El pasado 17 de agosto, los fiscales y trabajadores del Ministerio Público levantaron la voz para aclarar que en su sector hay varias materias pendientes. En esa oportunidad, incluso el propio Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, había reconocido que “la carga de trabajo es muy grande y el sistema no ha colapsado por el sacrificio de los fiscales y funcionarios, que lamentablemente no va a dar más. La curva de rendimiento de la fiscalía está en su máximo. No se puede mantener este rendimiento sin un colapso de fiscales funcionando”.
A casi una semana de que se advirtiera este escenario, Chahuán y la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, firmaron un convenio para iniciar un estudio denominado “Carga laboral y distribución de dotación en las fiscalías de todo el país”.
Sin embargo, la presidenta de la Federación de Trabajadores del Ministerio Público, Natalia Céspedes, advirtió que la urgencia debe centrarse en enviar una iniciativa al Congreso para aumentar los recursos humanos de la institución.
“Me parece bien que se haga ese estudio y que se determine cuánta es la dotación que se necesita por región, pero creo que no es aceptable que se dilate el proyecto de ley que aumenta la dotación del Ministerio Público porque los antecedentes técnicos que demuestran que existe una falta de personal ahí ya fueron entregados hace más de un año por el BID. Es interesante la investigación que va a hacer Paz Ciudadana, pero se puede entregar como información complementaria a lo que ya fue entregado y el proyecto de ley se puede enviar ahora mismo. No hay razones para que no lo hagan”, sostuvo la dirigente.
Después del paro de la semana pasada, el Gobierno hizo un emplazamiento a Chahuán a través del ministro de Justicia, Teodoro Ribera. “No puedo decirle al Fiscal Nacional lo que tiene que hacer. Él es el encargado del servicio, está nombrado por 10 años y él sabrá lo que tiene y no tiene que hacer”.
Pero para Natalia Céspedes es importante que el titular de la cartera de Justicia se haga parte de las conversaciones y aseguró que si no hay respuestas se reevaluarán nuevas acciones.
“Seguimos en alerta y estamos atentos a las citas y audiencias que nos pueda dar el ministro que si bien se mostró abierto a conversar los problemas que nos afectan, hasta ahora, no ha recibido a ninguna de las asociaciones que han solicitado reuniones. Estamos esperando eso y si no tenemos novedades, esta semana vamos a volver a movilizarnos porque el proyecto sobre la dotación de personal tiene que salir ahora sí o sí”, aseguró la representante de los fiscales.
Una urgencia que ha sido reconocida incluso por otros actores. La senadora Lily Pérez, integrante de la comisión de Derechos Humanos, se reunió con el presidente nacional de Fiscales, Pedro Orthusteguy, para analizar sus demandas. La legisladora concluyó que “los recursos son insuficientes para el volumen de trabajo que tienen”.
La senadora explicó que “ellos han planteado varios puntos con respecto a la dotación; a la homologación; al trabajo que tiene la Fiscalía. En la comisión de Derechos Humanos del Senado a instancia mía, recibimos al Ejecutivo para ver cómo van avanzando estos temas, por tanto ya hay una mesa de trabajo”.
El pasado 17 de agosto, los fiscales y trabajadores del Ministerio Público levantaron la voz para aclarar que en su sector hay varias materias pendientes. En esa oportunidad, incluso el propio Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, había reconocido que “la carga de trabajo es muy grande y el sistema no ha colapsado por el sacrificio de los fiscales y funcionarios, que lamentablemente no va a dar más. La curva de rendimiento de la fiscalía está en su máximo. No se puede mantener este rendimiento sin un colapso de fiscales funcionando”.
A casi una semana de que se advirtiera este escenario, Chahuán y la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, firmaron un convenio para iniciar un estudio denominado “Carga laboral y distribución de dotación en las fiscalías de todo el país”.
Sin embargo, la presidenta de la Federación de Trabajadores del Ministerio Público, Natalia Céspedes, advirtió que la urgencia debe centrarse en enviar una iniciativa al Congreso para aumentar los recursos humanos de la institución.
“Me parece bien que se haga ese estudio y que se determine cuánta es la dotación que se necesita por región, pero creo que no es aceptable que se dilate el proyecto de ley que aumenta la dotación del Ministerio Público porque los antecedentes técnicos que demuestran que existe una falta de personal ahí ya fueron entregados hace más de un año por el BID. Es interesante la investigación que va a hacer Paz Ciudadana, pero se puede entregar como información complementaria a lo que ya fue entregado y el proyecto de ley se puede enviar ahora mismo. No hay razones para que no lo hagan”, sostuvo la dirigente.
