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Año XIII, 3 de diciembre de 2021

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Parlamentarios piden “interventor especial” por lucro en universidades

La agenda del ministerio de Educación se enfrenta a uno de los principales temas de la reforma en su primera etapa, que corresponde a cómo frenar el lucro en la educación superior. En ese contexto, diputados exigen urgencia al proyecto de ley que crea el “interventor especial” para aquellas universidades que sean sancionadas, además de solicitar una estructura estatal que regule a todas las instituciones, a propósito del caso de la Universidad Andrés Bello.

Cristián Pacheco

  Martes 22 de abril 2014 11:36 hrs. 
Universidad Andrés Bello


El trabajo del ministerio de Educación estuvo cruzado este lunes por uno de los temas pendientes de la cartera que causa mayor incertidumbre, la fiscalización a las casas de estudio y el plan de contingencia que se aplicaría en aquellas instituciones en que ya se acreditó el lucro.

Sobre este tema, en el Congreso se desarrolló una sesión especial de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados en la que se analizó la investigación que afecta a la Universidad Andrés Bello, instancia a la que estaban citados, pero no asistieron, su rector, Pedro Uribe, y el director de Asuntos Estudiantiles, José Luis León.

Respecto de este caso, el jefe de la División Superior del Mineduc, Francisco Martínez, señaló que es un caso diferente por tratarse de una universidad acreditada, explicando que existe “un informe relacionado con lucro que involucra a todas las instituciones del grupo Laureate y que está en proceso en la Fiscalía lo relacionado con una posible violación a alguna ley que les afectara”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Educación, diputado DC Mario Venegas, afirmó que es urgente regular este tema, por lo que junto a otros parlamentarios de la Nueva Mayoría se reunieron con el ministro Nicolás Eyzaguirre para entregar el informe de la comisión investigadora “Lucro 2” y del proyecto de ley, presentado hace más de un año, que crea la figura de “interventor especial” en las instituciones privadas sancionadas por la ley.

El propio Venegas indicó que en la reunión conversaron sobre cómo fortalecer la institucionalidad fiscalizadora para estos casos: “Hablamos de crear una subsecretaría de Educación Superior, porque hoy existe más de un millón de estudiantes en ese nivel, la creación de una Superintendencia que fiscalice de verdad, dotada de recursos y de herramientas para legislar sobre una serie de otras materias que están contenidas y detalladas ahí”, detalló.

Además, agregó que el documento entregado servirá de insumo a la “ley corta” que el gobierno ingresaría la próxima semana al Congreso.

Respecto de esta situación, también se pronunció la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, quien insistió en la urgencia de este proyecto, asegurando que “es de vital importancia crear esta figura, porque hay que recordar que existen doce universidades en la Fiscalía, con las que se puede tener complicaciones, por lo que es urgente disponer al menos de esta figura del interventor para empezar a crear una institucionalidad que nos permita proteger a los estudiantes, docentes y trabajadores de alguna universidad que presente una situación parecida a la de la Universidad del Mar”.

Cabe destacar que aún está pendiente definir cuáles serán las herramientas y facultades que tendrá este “interventor especial” para resguardar el derecho de los estudiantes a terminar sus estudios.

Para ello, explicó la parlamentaria, el proyecto presentado incluye amplios poderes para un administrador provisional que se transforme en “una especie de rector” bajo la tutoría del ministerio de Educación.

Éste no tendría que realizar un diagnóstico, como ocurrió en el caso de la Universidad del Mar, sino que debería auditar financieramente, chequear las mallas curriculares y, en caso de ser necesario, pensar en las características y tiempos para un proceso de cierre.

Otro de los integrantes de la comisión, el diputado Giorgio Jackson, presentó antecedentes sobre la compleja situación que debe resolver la institucionalidad y en la que los estudiantes han apuntado al Estado como responsable.

“Hay una deserción de más del 50 por ciento en este sistema, con mucha mayor deserción en sectores socioeconómicos bajos. Casi un 60 por ciento de los egresados no trabaja en lo que estudiaron. Y casi un 40 por ciento, que incluso en términos de retorno económico como algunos lo quieren instalar, con esta educación como bien de consumo, al que no le convino haber estudiado”, analizó.

En lo inmediato, el ministro Eyzaguirre ya anunció que la reforma ampliará la prohibición de lucro a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.