La agenda del ministerio de Educación se enfrenta a uno de los principales temas de la reforma en su primera etapa, que corresponde a cómo frenar el lucro en la educación superior. En ese contexto, diputados exigen urgencia al proyecto de ley que crea el “interventor especial” para aquellas universidades que sean sancionadas, además de solicitar una estructura estatal que regule a todas las instituciones, a propósito del caso de la Universidad Andrés Bello.
