Esta semana, los secretarios de Estado que integran el Comité de Ministros revisarán el informe redactado ante las reclamaciones del proyecto Hidroaysén. En esta etapa harán sus observaciones y el documento será entregado a la empresa.
La instancia, dirigida por la titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, e integrado también por los representantes de Economía, Minería, Salud y Agricultura, entregaría una respuesta de alrededor de 60 páginas, que deja pendiente para el próximo gobierno demandas respecto de los estudios de hidrología y salud.
La ministra Benítez justificó la demora en la respuesta sobre el polémico proyecto, que contempla una inversión de 3.200 millones de dólares y construir cinco centrales: “El Comité de Ministros estuvo estudiando todas las reclamaciones, que son muchas. Se analizaron en profundidad cada una de ellas, se revisó el expediente de evaluación, desde 2008 en adelante, y se concluyó que falta mejor información, tanto en el tema del vaciamiento de lagos y glaciares, como en la descarga aguas abajo. Esa información es relevante para tomar las medidas de mitigación correspondientes y adecuadas para el impacto del proyecto”, dijo.
Luis Mariano Rendón, del grupo Acción Ecológica, desestimó la importancia administrativa de la reunión de ministros y cuestionó las señales políticas ante este polémico tema.
El ambientalista agregó que el Ejecutivo delegó sus responsabilidades y dijo esperar que el gobierno de la Nueva Mayoría rechace la iniciativa: “Para no echarse encima a buena parte de la ciudadanía, que no quiere que la Patagonia se destruya, se dilató un pronunciamiento y la decisión queda en manos del gobierno entrante”.
Rendón recalcó además que, “durante su campaña, la presidenta electa señaló que se trataba de un proyecto inviable”.
En la misma línea, Patricio Segura del Consejo de Defensa de la Patagonia, sostuvo que la postura que adopte la presidenta Michelle Bachelet por Comité de Ministros será su primera prueba ambiental.
“Le están dando respiración artificial a un proyecto que debió haber sido rechazado desde un principio, lo que corresponde ahora es que cuando le toque a la presidenta Michelle Bachelet ver este proyecto, tanto en los tribunales porque van a tener que poner abogados para esa instancia o si le toca arbitrariamente, realmente cumpla lo que prometió, es decir, no apoyar un proyecto de este tipo”, señaló Segura.
De no rechazarse la iniciativa, Patricio Segura, advirtió que el Consejo llegará a instancias políticas, de movilización y acciones legales si es necesario para que el proyecto agónico se deseche y terminen las amenazas para las cuencas de la Patagonia chilena.
El comité sesionó el pasado 30 de enero. En la oportunidad, 34 reclamaciones fueron visadas y quedaron dos pendientes, por lo que se decidió ordenar dos estudios hidrológicos a terceros, los cuales resolverán condiciones que no están claras con la actual evaluación de impacto ambiental.
Finalmente, la entrega del documento de los equipos jurídicos y técnicos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a la empresa permitirá que comience el plazo de 30 días luego de esta notificación oficial, para que Hidroaysén y otros involucrados reclamen ante el Tribunal Ambiental de Valdivia.
El otro desafío para el proyecto será la elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Esta semana, los secretarios de Estado que integran el Comité de Ministros revisarán el informe redactado ante las reclamaciones del proyecto Hidroaysén. En esta etapa harán sus observaciones y el documento será entregado a la empresa.
La instancia, dirigida por la titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, e integrado también por los representantes de Economía, Minería, Salud y Agricultura, entregaría una respuesta de alrededor de 60 páginas, que deja pendiente para el próximo gobierno demandas respecto de los estudios de hidrología y salud.
La ministra Benítez justificó la demora en la respuesta sobre el polémico proyecto, que contempla una inversión de 3.200 millones de dólares y construir cinco centrales: “El Comité de Ministros estuvo estudiando todas las reclamaciones, que son muchas. Se analizaron en profundidad cada una de ellas, se revisó el expediente de evaluación, desde 2008 en adelante, y se concluyó que falta mejor información, tanto en el tema del vaciamiento de lagos y glaciares, como en la descarga aguas abajo. Esa información es relevante para tomar las medidas de mitigación correspondientes y adecuadas para el impacto del proyecto”, dijo.
Luis Mariano Rendón, del grupo Acción Ecológica, desestimó la importancia administrativa de la reunión de ministros y cuestionó las señales políticas ante este polémico tema.
El ambientalista agregó que el Ejecutivo delegó sus responsabilidades y dijo esperar que el gobierno de la Nueva Mayoría rechace la iniciativa: “Para no echarse encima a buena parte de la ciudadanía, que no quiere que la Patagonia se destruya, se dilató un pronunciamiento y la decisión queda en manos del gobierno entrante”.
