Dentro de los proyectos que componen la agenda de transparencia y probidad existe uno que ha avanzado de forma silenciosa en el Parlamento, pero que ya comienza a generar algunos resquemores.
Se trata de la iniciativa que busca cesar en el cargo a aquellas autoridades elegidas vía sufragio, que cometiesen actos reñidos con la probidad y que ya superó su primer trámite constitucional en el Senado.
Las dudas surgen debido a la forma en que pueda llevarse a cabo la sanción en contra de las autoridades y al rol que pueda jugar el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que se usaría como juzgado de primera instancia bajo la nueva ley.
Hay sectores que consideran que dicho tribunal no es el más adecuado para ejercer dicha labor, debido a que son temas de competencia del Tribunal Constitucional que, de todas formas, sería el encargado de dirimir de manera definitiva lo que dictamine el Tricel.
Al respecto, el senador independiente Alejandro Guillier, miembro de la comisión especial de probidad de la Cámara Alta, critica la ausencia de una política macro en la materia. “Nosotros tenemos muchas normas vigentes que regulan la relación dinero y política, pero que nunca se han aplicado. Hay que tener prudencia al momento de elaborar las normas, porque si no son efectivas nos vamos a quedar en puro trabajo burocrático”.
Para la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile María Cristina Escudero, es necesario poner el énfasis en las capacidades que tengan estas entidades para cumplir la nueva norma. “Más que cuestionar la naturaleza de la institución trataría de ver cuáles serán los recursos con los que contaría esta entidad. Si es el Tricel debe ser relativo a las elecciones y no a otro tipo de cosas”.
Otro de los reparos que existen a la iniciativa es la ambigüedad con la que se presentan algunos artículos. Por ejemplo, no está claro qué actos pueden ser considerados como “graves” o “muy graves”, por lo que se necesitará de otro proyecto de ley que defina dichos criterios.
Para el senador Alejandro Guillier esto es de cuidado, porque “se pueden estar aprobando normas que en el papel parecen drásticas, pero que en los hechos nunca se aplican porque son etéreas”.
Dentro de los proyectos que componen la agenda de transparencia y probidad existe uno que ha avanzado de forma silenciosa en el Parlamento, pero que ya comienza a generar algunos resquemores.
Se trata de la iniciativa que busca cesar en el cargo a aquellas autoridades elegidas vía sufragio, que cometiesen actos reñidos con la probidad y que ya superó su primer trámite constitucional en el Senado.
Las dudas surgen debido a la forma en que pueda llevarse a cabo la sanción en contra de las autoridades y al rol que pueda jugar el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que se usaría como juzgado de primera instancia bajo la nueva ley.
Hay sectores que consideran que dicho tribunal no es el más adecuado para ejercer dicha labor, debido a que son temas de competencia del Tribunal Constitucional que, de todas formas, sería el encargado de dirimir de manera definitiva lo que dictamine el Tricel.
Al respecto, el senador independiente Alejandro Guillier, miembro de la comisión especial de probidad de la Cámara Alta, critica la ausencia de una política macro en la materia. “Nosotros tenemos muchas normas vigentes que regulan la relación dinero y política, pero que nunca se han aplicado. Hay que tener prudencia al momento de elaborar las normas, porque si no son efectivas nos vamos a quedar en puro trabajo burocrático”.
Para la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile María Cristina Escudero, es necesario poner el énfasis en las capacidades que tengan estas entidades para cumplir la nueva norma. “Más que cuestionar la naturaleza de la institución trataría de ver cuáles serán los recursos con los que contaría esta entidad. Si es el Tricel debe ser relativo a las elecciones y no a otro tipo de cosas”.
Otro de los reparos que existen a la iniciativa es la ambigüedad con la que se presentan algunos artículos. Por ejemplo, no está claro qué actos pueden ser considerados como “graves” o “muy graves”, por lo que se necesitará de otro proyecto de ley que defina dichos criterios.
Para el senador Alejandro Guillier esto es de cuidado, porque “se pueden estar aprobando normas que en el papel parecen drásticas, pero que en los hechos nunca se aplican porque son etéreas”.
Dentro de los proyectos que componen la agenda de transparencia y probidad existe uno que ha avanzado de forma silenciosa en el Parlamento, pero que ya comienza a generar algunos resquemores.
Se trata de la iniciativa que busca cesar en el cargo a aquellas autoridades elegidas vía sufragio, que cometiesen actos reñidos con la probidad y que ya superó su primer trámite constitucional en el Senado.
Las dudas surgen debido a la forma en que pueda llevarse a cabo la sanción en contra de las autoridades y al rol que pueda jugar el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que se usaría como juzgado de primera instancia bajo la nueva ley.
Hay sectores que consideran que dicho tribunal no es el más adecuado para ejercer dicha labor, debido a que son temas de competencia del Tribunal Constitucional que, de todas formas, sería el encargado de dirimir de manera definitiva lo que dictamine el Tricel.
Al respecto, el senador independiente Alejandro Guillier, miembro de la comisión especial de probidad de la Cámara Alta, critica la ausencia de una política macro en la materia. “Nosotros tenemos muchas normas vigentes que regulan la relación dinero y política, pero que nunca se han aplicado. Hay que tener prudencia al momento de elaborar las normas, porque si no son efectivas nos vamos a quedar en puro trabajo burocrático”.
Para la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile María Cristina Escudero, es necesario poner el énfasis en las capacidades que tengan estas entidades para cumplir la nueva norma. “Más que cuestionar la naturaleza de la institución trataría de ver cuáles serán los recursos con los que contaría esta entidad. Si es el Tricel debe ser relativo a las elecciones y no a otro tipo de cosas”.
Otro de los reparos que existen a la iniciativa es la ambigüedad con la que se presentan algunos artículos. Por ejemplo, no está claro qué actos pueden ser considerados como “graves” o “muy graves”, por lo que se necesitará de otro proyecto de ley que defina dichos criterios.
Para el senador Alejandro Guillier esto es de cuidado, porque “se pueden estar aprobando normas que en el papel parecen drásticas, pero que en los hechos nunca se aplican porque son etéreas”.
