Especialistas, arquitectos y organizaciones relacionadas con el tema expresaron sus visiones, poniendo el acento en la necesidad de considerar la voz de los habitantes, en cualquier solución que se quiera implementar.
De acuerdo al informe entregado por la ministra de Vivienda y Urbanismo, 3 mil 230 fue el total de techos catastrados, de los cuales 2 mil 491 viviendas presentan daños irreparables; 165 están en condiciones de ser reparadas; y 582 no presentan daños. El programa espera dar respuesta a las características de cada familia, considerando el estado de la propiedad, su calidad y las opciones de desarrollo familiar, sin que estos datos oficiales destaquen que cerca del 35% de las construcciones eran de carácter ilegal.
El Presidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Sótero Apablaza expresó que la opinión del gremio es defender ante todo el derecho de los habitantes a continuar viviendo en los cerros, a recuperar el patrimonio de Valparaíso, rescatando los barrios y las relaciones que han forjado las familias a través de los años.
“Valparaíso patrimonial no se puede entender sin el hombre que ha conquistado quebradas y lomas y ese derecho nosotros lo defendemos. Por eso tiene que ir aparejado con proyectos urbanos donde se mejore la conectividad a través de continuar esas calles que alguna vez fueron abovedadas en la parte bajo de avenida Alemania, continuarla hacia arriba en un buen nivel con una buena estructura con buen trabajo de ingeniería” manifestó Apablaza.
En tanto, el académico del Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, Ricardo Tapia, destacó que cualquier medida a largo plazo debe considerar mejorar la accesibilidad, como también recoger el éxito que ha tenido el programa de gobierno “Quiero mi Barrio”, que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Rodrigo Tapia explicó que “como país y como nación tenemos que incorporar decididamente estos planes de reordenamiento territorial y, en ese sentido, creo que las indicaciones que empiezan a surgir con esta nueva política nacional de desarrollo urbano que se echó a andar en el gobierno de Piñera y que el gobierno de Bachelet la va a asumir como tal, me parecen un buen camino. Entonces habría que incorporar la política nacional de desarrollo urbano, que es en parte uno de los instrumentos de plan de ordenamiento territorial, estas nuevas variables que tienen que estar dentro del diseño de nuestras ciudades”.
Alberto Gurovic, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, resaltó que el trabajo de reconstrucción no es fácil ni rápido, pues se debe equilibrar la seguridad con el deseo de relocalizarse de los habitantes de los cerros.
Gurovic enfatizó que “por un lado hay un problema de dignidad y de respeto al residente, y por otro lado está el hecho hay que prever que esto no vuelva a ocurrir, no solo en el área que fue afectada sino también en el resto del estructura porteña, en resumen nos parece muy bien este proyecto y nos parece muy bien el hecho de que se le pase al municipio que es el que tiene que actuar y tiene que controlar directamente todo el aparato de gestión, la responsabilidad, e incluso se les permita fortalecer sus aparatos técnicos”.
El académico insistió en un proyecto que contemple una red de accesibilidad y servicios que les permita autonomía a las diversas familias, además de resolver el modo de asentamiento que se ha realizado en esos espacios.
Para Carola Manríquez, integrante de la organización “Reconstrucción justa”, ninguna medida será efectiva si no se escucha a los actores principales del problema, que son las propias familias.
“Lamentablemente si el gobierno o los servicios públicos, en este caso el municipio, siguen trabajando con los mismo instrumentos que no tienen ninguna modificación y que lamentablemente no logran dar la respuesta a las necesidades vamos a caer en el mismo proceso burocrático que vivimos los damnificados del 27-F y que a cuatro años de esa experiencia, todavía hay muchos vecinos, sobre todo en el Biobío que todavía no tienen solución”.
Según el anuncio de la ministra para acceder al beneficio, el proyecto deberá estar aprobado por la Dirección de Obras Municipales (DOM); contar con la Recepción Final del Proyecto Construido, en caso de Construcción en Sitio Propio; acreditar núcleo familiar, y no ser propietario de una segunda vivienda, a menos que ambas hayan resultado siniestradas.
