Entrevistado en el programa Semáforo de nuestra emisora, Ainzúa definió los impuestos verdes como cargos económicos que se imponen estatalmente sobre actividades, productos o servicios que tienen efectos dañinos sobre el Medio Ambiente. Los impuestos se incorporan dentro de los precios del servicio, reconociendo los costos por impactos ambientales.
Ainzúa advirtió sobre los cuestionamientos que se pueden realizar al principio ético que está detrás de este impuesto, donde según el experto: “se legitima la posibilidad de contaminar siempre y cuando se pague por hacerlo”.
“Hay un principio ético complicado, la incorporación de impuestos termina legitimando la actividad. Debieran ser instrumentos no pensando en la panacea, sino en ser complementarios a otros. Agregado a una buena normativa, uno debiera pensar que la política ambiental tiene principios que no se transan”, indicó.
El experto aseguró que no existe forma de garantizar que la carga tributaria que se impone al contaminante, sea equivalente al daño que la actividad produce. Ya que en Chile, las estimaciones económicas para el impuesto se basan en el costo que podría originar en salud, y se dejan de lado otras áreas que también podrían verse afectadas.
Ainzúa señala que “no solo tiene impacto en salud, si tú instalas una termoeléctrica en una zona, esta perderá otros intereses o actividades. Hay supraevaluación de los costos, uno podría pensar en otros costos adicionales, la degradación de la belleza escénica, la estética, etc”.
Además, Sebastián Ainzúa explicó que el impuesto ambiental contiene dos partes: Impuesto a las emisiones y a los vehículos livianos a Diesel. Manifestó que el segundo, podría afectar directamente a la población: “El impuesto al diésel puede afectarnos a todos. Van a quedar fuera vehículos livianos de transporte de carga y pasajero, entonces pymes no se verán afectadas”.
Finalmente, Ainzúa emplazó a mirar con cuidado las amenazas que se realizan respecto de que el impuesto de emisiones contaminantes subiría el precio de la energía. Según el economista, los contratos estarían establecidos al menos hasta el año 2019, lo que dificultaría las posibilidades de alzas hasta ese entonces.
Conjuntamente, aseguró que lo que está haciendo el gobierno con el impuesto al Diésel, es intentar resolver de manera indirecta un problema mucho más profundo: “El que los impuestos en Chile de Gasolina y Diesel, están muy por debajo de los impactos ambientales que producen”.
Entrevistado en el programa Semáforo de nuestra emisora, Ainzúa definió los impuestos verdes como cargos económicos que se imponen estatalmente sobre actividades, productos o servicios que tienen efectos dañinos sobre el Medio Ambiente. Los impuestos se incorporan dentro de los precios del servicio, reconociendo los costos por impactos ambientales.
Ainzúa advirtió sobre los cuestionamientos que se pueden realizar al principio ético que está detrás de este impuesto, donde según el experto: “se legitima la posibilidad de contaminar siempre y cuando se pague por hacerlo”.
“Hay un principio ético complicado, la incorporación de impuestos termina legitimando la actividad. Debieran ser instrumentos no pensando en la panacea, sino en ser complementarios a otros. Agregado a una buena normativa, uno debiera pensar que la política ambiental tiene principios que no se transan”, indicó.
El experto aseguró que no existe forma de garantizar que la carga tributaria que se impone al contaminante, sea equivalente al daño que la actividad produce. Ya que en Chile, las estimaciones económicas para el impuesto se basan en el costo que podría originar en salud, y se dejan de lado otras áreas que también podrían verse afectadas.
Ainzúa señala que “no solo tiene impacto en salud, si tú instalas una termoeléctrica en una zona, esta perderá otros intereses o actividades. Hay supraevaluación de los costos, uno podría pensar en otros costos adicionales, la degradación de la belleza escénica, la estética, etc”.
Además, Sebastián Ainzúa explicó que el impuesto ambiental contiene dos partes: Impuesto a las emisiones y a los vehículos livianos a Diesel. Manifestó que el segundo, podría afectar directamente a la población: “El impuesto al diésel puede afectarnos a todos. Van a quedar fuera vehículos livianos de transporte de carga y pasajero, entonces pymes no se verán afectadas”.
Finalmente, Ainzúa emplazó a mirar con cuidado las amenazas que se realizan respecto de que el impuesto de emisiones contaminantes subiría el precio de la energía. Según el economista, los contratos estarían establecidos al menos hasta el año 2019, lo que dificultaría las posibilidades de alzas hasta ese entonces.
Conjuntamente, aseguró que lo que está haciendo el gobierno con el impuesto al Diésel, es intentar resolver de manera indirecta un problema mucho más profundo: “El que los impuestos en Chile de Gasolina y Diesel, están muy por debajo de los impactos ambientales que producen”.
Entrevistado en el programa Semáforo de nuestra emisora, Ainzúa definió los impuestos verdes como cargos económicos que se imponen estatalmente sobre actividades, productos o servicios que tienen efectos dañinos sobre el Medio Ambiente. Los impuestos se incorporan dentro de los precios del servicio, reconociendo los costos por impactos ambientales.
Ainzúa advirtió sobre los cuestionamientos que se pueden realizar al principio ético que está detrás de este impuesto, donde según el experto: “se legitima la posibilidad de contaminar siempre y cuando se pague por hacerlo”.
“Hay un principio ético complicado, la incorporación de impuestos termina legitimando la actividad. Debieran ser instrumentos no pensando en la panacea, sino en ser complementarios a otros. Agregado a una buena normativa, uno debiera pensar que la política ambiental tiene principios que no se transan”, indicó.
El experto aseguró que no existe forma de garantizar que la carga tributaria que se impone al contaminante, sea equivalente al daño que la actividad produce. Ya que en Chile, las estimaciones económicas para el impuesto se basan en el costo que podría originar en salud, y se dejan de lado otras áreas que también podrían verse afectadas.
Ainzúa señala que “no solo tiene impacto en salud, si tú instalas una termoeléctrica en una zona, esta perderá otros intereses o actividades. Hay supraevaluación de los costos, uno podría pensar en otros costos adicionales, la degradación de la belleza escénica, la estética, etc”.
Además, Sebastián Ainzúa explicó que el impuesto ambiental contiene dos partes: Impuesto a las emisiones y a los vehículos livianos a Diesel. Manifestó que el segundo, podría afectar directamente a la población: “El impuesto al diésel puede afectarnos a todos. Van a quedar fuera vehículos livianos de transporte de carga y pasajero, entonces pymes no se verán afectadas”.
Finalmente, Ainzúa emplazó a mirar con cuidado las amenazas que se realizan respecto de que el impuesto de emisiones contaminantes subiría el precio de la energía. Según el economista, los contratos estarían establecidos al menos hasta el año 2019, lo que dificultaría las posibilidades de alzas hasta ese entonces.
Conjuntamente, aseguró que lo que está haciendo el gobierno con el impuesto al Diésel, es intentar resolver de manera indirecta un problema mucho más profundo: “El que los impuestos en Chile de Gasolina y Diesel, están muy por debajo de los impactos ambientales que producen”.
