Un informe dirigido desde la Agencia de la Calidad del Mineduc al Consejo Nacional de Educación, filtró el análisis de un sistema de clasificación universal de establecimientos, el cual permitirá un perfil cualitativo de cada plantel en específico, en paralelo al Simce.

Este mecanismo establece cuatro rangos para ubicar a un colegio, que evalúa una decena de factores además del puntaje Simce. En ello, cada establecimiento queda con una calificación de Alto, Medio, Bajo e Insuficiente, arriesgándose a perder el reconocimiento oficial e incluso cerrar, si se mantiene en una misma categoría durante seis evaluaciones consecutivas.

Para los analistas, este sistema no va en la dirección de mejorar la educación pública, tampoco de garantizar el derecho a la educación de los jóvenes del país.

Manuel Sepúlveda, sociólogo de políticas educativas de Fundación Educación2020, indica que la metodología es errónea al no medir las condiciones de vulnerabilidad presentes en el sistema chileno, que se acumulan en establecimientos municipales.

“La Agencia de la Calidad propone una metodología para ordenar los establecimientos, pero tiene serios reparos, ya que no se hace cargo de la acumulación de vulnerabilidad. Chile es uno de los países con mayor índice de segregación en educación, y la metodología sólo mide la vulnerabilidad del estudiante, pero no segregación, entonces en un escenario como el chileno, termina afectando a los colegios más vulnerables”, dijo.

Por su parte, Claudia Córdoba, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, postula que este sistema extiende la brecha entre educación privada y oferta fiscal, ya que el sistema de admisión particular juega en contra de los planteles administrados por municipios.

La académica, doctora en Sociología de la Educación, establece que “como las escuelas municipales no pueden seleccionar a sus estudiantes, se facilita que atiendan a los jóvenes más vulnerables. Ocurre que las familias tienden a evitar estos establecimientos, y el mandato del derecho a la educación que asumen las escuelas públicas, finalmente les juega en contra, ya que son las únicas que aseguran que todos los niños puedan ejercer ese derecho”.

Desde los estudiantes, las exigencias del movimiento apuntan a la desmunicipalización de la educación secundaria, lo que permitiría mejorar la infraestructura, equipamiento, y un modelo estatal de educación.

Moisés Paredes, presidente de la Cones, declaró que este programa clasifica a los colegios con bajo rendimiento, pero no ofrece alternativas para mejorar la situación: “Solamente se castiga al colegio que tiene malos resultados, pero no hay incentivo o programa para superar esa deficiencia. Es una política que destruye la educación pública, y no tiene la intención de fomentar el buen desarrollo de las clases, ya que se cierran los colegios mal evaluados, que son principalmente municipales, que hoy tienen los peores resultados”.

El estudio recalca que, de estar operativa esta clasificación, 242 colegios habrían sido cerrados por el ministerio, de los cuales el 60% es estatal y el 39% particular subvencionado. Cerca de 60 mil alumnos con un mal diagnóstico sobre su plan de estudios, que a juicio de los expertos no deberían ver sus colegios cerrados, sino encontrar modelos de recuperación de un plantel.

Consultados por radio Universidad de Chile, desde la Agencia de la Calidad en Educación declinaron referirse al informe, ya que su divulgación responde a una filtración desde el Consejo Nacional de Educación, donde está siendo actualmente evaluado.