Después del paro de la semana pasada, el Gobierno hizo un emplazamiento a Chahuán a través del ministro de Justicia, Teodoro Ribera. “No puedo decirle al Fiscal Nacional lo que tiene que hacer. Él es el encargado del servicio, está nombrado por 10 años y él sabrá lo que tiene y no tiene que hacer”.
Pero para Natalia Céspedes es importante que el titular de la cartera de Justicia se haga parte de las conversaciones y aseguró que si no hay respuestas se reevaluarán nuevas acciones.
“Seguimos en alerta y estamos atentos a las citas y audiencias que nos pueda dar el ministro que si bien se mostró abierto a conversar los problemas que nos afectan, hasta ahora, no ha recibido a ninguna de las asociaciones que han solicitado reuniones. Estamos esperando eso y si no tenemos novedades, esta semana vamos a volver a movilizarnos porque el proyecto sobre la dotación de personal tiene que salir ahora sí o sí”, aseguró la representante de los fiscales.
Una urgencia que ha sido reconocida incluso por otros actores. La senadora Lily Pérez, integrante de la comisión de Derechos Humanos, se reunió con el presidente nacional de Fiscales, Pedro Orthusteguy, para analizar sus demandas. La legisladora concluyó que “los recursos son insuficientes para el volumen de trabajo que tienen”.
La senadora explicó que “ellos han planteado varios puntos con respecto a la dotación; a la homologación; al trabajo que tiene la Fiscalía. En la comisión de Derechos Humanos del Senado a instancia mía, recibimos al Ejecutivo para ver cómo van avanzando estos temas, por tanto ya hay una mesa de trabajo”.
El pasado 17 de agosto, los fiscales y trabajadores del Ministerio Público levantaron la voz para aclarar que en su sector hay varias materias pendientes. En esa oportunidad, incluso el propio Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, había reconocido que “la carga de trabajo es muy grande y el sistema no ha colapsado por el sacrificio de los fiscales y funcionarios, que lamentablemente no va a dar más. La curva de rendimiento de la fiscalía está en su máximo. No se puede mantener este rendimiento sin un colapso de fiscales funcionando”.
A casi una semana de que se advirtiera este escenario, Chahuán y la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, firmaron un convenio para iniciar un estudio denominado “Carga laboral y distribución de dotación en las fiscalías de todo el país”.
Sin embargo, la presidenta de la Federación de Trabajadores del Ministerio Público, Natalia Céspedes, advirtió que la urgencia debe centrarse en enviar una iniciativa al Congreso para aumentar los recursos humanos de la institución.
“Me parece bien que se haga ese estudio y que se determine cuánta es la dotación que se necesita por región, pero creo que no es aceptable que se dilate el proyecto de ley que aumenta la dotación del Ministerio Público porque los antecedentes técnicos que demuestran que existe una falta de personal ahí ya fueron entregados hace más de un año por el BID. Es interesante la investigación que va a hacer Paz Ciudadana, pero se puede entregar como información complementaria a lo que ya fue entregado y el proyecto de ley se puede enviar ahora mismo. No hay razones para que no lo hagan”, sostuvo la dirigente.
Después del paro de la semana pasada, el Gobierno hizo un emplazamiento a Chahuán a través del ministro de Justicia, Teodoro Ribera. “No puedo decirle al Fiscal Nacional lo que tiene que hacer. Él es el encargado del servicio, está nombrado por 10 años y él sabrá lo que tiene y no tiene que hacer”.
Pero para Natalia Céspedes es importante que el titular de la cartera de Justicia se haga parte de las conversaciones y aseguró que si no hay respuestas se reevaluarán nuevas acciones.
“Seguimos en alerta y estamos atentos a las citas y audiencias que nos pueda dar el ministro que si bien se mostró abierto a conversar los problemas que nos afectan, hasta ahora, no ha recibido a ninguna de las asociaciones que han solicitado reuniones. Estamos esperando eso y si no tenemos novedades, esta semana vamos a volver a movilizarnos porque el proyecto sobre la dotación de personal tiene que salir ahora sí o sí”, aseguró la representante de los fiscales.
Una urgencia que ha sido reconocida incluso por otros actores. La senadora Lily Pérez, integrante de la comisión de Derechos Humanos, se reunió con el presidente nacional de Fiscales, Pedro Orthusteguy, para analizar sus demandas. La legisladora concluyó que “los recursos son insuficientes para el volumen de trabajo que tienen”.
La senadora explicó que “ellos han planteado varios puntos con respecto a la dotación; a la homologación; al trabajo que tiene la Fiscalía. En la comisión de Derechos Humanos del Senado a instancia mía, recibimos al Ejecutivo para ver cómo van avanzando estos temas, por tanto ya hay una mesa de trabajo”.