Especialistas, arquitectos y organizaciones relacionadas con el tema expresaron sus visiones, poniendo el acento en la necesidad de considerar la voz de los habitantes, en cualquier solución que se quiera implementar.
De acuerdo al informe entregado por la ministra de Vivienda y Urbanismo, 3 mil 230 fue el total de techos catastrados, de los cuales 2 mil 491 viviendas presentan daños irreparables; 165 están en condiciones de ser reparadas; y 582 no presentan daños. El programa espera dar respuesta a las características de cada familia, considerando el estado de la propiedad, su calidad y las opciones de desarrollo familiar, sin que estos datos oficiales destaquen que cerca del 35% de las construcciones eran de carácter ilegal.
El Presidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Sótero Apablaza expresó que la opinión del gremio es defender ante todo el derecho de los habitantes a continuar viviendo en los cerros, a recuperar el patrimonio de Valparaíso, rescatando los barrios y las relaciones que han forjado las familias a través de los años.
“Valparaíso patrimonial no se puede entender sin el hombre que ha conquistado quebradas y lomas y ese derecho nosotros lo defendemos. Por eso tiene que ir aparejado con proyectos urbanos donde se mejore la conectividad a través de continuar esas calles que alguna vez fueron abovedadas en la parte bajo de avenida Alemania, continuarla hacia arriba en un buen nivel con una buena estructura con buen trabajo de ingeniería” manifestó Apablaza.
En tanto, el académico del Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, Ricardo Tapia, destacó que cualquier medida a largo plazo debe considerar mejorar la accesibilidad, como también recoger el éxito que ha tenido el programa de gobierno “Quiero mi Barrio”, que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Rodrigo Tapia explicó que “como país y como nación tenemos que incorporar decididamente estos planes de reordenamiento territorial y, en ese sentido, creo que las indicaciones que empiezan a surgir con esta nueva política nacional de desarrollo urbano que se echó a andar en el gobierno de Piñera y que el gobierno de Bachelet la va a asumir como tal, me parecen un buen camino. Entonces habría que incorporar la política nacional de desarrollo urbano, que es en parte uno de los instrumentos de plan de ordenamiento territorial, estas nuevas variables que tienen que estar dentro del diseño de nuestras ciudades”.
Alberto Gurovic, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, resaltó que el trabajo de reconstrucción no es fácil ni rápido, pues se debe equilibrar la seguridad con el deseo de relocalizarse de los habitantes de los cerros.
Gurovic enfatizó que “por un lado hay un problema de dignidad y de respeto al residente, y por otro lado está el hecho hay que prever que esto no vuelva a ocurrir, no solo en el área que fue afectada sino también en el resto del estructura porteña, en resumen nos parece muy bien este proyecto y nos parece muy bien el hecho de que se le pase al municipio que es el que tiene que actuar y tiene que controlar directamente todo el aparato de gestión, la responsabilidad, e incluso se les permita fortalecer sus aparatos técnicos”.
El académico insistió en un proyecto que contemple una red de accesibilidad y servicios que les permita autonomía a las diversas familias, además de resolver el modo de asentamiento que se ha realizado en esos espacios.
Para Carola Manríquez, integrante de la organización “Reconstrucción justa”, ninguna medida será efectiva si no se escucha a los actores principales del problema, que son las propias familias.
“Lamentablemente si el gobierno o los servicios públicos, en este caso el municipio, siguen trabajando con los mismo instrumentos que no tienen ninguna modificación y que lamentablemente no logran dar la respuesta a las necesidades vamos a caer en el mismo proceso burocrático que vivimos los damnificados del 27-F y que a cuatro años de esa experiencia, todavía hay muchos vecinos, sobre todo en el Biobío que todavía no tienen solución”.
Según el anuncio de la ministra para acceder al beneficio, el proyecto deberá estar aprobado por la Dirección de Obras Municipales (DOM); contar con la Recepción Final del Proyecto Construido, en caso de Construcción en Sitio Propio; acreditar núcleo familiar, y no ser propietario de una segunda vivienda, a menos que ambas hayan resultado siniestradas.
