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Año XIV, 11 de agosto de 2022

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Escándalos de probidad y transparencia revelan fragilidad de la legislación chilena

Los escándalos de corrupción, delitos tributarios y de colusión que se han conocido este 2015 plantea la interrogante respecto de la robustez de nuestra institucionalidad para poder dar frente a este tipo de ilícitos. Analistas sostienen que nuestra frágil legislación es la responsable de los escándalos que se han destapado durante este año.

Claudio Medrano

  Domingo 8 de noviembre 2015 9:58 hrs. 
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La lista es larga y parece que aún no se completa. Los casos Penta, SQM y Corpesca, las colusiones de las farmacias, pollos, transportes y ahora el papel higiénico, el desfalco fiscal de la familia Ossandón, el robo de recursos de la Ley Reservada del Cobre en el Ejército y el perdonazo a Johnson’s son parte de los escándalos que se han destapado en los últimos años y que han provocado la indignación de la ciudadanía.

De inmediato surge la pregunta: ¿qué permitió que este tipo de delitos pudiese concretarse? ¿Está nuestra institucionalidad preparada para hacer frente a este tipo de ilícitos? La respuesta parece ser que no, al contrario, las opiniones coinciden en que nuestra frágil legislación favorece la aparición de este tipo de actos.

En ese sentido, se apunta a que nuestra normativa no posee sanciones disuasivas que eviten la concreción de estos delitos, al contrario, en la mayoría de los casos los involucrados terminarán libres y en el mejor de los casos tendrán que pagar una multa ínfima en comparación con la cantidad de dinero defraudada.

Para la directora del Programa Calidad de la Política de la Fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, existe una disparidad de criterios para sancionar los delitos, por ejemplo, en los casos de colusión: “Se ha mostrado la insuficiencia de la legislación chilena, lo que nosotros tenemos hoy en día en términos de sanción no se compara ni por mucho a lo que vemos en otro tipo de delitos como los tributarios”, afirmó.

Similar postura tiene la directora del Área de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, quien sostiene que existe un problema de foco en nuestra legislación: “Este es uno de los casos donde quizás la regulación no prevenía y después sancionaba la colusión o el financiamiento irregular de la política, como estamos viendo también en otro tipo de investigaciones donde quizás nuestra legislación no ponía el acento adecuado”, sostuvo.

A esto se suma, para el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, el hecho de que está enquistada en un sector de nuestra clase empresarial la sensación de que se está por encima de las leyes.

En esa línea, sostuvo que es importante establecer claramente que en nuestro país existe el principio de igualdad ante la ley: “No puede ser de otra manera, porque eso nos ayuda a vivir mejor como sociedad, ellos también tienen que cumplir con la ley igual que yo, así tiene que funcionar”, indicó.

Todos los consultados coinciden en que es necesario fortalecer nuestra legislación implementando sanciones más fuertes que puedan tener un carácter preventivo de este tipo de ilícitos estableciendo, por ejemplo, la pena de cárcel. Recordemos que se encuentra en trámite en el Parlamento, específicamente en la comisión de Constitución de la Cámara, un proyecto de ley que establece penas que van desde los cinco años.

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