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Año XI, 23 de agosto de 2019

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Plazo para aprobar reformas genera tensión en la Nueva Mayoría

Mientras analistas plantean que el Gobierno confunde el mejoramiento de la gestión con premura para sacar adelante proyectos emblemáticos para el Ejecutivo –con el 31 de enero como fecha límite-, parlamentarios de la Nueva Mayoría plantean que el problema es la “falta de coordinación política”.

Gonzalo Castillo

  Domingo 10 de enero 2016 15:45 hrs. 
Bachelet-Eyzaguirre

El plazo autoimpuesto por el Gobierno para que el próximo 31 de enero estén aprobados siete proyectos fundamentales para el Ejecutivo, ha abierto el debate entre parlamentarios y analistas sobre la real efectividad de una medida como esta, y por contraparte los costos y perjuicios que pudiera ocasionar al interior del oficialismo, en momentos en que se hacen llamados a conseguir la unidad en la coalición, luego, especialmente, del historiado viaje de la Mandataria a la Araucanía, y que generó la renuncia del ministro del Interior, Jorge Burgos, la cual fue no fue aceptada por la Presidenta, y el posterior enojo de la DC, que amenazó incluso con replantear su pertenencia a la Nueva Mayoría.

En este contexto, siete son los proyectos que el Ejecutivo espera que antes del 31 de enero esean promulgados por el Congreso: Ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia; Ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos; Reforma Laboral; Ley que simplifica el sistema tributario; Ley que regula la libre competencia (Anticolusión); Carrera docente y Agenda corta antidelincuencia.

Mientras desde la oposición y algunos sectores de la DC han calificado como “frenesí legislativo” esta imposición de un plazo para sacar adelante estas leyes, la Presidenta Michelle Bachelet destacó la importancia de la agenda legislativa para 2016, y manifestó su optimismo que “en las próximas semanas, esperamos la aprobación de la Agenda Laboral, el avance en las iniciativas legales en trámite o el envío de los proyectos que restan en el área de la educación”.

Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, sostiene que imponer plazos apunta a establecer “puntos de negociación que obliguen a las partes a llegar a un acuerdo político”, pero esto está sujeto al proyecto del cual se trate, ya que si se habla de reformas como Financiamiento de los Partidos Políticos o el Servel, éstas deben ser aprobadas cuanto antes por la proximidad de las elección municipal.

“En el caso de la Reforma Laboral es más complejo, requiere más actores, más debate y eventualmente ahí pudo haberse dado más tiempo para llegar a un acuerdo con todos los actores. Yo analizaría caso a caso y vería dónde hay mayores posibilidades de acuerdo, y cerrar ciertos temas, porque si no podemos chutearlo eternamente”.

Fuentes, quien integró la Comisión Engel, sostiene que ante la brevedad del período presidencial “hay un interés por sacar proyectos rápido antes del segundo año, de modo de tener una implementación y poder subir en las encuestas”, cuestión que el académico de la UDP resume en que “gestión se asocia con sacar proyectos rápido”, lo que ha sucedido en muchos gobiernos, no solamente en el de Michelle Bachelet.

“En algunos temas creo que es pertinente definir cierto deadline para cerrar ciertos temas, en otros creo que es necesario abrirlo porque, a lo mejor, se va a aprobar una mala ley, una ley mal hecha, y por lo tanto ahí creo que hay un equilibrio entre la rapidez para zanjar temas y la buena calidad del proyecto de ley. Creo que ese es el verdadero dilema que enfrentan los gobiernos, y el problema es que tiende a dominar la premura por sobre la calidad del proyecto”.

Si bien, Alberto Mayol, sociólogo y académico de la Universidad de Santiago plantea, al igual que Claudio Fuentes, que en sí mismos el imponerse plazos no es positivo ni negativo, ya que por un lado permite que las negociaciones se apresuren y que los partidos sepan el marco de acción de la discusión parlamentaria de un proyecto, pero “cuando la fecha te obliga a sacar el titular de lo que quieres sacar como proyecto sin preocuparte del contenido (…), es evidente que se vuelve problemático”.

