Ya son diez las instituciones de educación superior que no cuentan con la aprobación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo que ha generado críticas por parte de las universidades afectadas, en medio del proceso de matrícula de alumnos nuevos.
Mientras, las autoridades insisten en que buscan evitar un nuevo caso como el de la Universidad de Mar. Luego de la crisis que involucró a ese plantel, la CNA se comprometió a trabajar intensamente para lograr un control mayor sobre todas las instituciones de educación superior.
Cuando su acreditación es rechazada, las universidades pueden presentar una apelación. Si ésta no es aceptada, pueden acudir al Consejo Nacional de Educación (CNED). Si en esta instancia tampoco logran acreditarse, deben esperar dos años para volver a intentar el proceso.
Este es el escenario que vive la Universidad de las Américas, cuyo recurso fue rechazado por el CNED el pasado miércoles.
En tanto, la Universidad Internacional SEK aún puede apelar ante la CNA y la Universidad Gabriela Mistral puede recurrir al CNED.
En este escenario, Loreto Egaña, investigadora del Programa Interdiciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), enfatizó que “siempre es mejor que haya más control y más acreditación en instituciones que estaban absolutamente desreguladas. En ese sentido, puede ser que se estén fijando en cosas que son de forma y creo que, de fondo, el sistema no tiene criterios claros para ser regulado. Tenemos que avanzar a un sistema con criterios sólidos para regular a estas instituciones privadas”.
Por su parte, Mario Sobarzo, académico del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), recordó que “los grandes perjudicados con esto son los estudiantes, porque el Estado, durante años, les dijo que había universidades que estaban acreditadas y tenían alto nivel de desarrollo en términos institucionales, como la misma Universidad del Mar. Y luego nos damos cuenta de que eran universidades de cartón”.
“El problema es que los estudiantes importan poco: importan como consumidores, pero no importan como ciudadanos. Es muy raro que esto se vaya a solucionar si es que no hay presión social”, advirtió.
Que una institución de enseñanza superior no esté acreditada implica que los planteles no cumplen con los mínimos requisitos administrativos ni con los procesos académicos.
Además, la pérdida de la acreditación significa que los estudiantes no pueden acceder a ningún beneficio estatal, como las becas y el Crédito con Aval del Estado (CAE).
Ante esto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Melissa Sepúlveda, afirmó que “desde la Confech estamos revisando la situación de los estudiantes de la Universidad de Las Américas, que fueron los que se presentaron dentro de la organización. Hay pérdidas de beneficios para los estudiantes y eso, muchas veces, significa no poder seguir estudiando. También tenemos la situación de los estudiantes de la Universidad del Mar, donde muchos aún no tienen solución y no han sido integrados a otras universidades”.
En ese sentido, la dirigenta enfatizó que “el problema de las universidades privadas se acrecienta y podríamos tener nuevas situaciones como la de la Universidad del Mar en 2014”.
Asimismo, Melissa Sepúlveda dijo que el conflicto no corresponde solo a privados, como ha planteado el Gobierno, sino que es un tema que debe resolver el ministerio de Educación, ya que deja a muchos jóvenes sin la posibilidad de estudiar.
Ya son diez las instituciones de educación superior que no cuentan con la aprobación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo que ha generado críticas por parte de las universidades afectadas, en medio del proceso de matrícula de alumnos nuevos.
Mientras, las autoridades insisten en que buscan evitar un nuevo caso como el de la Universidad de Mar. Luego de la crisis que involucró a ese plantel, la CNA se comprometió a trabajar intensamente para lograr un control mayor sobre todas las instituciones de educación superior.
Cuando su acreditación es rechazada, las universidades pueden presentar una apelación. Si ésta no es aceptada, pueden acudir al Consejo Nacional de Educación (CNED). Si en esta instancia tampoco logran acreditarse, deben esperar dos años para volver a intentar el proceso.
Este es el escenario que vive la Universidad de las Américas, cuyo recurso fue rechazado por el CNED el pasado miércoles.
En tanto, la Universidad Internacional SEK aún puede apelar ante la CNA y la Universidad Gabriela Mistral puede recurrir al CNED.
En este escenario, Loreto Egaña, investigadora del Programa Interdiciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), enfatizó que “siempre es mejor que haya más control y más acreditación en instituciones que estaban absolutamente desreguladas. En ese sentido, puede ser que se estén fijando en cosas que son de forma y creo que, de fondo, el sistema no tiene criterios claros para ser regulado. Tenemos que avanzar a un sistema con criterios sólidos para regular a estas instituciones privadas”.
