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Año XII, 22 de febrero de 2020

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Organizaciones de consumidores proponen serie de reformas al Sernac

Las organizaciones de consumidores más grandes del país publicaron un programa de reformas para ampliar los derechos del consumidor y el poder fiscalizador del Sernac, que será entregado a cada uno de las nueve candidaturas presidenciales. Elevar el derecho del consumidor a rango constitucional, para que el Estado se encargue de manera activa de velar por ello, y ampliar la definición de estos derechos para abarcar temas de Vivienda, Salud y Educación, forman parte de las propuestas más relevantes.

Helmuth Huerta

  Martes 20 de agosto 2013 19:46 hrs. 

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) elaboró un listado con los temas críticos sobre derechos del consumidor en Chile, entre los que destacan: la eliminación de las cláusulas de aceleración de las deudas, que permite que después de 15 días de morosidad las empresas puedan cobrar toda una deuda con intereses y multas y al mismo tiempo cursar hipotecas. También se propone que la ley fije pena aflictiva (o sea, cárcel) para gerentes y directores de empresas que inflijan la ley del consumidor y aumentar el plazo de prescripción de estos delitos, que a la fecha es de solo 6 meses.

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, destacó entre lo más importante la propuesta de subir a rango constitucional los derechos del consumidor, que actualmente sólo tiene categoría de ley para, de esa forma, comprometer al Estado como garante de estos derechos, y también que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) regule de manera obligatoria los contratos de adhesión.

“Lo más sustancial aquí es que nosotros proponemos que el Sernac se convierta en el organismo regulador de los contratos de adhesión, con atribuciones para regular, sancionar, fiscalizar y cursar multas a quienes no cumplan con la ley del consumidor. Lo que quiso hacer el Sernac financiero era un poco eso, el tema fue que al Sernac financiero lo hizo en forma voluntaria y nosotros con esto estamos planteando que la revisión de los contratos sea obligatoria”, expresó.

El listado de propuestas de reforma incluye además que se permita acelerar la tramitación de las demandas colectivas, para que las 17 cortes de apelaciones del país las pongan al tope de sus tablas de actividades. También en el ámbito del Poder Judicial, se solicita la tipificación de inhabilidad de jueces con conflictos de intereses respecto de empresas demandadas.

Entre las recomendaciones más estructurales, se propone que las fusiones empresariales que impliquen la concentración de más del 25% de un mercado o rubro, tengan que ser obligatoriamente consultadas al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, además de que se amplié la definición de derechos del consumidor, para incluir temas de Vivienda, Educación y particularmente Salud, según Hernán Calderón.

“Está planteado el tema de que se elimine las restricciones que tiene la ley del consumidor en temas de salud, vivienda y educación, y que se pueda demandar. Porque el efecto inmediato en el caso de la salud es que no se podrían subir los planes y programas anualmente, lo que produce grandes controversias y demanda de recursos de protección. Eso, si estuviera incorporado en la ley del consumidor, restringiría todos estos aumentos unilaterales que suceden todos los años”, explicó.

Como complemento, el presidente de la Organización de Consumidores (ODECU), Stefan Larenas, juzgó que el tema capital -cuando se trata de los temas pendientes en materia de derecho del consumidor- es reformar la ley de bancos.

“Hay muchos temas pendientes. Desde el punto de vista del consumidor, lo primero es una reforma a la ley de bancos, los temas relacionados con el cobro de intereses sobre los intereses. Eso es un cuello de botella que nadie le ha puesto la cadena al gato. Estoy pensando en la ley de operaciones de créditos, que permite a los bancos capitalizar después de un mes los intereses sobre los intereses de mercado, afecta a mucha gente porque las personas no saben por qué compraron una tele por 200 mil pesos y se atrasan quince días y están pagando 300 o 400, hasta un millón de pesos por un bien que costó mucho menos”, afirmó.

Las organizaciones de consumidores informaron que van a solicitar reunirse con cada una de las nueve candidaturas presidenciales, a objeto de entregar formalmente este documento de propuestas, que ya se encuentra íntegramente disponible en la página web www.conadecus.cl