido.
La senadora socialista por la región, Isabel Allende, cuestionó que después del accidente el gobierno saliera a aseverar que no contaba con información, pues el pasado 15 de septiembre el abogado Fabián Collao Rodríguez acudió a la oficina regional del Sernageomin para denunciar la irregularidad.
En un documento escrito a mano pero timbrado por Sernageomin Atacama, Collao indica que en el yacimiento se “están desarrollando labores mineras que se encuentran eventualmente fuera de toda norma de seguridad minera”.
Además solicita al organismo que “opere con sus buenos oficios (…) a la brevedad posible con el objeto de evitar eventos indeseados”. Pero desde Sernageomin no se hizo nada.
“No es correcto que el gobierno nacional y regional rápidamente dijeran que no había cómo investigar. Aquí existen elementos que permitían hacerlo perfectamente. Con esto, uno podría realizar un sumario administrativo para saber qué ocurrió. En lo absoluto estaba pidiendo el descabezamiento de Sernageomin regional porque, al revés, yo quiero la gente se interiorice de las condiciones. Hoy tenemos tres o cuatro personas que son parte del departamento de seguridad minera”, comentó Allende.
Según la parlamentaria, con esa cantidad de personal fiscalizador es imposible verificar en terreno si las cerca de tres mil faenas mineras activas cumplen con las normativas de seguridad y autorizaciones vigentes.
El Sernageomin habría solicitado al abogado Fabián Collao acudir a sus oficinas regionales para identificar en media hora al funcionario que recibió su denuncia con la amenaza de que si no lo hacía, todos los fiscalizadores serían despedidos.
Para el diputado comunista por la zona, Lautaro Carmona, el objetivo del gobierno debe ser impulsar y apoyar el desarrollo de la pequeña minería, pero a través de más recursos para su fiscalización y no despidiendo gente.
“Cuando la capacidad humana profesional está muy por debajo de la cantidad de obras que hay en la minería y, sobre todo, cuando sube el precio del cobre y todo el mundo empieza a hacer hoyos y a trabajar para vender en esa mejor condición. El camino tampoco sería cerrar toda la pequeña minería, sino que corregir y acercar por la vía del fomento medidas de seguridad eficaces”, sostuvo Carmona.
Esto se suma a que, según el diputado radical Alberto Robles, el presupuesto de Minería para 2011 incluye un ítem especial de Seguridad Minera al que se le asigna una cantidad importante de recursos, pero en desmedro de los fondos de Sernageomin que se ven reducidos sus fondos.
“Nuestra región vive principalmente de la pequeña minería, por lo tanto, Atacama requiere que se actúe con una mirada desde ese punto de vista. Yo quiero pedirle al ministro que siga preocupado de eso y no de estar inaugurando casas o cosas que no le competen”, sentenció el legislador.
Robles concluyó que es necesario que Sernageomin cuente con los recursos necesarios para que pueda operar plenamente en una región que cuenta con cerca de tres mil faenas activas, muchas de las cuales operan al margen de la ley.