Por su parte, Mario Sobarzo, académico del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), recordó que “los grandes perjudicados con esto son los estudiantes, porque el Estado, durante años, les dijo que había universidades que estaban acreditadas y tenían alto nivel de desarrollo en términos institucionales, como la misma Universidad del Mar. Y luego nos damos cuenta de que eran universidades de cartón”.
“El problema es que los estudiantes importan poco: importan como consumidores, pero no importan como ciudadanos. Es muy raro que esto se vaya a solucionar si es que no hay presión social”, advirtió.
Que una institución de enseñanza superior no esté acreditada implica que los planteles no cumplen con los mínimos requisitos administrativos ni con los procesos académicos.
Además, la pérdida de la acreditación significa que los estudiantes no pueden acceder a ningún beneficio estatal, como las becas y el Crédito con Aval del Estado (CAE).
Ante esto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Melissa Sepúlveda, afirmó que “desde la Confech estamos revisando la situación de los estudiantes de la Universidad de Las Américas, que fueron los que se presentaron dentro de la organización. Hay pérdidas de beneficios para los estudiantes y eso, muchas veces, significa no poder seguir estudiando. También tenemos la situación de los estudiantes de la Universidad del Mar, donde muchos aún no tienen solución y no han sido integrados a otras universidades”.
En ese sentido, la dirigenta enfatizó que “el problema de las universidades privadas se acrecienta y podríamos tener nuevas situaciones como la de la Universidad del Mar en 2014”.
Asimismo, Melissa Sepúlveda dijo que el conflicto no corresponde solo a privados, como ha planteado el Gobierno, sino que es un tema que debe resolver el ministerio de Educación, ya que deja a muchos jóvenes sin la posibilidad de estudiar.
Ya son diez las instituciones de educación superior que no cuentan con la aprobación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo que ha generado críticas por parte de las universidades afectadas, en medio del proceso de matrícula de alumnos nuevos.
Mientras, las autoridades insisten en que buscan evitar un nuevo caso como el de la Universidad de Mar. Luego de la crisis que involucró a ese plantel, la CNA se comprometió a trabajar intensamente para lograr un control mayor sobre todas las instituciones de educación superior.
Cuando su acreditación es rechazada, las universidades pueden presentar una apelación. Si ésta no es aceptada, pueden acudir al Consejo Nacional de Educación (CNED). Si en esta instancia tampoco logran acreditarse, deben esperar dos años para volver a intentar el proceso.
Este es el escenario que vive la Universidad de las Américas, cuyo recurso fue rechazado por el CNED el pasado miércoles.
En tanto, la Universidad Internacional SEK aún puede apelar ante la CNA y la Universidad Gabriela Mistral puede recurrir al CNED.
En este escenario, Loreto Egaña, investigadora del Programa Interdiciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), enfatizó que “siempre es mejor que haya más control y más acreditación en instituciones que estaban absolutamente desreguladas. En ese sentido, puede ser que se estén fijando en cosas que son de forma y creo que, de fondo, el sistema no tiene criterios claros para ser regulado. Tenemos que avanzar a un sistema con criterios sólidos para regular a estas instituciones privadas”.
Por su parte, Mario Sobarzo, académico del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), recordó que “los grandes perjudicados con esto son los estudiantes, porque el Estado, durante años, les dijo que había universidades que estaban acreditadas y tenían alto nivel de desarrollo en términos institucionales, como la misma Universidad del Mar. Y luego nos damos cuenta de que eran universidades de cartón”.
“El problema es que los estudiantes importan poco: importan como consumidores, pero no importan como ciudadanos. Es muy raro que esto se vaya a solucionar si es que no hay presión social”, advirtió.
Que una institución de enseñanza superior no esté acreditada implica que los planteles no cumplen con los mínimos requisitos administrativos ni con los procesos académicos.
Además, la pérdida de la acreditación significa que los estudiantes no pueden acceder a ningún beneficio estatal, como las becas y el Crédito con Aval del Estado (CAE).
Ante esto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Melissa Sepúlveda, afirmó que “desde la Confech estamos revisando la situación de los estudiantes de la Universidad de Las Américas, que fueron los que se presentaron dentro de la organización. Hay pérdidas de beneficios para los estudiantes y eso, muchas veces, significa no poder seguir estudiando. También tenemos la situación de los estudiantes de la Universidad del Mar, donde muchos aún no tienen solución y no han sido integrados a otras universidades”.
En ese sentido, la dirigenta enfatizó que “el problema de las universidades privadas se acrecienta y podríamos tener nuevas situaciones como la de la Universidad del Mar en 2014”.
Asimismo, Melissa Sepúlveda dijo que el conflicto no corresponde solo a privados, como ha planteado el Gobierno, sino que es un tema que debe resolver el ministerio de Educación, ya que deja a muchos jóvenes sin la posibilidad de estudiar.
