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Senado aprueba ley de lobby y hoy se define en la Cámara Baja

Bajo fuertes críticas y dudas, principalmente de parlamentarios de la Nueva Mayoría, fue aprobado en el Senado el informe que elaboró la comisión mixta respecto de la ley que regula el lobby. Para este miércoles se encuentra en tabla la votación del documento en la Cámara de Diputados.

Cristián Pacheco

  Miércoles 22 de enero 2014 9:14 hrs. 
lobby

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Con 24 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones fue aprobado en el Senado el informe de la comisión mixta del Congreso que establece las normas con que regiría la Ley del Lobby, normativa que fue tramitada con urgencia y que cuenta con el acuerdo entre el gobierno actual y los parlamentarios del gobierno entrante.

El texto – que hoy está en tabla para ser discutido en la Cámara de Diputados – crea un registro de lobistas y obliga a informar a parlamentarios sobre audiencias y reuniones que hayan solicitado.

El senador y presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma se declaró satisfecho con la aprobación y señaló que el conjunto de normas apuntan en la dirección correcta.

“Con dificultades, con tastabillones, con rasguños, lo cierto, es que estamos sacando una ley que muchos no querían que salieran. Más allá de requerir un proceso de aprendizaje, entiendo que siempre tenemos que actuar de buena fe, buscando que una institución funcione, aquí hay un exceso de normas que me parecen razonables, ahora, siempre puede haber exceso”, apuntó el gremialista.

El informe del proyecto que busca regular las influencias de grupos de poder en el Congreso – que ya lleva cinco años de tramitación – es cuestionado por algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría, principalmente porque no obliga el registro previo de lobistas, recayendo la responsabilidad sobre los sujetos pasivos, es decir sobre toda autoridad que esté sujeta a lobby.

Durante la sesión ordinaria del Senado, distintos parlamentarios expresaron su disconformidad. El senador independiente Carlos Bianchi voto a favor del informe, pese a considerar absurdo que los lobistas no sean registrados con anterioridad. Con igual resignación, el senador Andrés Zaldívar señaló que sólo aprueba el documento por no querer generar críticas y sospechas sobre intereses personales.

Por su parte, la senadora Isabel Allende quedó insatisfecha con el conjunto de normas, ya que se pierde una posibilidad importante de “conocer quienes se dedican al lobby, remunerado o no remunerado”.

El diputado Jorge Burgos – en entrevista para Radioanálisis – agregó que en el estado actual del proyecto, los secretarios de las comisiones ni los asesores de los parlamentarios serían obligados a publicar sus agendas.

Al margen de las críticas, destacó los avances en transparencia y resaltó la necesidad genérica de crear mecanismos de control sobre la acción parlamentaria y las influencias externas.

“Mañana está en tabla votarlo en la Cámara y estaría listo para promulgación y publicación de la ley. Hay que hacer un distingo, porque el lobby es una actividad humana, es imposible prohibirla, hay que regularla”, insistió Burgos.

Luego de aprobado el informe, Manuel Aris – jefe del área de incidencia de la ONG Ciudadano Inteligente – expresó su decepción respecto al debate, ya que considera la ley no ha sido analizada en sus posibilidades.

“Nos vamos preocupados por el nivel del debate. Los parlamentarios que se manifestaron en contra del proyecto, o bien, no entendieron el proyecto de ley, o no lo estudiaron con suficiente acuciosidad, eso refleja una debilidad en la labor legislativa de algunos parlamentarios que esgrimieron argumentos incluidos en el proyecto para votarlo en contra”, aseveró.

Según Aris, aún existen vacíos en el proyecto de ley que está siendo votado en el Congreso, como por ejemplo que las empresas o lobistas no puedan donar en las campañas políticas y tampoco se han fijado estándares para la actividad de los lobistas que se vayan registrando, por lo cual están avanzando en un reglamento modelo.

El informe será nuevamente comentado y votado por la Cámara Baja y de ser aprobado se estipula que el gobierno debe elaborar y promulgar el reglamento que rige la ley en un plazo de tres meses.

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