Diario y Radio U Chile

Año XII, 5 de junio de 2020

Escritorio MENÚ

Compra estatal de colegios desata polémica entre actores de la educación

Uno de los ejes de la Reforma Educacional del Gobierno es el fin al lucro. En este punto se contempla la compra de establecimientos particulares subvencionados, un tema que ha generado fuertes críticas desde la oposición y los sostenedores. Pero, ¿qué se propone en concreto?, ¿es viable?, ¿qué se piensa de los plazos? Y, por sobre todo, esta opción ¿resuelve el problema del lucro?

Paula Correa

  Domingo 8 de junio 2014 10:10 hrs. 





El proyecto de ley da un plazo máximo de dos años para que todos los establecimientos particulares subvencionados sean instituciones sin fines de lucro y establece que los recursos públicos sólo pueden destinarse a fines educativos. Con esto los recursos que reciban los establecimientos irán dirigidos exclusivamente a financiar la calidad de la enseñanza y los procesos educativos.

Como fórmula, se da un plazo de 12 años para que el Estado o los sostenedores privados se conviertan en dueños de los llamados “inmuebles educacionales esenciales”.  Esto ha despertado críticas en la oposición y desde la Democracia Cristiana, donde muchos de sus integrantes mantienen proyectos educativos.

Los sostenedores son quienes más han insistido en las desventajas del proyecto. Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares y Subvencionados (Conacep), afirmó que los colegios y los sostenedores “no están a la venta” y añadió que discutir sobre una compra con la otra parte no dispuesta les parece sorprendente. Además, manifestó sus reparos.

“Más de un 70 por ciento de los establecimientos no son de propiedad de los sostenedores” afirmó y añadió que aunque quisieran tomar la decisión de integrar la propiedad a las corporaciones “el 70 por ciento de los proyectos nacen muertos”. Además, sostuvo que aún salvando esa barrera, la propiedad debería ingresar a la entidad sin fines de lucro de forma saneada, es decir, sin deuda o gravamen alguno.

Herrera añadió que más del 80 por ciento de las propiedades tienen algún tipo de deudas con terceros. Pero lo que le parece aún más impresentable, sostuvo, es que el Mineduc defina la compra y la forma, es decir que sea por la cantidad de alumnos y no por el valor de la infraestructura, lo que desde el punto de vista comercial, afirma “no tiene ninguna lógica”.

También se sumó a la crítica política indicando que es insólito que el Gobierno gaste los recursos de la Reforma Tributaria en compra de “fierros” que hoy están en disposición de la Educación. Otra mirada tiene Cristián Bellei, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile para quien los establecimientos subvencionados que adquieren sus edificios lo hacen con el dinero de la subvención. “La plata con la que los sostenedores privados han estado comprado sus edificios durante todos estos años, son recursos públicos”, afirmó y añadió “en ese sentido no hay un desvío nuevo de recursos en gran escala, sino que más bien es transparentar una situación de hecho”.

El también Doctor en Educación de la Universidad de Harvard afirmó que siempre es así en todo el mundo, incluso en países que promueven la entrada de privados a la educación, una de las exigencias que ya tengan la edificación y el equipamiento.

Sin embargo, desde el Movimiento Educación 2020, organización cercana al Gobierno y donde aún están en estudio de los proyectos, advirtieron que debe darse una re-evaluación a los plazos. Así lo sostuvo el Investigador de Política Educativa, Manuel Sepúlveda. “No por determinar un plazo específico como tiene hoy (la reforma) se va a poner en riesgo que esto finalmente tenga éxito” y añadió que hay que dilatar los tiempos para realizar un cambio de fondo.

En general los investigadores comparten que la compra de colegios es una buena alternativa y que soluciona un aspecto del problema del lucro ligado a los bienes esenciales. Sin embargo, señalan también que hay que prestar atención a otros elementos de la reforma como el problema del lucro en los contratos relacionados, la gestión, la asesoría técnica, o la compra de materiales para regular bien, de forma que no existan otros mecanismos de “lucro encubierto”.

Esto, además, debiera complementarse con una nueva política docente, la des municipalización, el fortalecimiento de la educación técnica, entre otros temas.

Participación en las reformas

Para estos efectos, el viernes pasado el ministro del ramo, Nicolás Eyzaguirre, lanzó un Plan Nacional de participación ciudadana para una Educación de calidad para todos y todas. La iniciativa fue bien valorada por las organizaciones sociales, pero puso en alerta a los estudiantes.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (FEUSACH), Takuri Tapia, se mostró reticente al anuncio el que catalogó como “una invitación muy tardía”. Además, señaló que se realiza en el contexto de una movilización el próximo martes 10 de junio. A respecto afirmó que mantienen el aprendizaje del 2006 y que no van a rechazar instancias, pero tampoco se van a sentar a dialogar o adoptar resoluciones que no hayan sido discutidas con sus compañeros.