Especialistas, arquitectos y organizaciones relacionadas con el tema expresaron sus visiones, poniendo el acento en la necesidad de considerar la voz de los habitantes, en cualquier solución que se quiera implementar.
De acuerdo al informe entregado por la ministra de Vivienda y Urbanismo, 3 mil 230 fue el total de techos catastrados, de los cuales 2 mil 491 viviendas presentan daños irreparables; 165 están en condiciones de ser reparadas; y 582 no presentan daños. El programa espera dar respuesta a las características de cada familia, considerando el estado de la propiedad, su calidad y las opciones de desarrollo familiar, sin que estos datos oficiales destaquen que cerca del 35% de las construcciones eran de carácter ilegal.
El Presidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Sótero Apablaza expresó que la opinión del gremio es defender ante todo el derecho de los habitantes a continuar viviendo en los cerros, a recuperar el patrimonio de Valparaíso, rescatando los barrios y las relaciones que han forjado las familias a través de los años.
“Valparaíso patrimonial no se puede entender sin el hombre que ha conquistado quebradas y lomas y ese derecho nosotros lo defendemos. Por eso tiene que ir aparejado con proyectos urbanos donde se mejore la conectividad a través de continuar esas calles que alguna vez fueron abovedadas en la parte bajo de avenida Alemania, continuarla hacia arriba en un buen nivel con una buena estructura con buen trabajo de ingeniería” manifestó Apablaza.
En tanto, el académico del Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, Ricardo Tapia, destacó que cualquier medida a largo plazo debe considerar mejorar la accesibilidad, como también recoger el éxito que ha tenido el programa de gobierno “Quiero mi Barrio”, que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Rodrigo Tapia explicó que “como país y como nación tenemos que incorporar decididamente estos planes de reordenamiento territorial y, en ese sentido, creo que las indicaciones que empiezan a surgir con esta nueva política nacional de desarrollo urbano que se echó a andar en el gobierno de Piñera y que el gobierno de Bachelet la va a asumir como tal, me parecen un buen camino. Entonces habría que incorporar la política nacional de desarrollo urbano, que es en parte uno de los instrumentos de plan de ordenamiento territorial, estas nuevas variables que tienen que estar dentro del diseño de nuestras ciudades”.
Alberto Gurovic, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, resaltó que el trabajo de reconstrucción no es fácil ni rápido, pues se debe equilibrar la seguridad con el deseo de relocalizarse de los habitantes de los cerros.
Gurovic enfatizó que “por un lado hay un problema de dignidad y de respeto al residente, y por otro lado está el hecho hay que prever que esto no vuelva a ocurrir, no solo en el área que fue afectada sino también en el resto del estructura porteña, en resumen nos parece muy bien este proyecto y nos parece muy bien el hecho de que se le pase al municipio que es el que tiene que actuar y tiene que controlar directamente todo el aparato de gestión, la responsabilidad, e incluso se les permita fortalecer sus aparatos técnicos”.
El académico insistió en un proyecto que contemple una red de accesibilidad y servicios que les permita autonomía a las diversas familias, además de resolver el modo de asentamiento que se ha realizado en esos espacios.
Para Carola Manríquez, integrante de la organización “Reconstrucción justa”, ninguna medida será efectiva si no se escucha a los actores principales del problema, que son las propias familias.
“Lamentablemente si el gobierno o los servicios públicos, en este caso el municipio, siguen trabajando con los mismo instrumentos que no tienen ninguna modificación y que lamentablemente no logran dar la respuesta a las necesidades vamos a caer en el mismo proceso burocrático que vivimos los damnificados del 27-F y que a cuatro años de esa experiencia, todavía hay muchos vecinos, sobre todo en el Biobío que todavía no tienen solución”.
Según el anuncio de la ministra para acceder al beneficio, el proyecto deberá estar aprobado por la Dirección de Obras Municipales (DOM); contar con la Recepción Final del Proyecto Construido, en caso de Construcción en Sitio Propio; acreditar núcleo familiar, y no ser propietario de una segunda vivienda, a menos que ambas hayan resultado siniestradas.