Rendón recalcó además que, “durante su campaña, la presidenta electa señaló que se trataba de un proyecto inviable”.
En la misma línea, Patricio Segura del Consejo de Defensa de la Patagonia, sostuvo que la postura que adopte la presidenta Michelle Bachelet por Comité de Ministros será su primera prueba ambiental.
“Le están dando respiración artificial a un proyecto que debió haber sido rechazado desde un principio, lo que corresponde ahora es que cuando le toque a la presidenta Michelle Bachelet ver este proyecto, tanto en los tribunales porque van a tener que poner abogados para esa instancia o si le toca arbitrariamente, realmente cumpla lo que prometió, es decir, no apoyar un proyecto de este tipo”, señaló Segura.
De no rechazarse la iniciativa, Patricio Segura, advirtió que el Consejo llegará a instancias políticas, de movilización y acciones legales si es necesario para que el proyecto agónico se deseche y terminen las amenazas para las cuencas de la Patagonia chilena.
El comité sesionó el pasado 30 de enero. En la oportunidad, 34 reclamaciones fueron visadas y quedaron dos pendientes, por lo que se decidió ordenar dos estudios hidrológicos a terceros, los cuales resolverán condiciones que no están claras con la actual evaluación de impacto ambiental.
Finalmente, la entrega del documento de los equipos jurídicos y técnicos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a la empresa permitirá que comience el plazo de 30 días luego de esta notificación oficial, para que Hidroaysén y otros involucrados reclamen ante el Tribunal Ambiental de Valdivia.
El otro desafío para el proyecto será la elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Esta semana, los secretarios de Estado que integran el Comité de Ministros revisarán el informe redactado ante las reclamaciones del proyecto Hidroaysén. En esta etapa harán sus observaciones y el documento será entregado a la empresa.
La instancia, dirigida por la titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, e integrado también por los representantes de Economía, Minería, Salud y Agricultura, entregaría una respuesta de alrededor de 60 páginas, que deja pendiente para el próximo gobierno demandas respecto de los estudios de hidrología y salud.
La ministra Benítez justificó la demora en la respuesta sobre el polémico proyecto, que contempla una inversión de 3.200 millones de dólares y construir cinco centrales: “El Comité de Ministros estuvo estudiando todas las reclamaciones, que son muchas. Se analizaron en profundidad cada una de ellas, se revisó el expediente de evaluación, desde 2008 en adelante, y se concluyó que falta mejor información, tanto en el tema del vaciamiento de lagos y glaciares, como en la descarga aguas abajo. Esa información es relevante para tomar las medidas de mitigación correspondientes y adecuadas para el impacto del proyecto”, dijo.
Luis Mariano Rendón, del grupo Acción Ecológica, desestimó la importancia administrativa de la reunión de ministros y cuestionó las señales políticas ante este polémico tema.
El ambientalista agregó que el Ejecutivo delegó sus responsabilidades y dijo esperar que el gobierno de la Nueva Mayoría rechace la iniciativa: “Para no echarse encima a buena parte de la ciudadanía, que no quiere que la Patagonia se destruya, se dilató un pronunciamiento y la decisión queda en manos del gobierno entrante”.
Rendón recalcó además que, “durante su campaña, la presidenta electa señaló que se trataba de un proyecto inviable”.
En la misma línea, Patricio Segura del Consejo de Defensa de la Patagonia, sostuvo que la postura que adopte la presidenta Michelle Bachelet por Comité de Ministros será su primera prueba ambiental.
“Le están dando respiración artificial a un proyecto que debió haber sido rechazado desde un principio, lo que corresponde ahora es que cuando le toque a la presidenta Michelle Bachelet ver este proyecto, tanto en los tribunales porque van a tener que poner abogados para esa instancia o si le toca arbitrariamente, realmente cumpla lo que prometió, es decir, no apoyar un proyecto de este tipo”, señaló Segura.
De no rechazarse la iniciativa, Patricio Segura, advirtió que el Consejo llegará a instancias políticas, de movilización y acciones legales si es necesario para que el proyecto agónico se deseche y terminen las amenazas para las cuencas de la Patagonia chilena.
El comité sesionó el pasado 30 de enero. En la oportunidad, 34 reclamaciones fueron visadas y quedaron dos pendientes, por lo que se decidió ordenar dos estudios hidrológicos a terceros, los cuales resolverán condiciones que no están claras con la actual evaluación de impacto ambiental.
Finalmente, la entrega del documento de los equipos jurídicos y técnicos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a la empresa permitirá que comience el plazo de 30 días luego de esta notificación oficial, para que Hidroaysén y otros involucrados reclamen ante el Tribunal Ambiental de Valdivia.
El otro desafío para el proyecto será la elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
