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Año XI, 15 de septiembre de 2019

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Exigen al Ejército degradar a militares condenados por delitos de lesa humanidad

Al proyecto de ley presentado el año 2010, se suman las voces de organizaciones que solicitan la degradación de militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. No obstante la iniciativa legal, a su juicio es el propio Ejército el que debiese dar una señal de repudio a este tipo de crímenes y eliminar de sus filas a quienes los cometieron.

Oriana Miranda

  Sábado 28 de septiembre 2013 19:44 hrs. 
DICTADURA-CHILE-PINOCHET

El año 2010, el diputado DC Gabriel Ascencio presentó un proyecto de ley que busca degradar a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos, iniciativa que cobra fuerza a 40 años del golpe militar y a raíz del anuncio del presidente Piñera de trasladar a los internos del penal Cordillera a Punta Peuco.

El diputado PPD Tucapel Jimenez, coautor de la iniciativa legal, explica que con este proyecto “todo militar que es condenado por violaciones a los derechos humanos va a perder ese grado de general, de capitán, el grado militar que tienen, que en el fondo lo que hace muchas veces es que, hasta el día de hoy, no solamente militares sino que algunos gendarmes se les sigan cuadrando”.

“Además, por el hecho de seguir ostentando sus cargos, muchos de ellos aparecen en cuadros en regimientos y creo que esa es la peor señal que pueden dar las Fuerzas Armadas, sobre todo para los jóvenes que están recién ingresando. Imagínate el mensaje que le estamos dando a las nuevas generaciones que quieren seguir la carrera militar”, alerta.

No obstante el proyecto de ley, que puede tener dificultades en su discusión y ejecución, el parlamentario apunta a que debiese ser el propio Ejército el que, como un gesto democrático, determinase la degradación de los militares condenados por las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.

En esto coincide la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, para quien el recién anunciado cierre del Penal Cordillera debería ir de la mano con las degradaciones, solicitadas durante años por agrupaciones de derechos humanos.

“Al mantener esta jerarquía que ellos mantienen al ser militares en ejercicio, porque en su mente no analizan ni piensan ni se autoidentifican con militares en retiro, siguen usando su poderío, cualquiera de ellos que están en el penal Cordillera. Por lo tanto para nosotros una cosa va junto con la otra y estamos buscando con abogados la forma de poder hacerlo, porque sabemos que hay un proyecto de ley pero debe haber una manera administrativa al interior del propio Ejército”, afirma.

La Fundación Víctor Jara es otra de las organizaciones impulsoras de la degradación de estos ex militares. Su directora ejecutiva, Gloria König, apunta a que el Ejército se ha negado durante décadas a facilitar información tanto de los responsables de las torturas y asesinatos cometidos por sus integrantes como del paradero de los cuerpos de las miles de víctimas.

Es por ello que, a su juicio, permitir la degradación de los militares que han sido condenados por estos crímenes es un gesto necesario para el país.

“Creo que el Ejército está hoy día en una posición en la que tiene que tomar partido. Y es muy simple, si ellos condenan las violaciones a los derechos humanos dentro de sus filas, deben generar aquellos procedimientos que permitan la degradación de los oficiales que se encuentran condenados por estos delitos”, explica.

“Estamos hablando de gente que está condenada por crímenes de lesa humanidad, de asesinos cuyos crímenes, vergonzosos para la historia de la humanidad, están comprobados.  No estamos hablando de presunciones, sino que de todos aquellos que se encuentran condenados, personajes que han ensuciado, yo me imagino, la historia y el comportamiento de la oficialidad del Ejército chileno”, añade.

Si bien el proyecto de ley seguirá su curso, tanto sus autores como quienes apoyan la iniciativa insisten en que es el Ejército el que debiese dar una señal al país y repudiar el accionar de quienes, en su nombre, asesinaron a miles de chilenos.