Luego de analizar a nivel microbiológico y de macronutrientes las marcas de leches liquidas más vendidas del mercado chileno, el estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) determinó que no existen diferencias nutricionales significativas entre ellas, es por ello, que desde la organización hicieron un llamado a los consumidores compara precios antes de comprar.
Diversas mediciones realizadas en terreno utilizando el odómetro de diversos vehículos, además de herramientas satelitales como Google Earth, señalan que la diferencia entre la medición real y la considerada por la autopista para cobrar sería de 1 Kilómetro.
Tanto el Sernac como organizaciones de consumidores han encendido las alarmas respecto de la eventual decisión del Tribunal Constitucional de impugnar parte del proyecto de ley que otorga nuevas facultades al organismo, entre ellas las sancionatorias. “Su efecto sería profundamente negativo, ya que debilitaría de manera importante el proyecto”, señaló el director del Sernac.
El presidente de Odecus, Setefan Larenas, se refirió a las consecuencias de la reciente aprobación de la Ley de Estacionamientos la cual, a su juicio, viene a consagrar una asimetría absoluta entre las empresas y los consumidores: “Jurídicamente, esta ley es un retroceso”, aseguró.
Avanzan las negociaciones ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por las indemnizaciones en el marco de la colusión del papel tisú. Si bien la empresa CMPC se manifestó dispuesta a compensar a los consumidores a través de la construcción de obras sociales, la medida no dejó conforme a los consumidores, quienes pretenden que los fondos lleguen a todos los afectados.
El objetivo es analizar el Artículo 115 del Reglamento Sanitario de Alimentos que permite a los productos declararse como libres de grasas trans cuando éste no supera el 2 por ciento del contenido total del alimento.
Según la organización de consumidores Conadecus el daño de la empresa se evalúa en 510 millones de pesos. Por ahora, se desconocen los plazos y el mecanismo por el que la empresa compensará a los consumidores. “Queremos iniciar este proceso de la manera más rápida posible”, indicó Hernán Rodríguez, gerente general de CMPC.
Los escándalos de corrupción, delitos tributarios y de colusión que se han conocido este 2015 plantea la interrogante respecto de la robustez de nuestra institucionalidad para poder dar frente a este tipo de ilícitos. Analistas sostienen que nuestra frágil legislación es la responsable de los escándalos que se han destapado durante este año.
Según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), el sistema bancario chileno consiguió ganancias por U$3.700 millones de dólares, entre enero y octubre de 2014, es decir un 35% de incremento en sus ingresos con respecto del mismo período de 2013, en medio de la desaceleración en que se encuentra nuestro país. Mientras que Marco Kremerman, economista de Fundación Sol cuestiona estas excesivas ganancias, el académico de la UDP Branco Matijevic, estima que sólo son consecuencia de la eficiencia de la labor de los bancos.
La demanda colectiva contra el Banco de Chile emprendida por el Sernac es una de las últimas acciones por parte de una de las oficinas más exitosas del Gobierno. Sin embargo, el Servicio cuenta con deficiencias en su funcionamiento, lo que se suma a la poca injerencia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en la regulación del mercado crediticio.
El diputado de la DC Gabriel Silber, uno de los primeros querellantes cuando se destapó el escándalo por la colusión de las farmacias reconoció que los acusados no van a ir a la cárcel y que las penas para los delitos de “cuello y corbata” son muy bajas. En tanto, desde los consumidores se enfatizó la importancia de la demanda civil que busca la devolución de los dineros a los miles de afectados con cargo al patrimonio de las cadenas farmacéuticas por 27 mil millones de pesos.
El Ministerio de Economía está evaluando acciones para incentivar a la banca para que soliciten el Sello Sernac, que después de siete meses de existencia no ha sido solicitada por ninguna institución. Parlamentarios y organizaciones civiles sostienen que esto da muestras del fracaso de la medida, aunque difieren en las soluciones.
