Se sabe cómo entran los proyectos, pero no se sabe cómo salen, esa parece ser la norma hoy en día en el Senado que se ha transformado en el principal filtro de los proyectos que el Gobierno ha planteado y que son conocidos como los “pilares” de esta administración.
Claro fue el ejemplo de la Reforma Tributaria, iniciativa que fue drásticamente modificada en la cámara alta por los senadores, luego del acuerdo transversal alcanzado con la derecha y bajo la venia del sector empresarial
En esta ocasión, es la reforma al sistema electoral binominal la que corre peligro en el Senado, luego de los reparos que se han presentado desde diversos sectores y que han obligado al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, abrirse a la posibilidad de realizar modificaciones a lo dispuesto por la cámara baja.
De acuerdo a lo aprobado por los diputados, se modifican los distritos y las circunscripciones y se aumenta el número de parlamentarios. En el caso de los senadores se llega a 50 parlamentarios, mientras que en la cámara baja se sube de 120 a 155 escaños.
Pero, estas disposiciones no generan una reacción muy positiva en el Senado, sobre todo en aquellos representantes de zonas extremas, las cuáles continuarán bajo el sistema binominal de acuerdo a la reforma.
Esto debido al criterio demográfico que contempla la iniciativa que premia a las regiones más pobladas con una mayor cantidad de parlamentarios que aquellas que posean una densidad poblacional menor.
“Lo inviable hoy es pretender quebrar la representación proporcional de las circunscripciones. En lo que se refiere al Senado, en su proyecto original, eso no va a prosperar”, señaló el senador independiente, Alejandro Guillier, expresando los reparos que posee la bancada regionalista al respecto.
“Hay cosas que valoro. Por supuesto, el término de este sistema y la Ley de Cuotas. Pero en el redistritaje tengo serias dudas con las regiones extremas y, en el caso del Senado, es inaceptable. Votaría en contra de todas maneras. Con todo, soy optimista. Creo que llegaremos a un acuerdo antes de votar”, agrega el senador Guillier.
Incluso desde Amplitud, sector que cuenta con un voto fundamental para el Ejecutivo, se suman a estas aprehensiones “obviamente el binominal hay que cambiarlo. Hay que hacer un sistema inclusivo, representativo y proporcional, y nos parece como un principio rector la representatividad correcta de las regiones. Así que esperamos que en esta discusión que viene tengamos la posibilidad de poner estos argumentos sobre la mesa”. Recalcó la senadora Lily Pérez, valorando la apertura a los cambios expresada por Peñailillo.
Quienes no transarán aunque se lleven a cabo cambios es en la UDI, sector que desde un comienzo ha expresado su rechazo a la reforma, “si el proyecto sigue buscando aumentar el número de parlamentarios sin tener ningún estudio que lo respalde, votaré en contra”, sostuvo el senador Juan Antonio Coloma.
Pese a que en RN se han mostrado más dispuestos a llegar a un acuerdo, critican el aumento del número de parlamentarios y el redistritaje, tema que incluso provocó el quiebre del sector con el movimiento Amplitud.
El senador de RN, Manuel José Ossandon, expresó su desacuerdo con el aumento del número de senadores, a diferencia de lo que plantea su directiva, que ha propuesto que se incremente entre 52 y 54 los parlamentarios de la Cámara Alta.
Ossandón agregó que el proyecto no es el indicado debido a que se está transformando en dos veces lo que era el binominal, ya que, aseguró, “saldrán los mismos de siempre y un par más”. Además, expresó que en el proyecto no se está tocando el tema de la reelección de los senadores.
En la Alianza insisten además en que esta reforma es un “traje a la medida” de la Nueva Mayoría ya que no favorecería a los sectores independientes y aumentaría la sobrerepresentación del oficialismo.
Regiones en duda
En el oficialismo el problema sigue siendo la representación en las regiones extremas, así lo sostuvo el senador independiente ex DC, Pedro Araya “mantengo mi rechazo al binominal sabiendo que mi voto será clave para su aprobación. Quiero dejar en claro que, de rechazarse en el Senado, esto se deberá a que el ministro del Interior no ha sabido escuchar las demandas de las zonas extremas, donde el binominal no sería eliminado como en la Región Metropolitana”, planteó Araya.
“Me parece tremendamente injusto que Santiago concentre la mayor cantidad de senadores que se están aumentando en perjuicio de las zonas extremas, como es el caso de la región de Antofagasta”, agregó.
Al respecto, el presidente del PS y vocero de la Nueva Mayoría, Osvaldo Andrade, entregó su respaldo al Gobierno “el ministro ha señalado y ha reiterado su disposición a dialogar con todos los senadores y lo que le hemos reiterado es que se vinculen adecuadamente el principio de que todos los chilenos valemos lo mismo al momento de votar”, indicó.
Por su parte el senador de la DC, Jorge Pizarro, pidió mayor discreción a sus pares “”creo que los que menos debemos opinar somos los propios parlamentarios, porque somos incumbentes y en algunos casos se nota demasiado que quieren un traje a la medida”, señaló.
Para tratar de revertir las críticas al proyecto el Gobierno evalúa, entre otras disposiciones, reducir la cantidad de parlamentarios electos en la Región Metropolitana de 7 a 5 para que esos cupos vayan a parar a las regiones extremas.
Respecto de la posibilidad de aumentar el número de parlamentarios el asunto es más complejo porque eso obliga a quebrar parte de los acuerdos alcanzados con el movimiento Amplitud, poniendo en riesgo el voto clave de la senadora Lily Pérez.
Recordemos que además de las críticas a la reforma del sistema electoral, se sumaron otras ideas y temas que se suman al debate.
A la discusión que se abrió en torno a la posibilidad de crear un parlamento unicameral (puede ir link de la nota que hice el fin de semana http://radio.uchile.cl/2014/09/07/diputados-y-senadores-enfrentados-por-parlamento-unicameral) se suma la propuesta de Renovación Nacional de disminuir las atribuciones que actualmente posee el Presidente de la República.
La idea propone ampliar la iniciativa parlamentaria y reducir las atribuciones del Presidente, “solo a los casos donde la iniciativa legal afecte la administración del Estado”.
Además se plantea revisar la facultad de veto del mandatario ya que a su juicio, “afecta veladamente las atribuciones legislativas del parlamento”.