Se declaró admisible la acción presentada el pasado martes 1 de abril, lo que significa que el Tribunal Constitucional estima pertinente pronunciarse sobre el asunto e iniciará una revisión del recurso presentado por senadores de la UDI y algunos integrantes de Renovación Nacional.

Pero ¿en qué consiste esta acción?, se cuestiona la decisión de la Cámara Baja que, al momento de revisar el veto del ex Presidente Piñera, declaró inadmisibles algunas indicaciones argumentando que referían a temas que fueron introducidos durante la tramitación y que se escapaban de la idea matriz del proyecto.

Esto es resistido por la oposición, quien considera que se afecta la capacidad del mandatario de vetar las iniciativas. En conversación con nuestra emisora, el senador UDI Juan Antonio Coloma, afirmó que a su juicio, esto es una forma artificial de rebajar quórum para rechazar el veto y que, si se acepta que a través de una votación simple se deje sin efecto un veto presidencial, se está agregando atribuciones a la Cámara y alterando el sentido de las normas constitucionales.

El senador añadió que la forma en la que opera el veto existe, en todas las constituciones, no sólo la del 80, sino también en la reforma de Frei, de Lagos, y que en todas las modificaciones que se han hecho esto no se ha cambiado. En ese sentido, se preguntó: ¿Por qué debía modificarse ahora?

Por su parte, el diputado PPD, Ramón Farías, quien para finales de la discusión parlamentaria oficiaba como  jefe de bancada de su partido, se refirió lo que calificó como “una maniobra más de la Alianza para imponer su punto de vista” en un debate que no la favoreció y donde, pese a ser respaldados por el Presidente, tampoco lograron cambiar el fruto de un acuerdo adoptado en el Congreso.

“Es nefasto lo que está haciendo la derecha, en este caso la UDI, porque está desconociendo en definitiva un acuerdo al cual llegamos para poder aprobar parte del veto. Nosotros teníamos todos los votos para haber rechazado el veto de una sola vez, haberlo rechazado completo, sin embargo, nosotros llegamos a un acuerdo, que se transforma en un acuerdo político, pero sí en un acuerdo técnico primero, y luego se transforma obviamente en un acuerdo político, en donde firman todos los jefes de bancada. Me parece que lo que está haciendo la UDI es simplemente para decir, saben que es imposible confiar en ningún tipo de acuerdo”, indicó Farías.

Esto porque dentro de los temas inadmisibles está la composición de paridad al interior del Consejo Nacional de Televisión, el pluralismo de los noticieros, el respeto a las normas de propiedad intelectual y las normas laborales, la estructura de las Campañas de Interés Público, entre otros temas. Todos estos temas fueron altamente resistidos por la UDI en la tramitación de la ley, argumentando que iban contra la libertad de expresión.

Sin embargo, más allá de los elementos puntales sobre TV Digital, la abogada  del Observatorio de Medios (FUCATEL), Lorena Donoso, coincidió en que la tramitación de esta iniciativa ha sido inédita, por su extensión y por la amplitud del veto que contenía 24 artículos, y que ha puesto sobre la mesa elementos sumamente  relevantes de nuestro actual sistema democrático.

“Lo diga el TC va a definir las bases de nuestra democracia. De qué manera el Presidente puede pasar a llevar todo el trabajo parlamentario, al final qué sentido tiene tener un Parlamento que discute durante cinco años una ley, si al final de día el Presidente puede vetarla completa y hacer una ley totalmente completa a su antojo. Nuestro sistema es un presidencialismo exagerado, pero no es absoluto, no es sin contrapeso de parte del Parlamento y de los otros Poderes del Estado, La facultad de vetar del Presidente de la República debe entenderse en el contexto de la Constitución” precisó la abogada especialista.

Recordemos que la Alianza ya había acudido al TC al ser aprobado el proyecto de ley en el Congreso, argumentando justamente que éste atentaba contra la libertad de expresión. El organismo rechazó esa primera presentación y allí fue cuando el Presidente presentó su veto.

El Tribunal debiera resolver este nuevo recurso en un plazo de 10 días hábiles. La decisión no es menor porque sentará las bases del límite de las atribuciones del Presidente y el Congreso Nacional. Además, sin duda prolongará el proceso de promulgación de la iniciativa, que estuvo más de cinco años en debate parlamentario, con lo que se complica la instalación de esta nueva tecnología en nuestro país.