“El Gobierno, en general, ha trabajado el tema de los plazos de un modo tal que deja la puerta abierta a la lucha intestina, dentro de la Nueva Mayoría, y eso es lo que genera que la coalición esté permanentemente fricción, en roce”, agrega Mayol.

Para el académico de la Universidad de Santiago, el Ejecutivo estaría confundiendo las dificultades de gestión política, hecho que ha sido criticado incluso desde el interior del oficialismo, con los tiempos para sacar adelante algunas de las reformas consideradas fundamentales por la Nueva Mayoría.

“El Gobierno se está inventando que la gestión se trata de cumplir los plazos, pero evidentemente eso no es así. Para mí es suficiente pensar que hoy día el Gobierno hizo una reforma que -yo la encuentro muy pobre en muchas cosas- en términos de beneficiarios duros son miles las personas que hoy día obtienen la gratuidad, que es un evento histórico, y resulta que el Gobierno que debería haber subido diez puntos por eso, baja, entonces hay un problema obvio, algo está pasando allí que justamente es que el Gobierno está entendiendo equivocadamente a qué se refiere el concepto de gestión política”.

La diputada del PPD Cristina Girardi, en este sentido, como “un absurdo” la suma urgencia impuesta por el Ejecutivo al proyecto de Nueva Educación Pública: “Nos van a hacer acelerar la marcha sobre un proyecto que es muy complejo, donde nosotros no estamos siquiera en la etapa de las indicaciones, todavía estamos escuchando las audiencias, para que salga de la comisión, y finalmente pase todo febrero durmiendo, porque ese sí que no va a salir el 31 (de enero) porque el Senado no lo va a tramitar en una semana”.

“Interpreto que quieren sacar la mayor cantidad de proyectos antes del 31 (de enero), pero febrero es un mes muerto, nunca va a pasar nada en febrero. Es la misma actitud con proyectos que se pueden promulgar, pero también con este proyecto de Nueva Educación Pública, que claramente no se va a promulgar antes del 31. Si lo llegan a sacar de la Comisión (de Educación) porque le ponen el pie en el acelerador, claramente no se va a promulgar. Entonces no tiene mucho sentido. La verdad me tiene un poquito sorprendida”.

Para Sergio Aguiló, diputado de la Izquierda Ciudadana, el plazo del 31 de enero tiene sentido en la medida que algunos de los proyectos que están en el Congreso deben estar vigentes para normar las próximas elecciones municipales, pero en relación a los proyectos como la Reforma Laboral o la Agenda Corta Antidelincuencia, el parlamentario planteó que el plazo podría ser “marzo a más tardar”

“Si fuera imprescindible un par de estas siete leyes que habíamos decidido sacar ahora yo diría: marzo a más tardar, porque en mi experiencia de siete períodos en la Cámara me indica es que si nosotros no sacamos ya en marzo esas reformas empiezan las preocupaciones del Gobierno y del Parlamento a complementarse con otro tipo de preocupaciones, entonces ya se dilata, y probablemente, entre en un signo de interrogación su posibilidad de aprobación”.

Para el diputado Aguiló, a diferencia de lo planteado por los académicos Fuentes y Mayol, el problema no es que se confunda gestión con premura en sacar leyes. El punto es que ha existido falta de coordinación política, y lo ejemplifica en que por primera vez desde el fin de la Dictadura, le tocó presenciar que un ministro y un subsecretario de la misma cartera se han puesto a discutir en la Comisión de Hacienda con la oposición presente: “Eso es insólito”, cerró el diputado de la IC.

Consultado el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre sobre estos siete proyectos de ley que están comprometidos para ser aprobados a fin de mes, evitó referirse a este tema, no obstante señaló que “no están preocupados, sino ocupados”.