Reforma Laboral: Ejecutivo busca destrabar discusión con nuevas indicaciones
Este martes se discutirá en el pleno del Senado el proyecto, luego de sus conflictivos pasos por las comisiones de Trabajo y Hacienda. El Gobierno se autoimpuso un plazo de 48 horas para ingresar nuevas modificaciones que permitan aprobar uno de los proyectos prioritarios del mandato de Michelle Bachelet.
Lunes 18 de enero 2016 19:41 hrs.
Durante la mañana de este lunes, en el marco del comité político, en el que excepcionalmente participó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, el Gobierno se autoimpuso un plazo de 48 horas para conseguir un acuerdo que permita el despacho del proyecto de ley, que será discutido por el pleno de la Cámara Alta, como parte de su segundo trámite constitucional, y que eventualmente podría ser votado.
Se espera que el Ejecutivo, en esta etapa, reponga una serie de indicaciones que fueron desechadas en las respectivas comisiones de Trabajo y Hacienda y que presente nuevas normas que permitan destrabar la discusión.
La Reforma Laboral contiene cinco puntos críticos que han causado polémica tanto entre empresarios como trabajadores: la huelga efectiva, la extensión de beneficios, el sindicato inter-empresas, el descuelgue y la inclusión de beneficios para trabajadores subcontratados.
El proyecto ingresado el 29 de diciembre de 2014 ha sufrido más de 800 modificaciones por parte de los parlamentarios. Nolberto Díaz, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señaló que resulta impresentable que los mismos senadores que votaron la ley de pesca, hoy día estén pensando en aprobar una reforma a la medida de los empresarios.
Sobre el proyecto presentado originalmente, el dirigente de la multisindical afirmó que la Nueva Mayoría “se atrevió a proponer leyes que ni siquiera la Dictadura se atrevió a proponer, como la criminalización de la huelga, la huelga pacífica y el desafuero de los dirigentes sindicales”.
Además, Díaz señaló que “durante ocho meses en la Cámara de Diputados el propio gobierno y los parlamentarios presentaron indicaciones y sucede que ahora el Senado se cree que tiene el lujo de poder cambiar este proyecto para ponerle letra chica protegiendo al empresariado”.
Para la CUT resulta fundamental la posibilidad de resguardar el derecho a huelga sin reemplazo de trabajadores, y que la extensión de beneficios se realice sólo a aquellos sindicalizados o en acuerdo con el sindicato.
Sobre las dudas que este punto ha suscitado, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, ha señalado que de aprobarse esta indicación llevarán el proyecto al Tribunal Constitucional, por considerar que de alguna manera, se fuerza a los trabajadores a sindicalizarse.
La senadora de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Trabajo, Carolina Goic, manifestó que espera que el proyecto no llegue al órgano constitucional, al tiempo que afirmó que su partido comparte los principios fundamentales del proyecto.
Esto en medio de las divisiones que ha causado al interior de la Falange las modificaciones y eventual aprobación de la iniciativa.
Abogado laboralista: “La Reforma es claramente un retroceso”
El abogado laboralista César Toledo señaló que esta reforma lejos de ser significativa desde el punto de vista del interés de resguardo de la libertad sindical, “es claramente un retroceso porque incorpora algo que no estaba no en los sueños de José Piñera al implantar su Plan Laboral, que es en definitiva esta cuña de adaptabilidad a través de los pactos de flexibilidad laboral”.
El experto sostuvo que, a su juicio, “la estructura clásica del Plan Laboral se mantiene intacta: seguimos teniendo sindicatos en la más mínima expresión, con una pluralidad sindical a nivel empresas, que cada día se fragmentan más motivados por la subcontratación, una negociación colectiva absolutamente tejida para poner obstáculos y una huelga que sigue siendo gobernada por el empleador”.
Según la última encuesta Cadem publicada este lunes, respecto del proyecto de Reforma Laboral, solo un 29 por ciento de la ciudadanía se manifiesta de acuerdo, lo que representa cuatro puntos menos que la semana anterior. Mientras que un 48 por ciento está en desacuerdo, dos puntos más que la anterior medición.
Se espera que la reforma sea aprobada antes del 31 de enero, situación que daría cumplimiento a la promesa del Ejecutivo de zanjar este y otros temas fundamentales en la agenda, antes del receso de febrero, y sobre todo, antes de que cambien las directivas de ambas cámaras.
Durante la mañana de este lunes, en el marco del comité político, en el que excepcionalmente participó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, el Gobierno se autoimpuso un plazo de 48 horas para conseguir un acuerdo que permita el despacho del proyecto de ley, que será discutido por el pleno de la Cámara Alta, como parte de su segundo trámite constitucional, y que eventualmente podría ser votado.
Se espera que el Ejecutivo, en esta etapa, reponga una serie de indicaciones que fueron desechadas en las respectivas comisiones de Trabajo y Hacienda y que presente nuevas normas que permitan destrabar la discusión.
La Reforma Laboral contiene cinco puntos críticos que han causado polémica tanto entre empresarios como trabajadores: la huelga efectiva, la extensión de beneficios, el sindicato inter-empresas, el descuelgue y la inclusión de beneficios para trabajadores subcontratados.
El proyecto ingresado el 29 de diciembre de 2014 ha sufrido más de 800 modificaciones por parte de los parlamentarios. Nolberto Díaz, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señaló que resulta impresentable que los mismos senadores que votaron la ley de pesca, hoy día estén pensando en aprobar una reforma a la medida de los empresarios.
Sobre el proyecto presentado originalmente, el dirigente de la multisindical afirmó que la Nueva Mayoría “se atrevió a proponer leyes que ni siquiera la Dictadura se atrevió a proponer, como la criminalización de la huelga, la huelga pacífica y el desafuero de los dirigentes sindicales”.
Además, Díaz señaló que “durante ocho meses en la Cámara de Diputados el propio gobierno y los parlamentarios presentaron indicaciones y sucede que ahora el Senado se cree que tiene el lujo de poder cambiar este proyecto para ponerle letra chica protegiendo al empresariado”.
Para la CUT resulta fundamental la posibilidad de resguardar el derecho a huelga sin reemplazo de trabajadores, y que la extensión de beneficios se realice sólo a aquellos sindicalizados o en acuerdo con el sindicato.
Sobre las dudas que este punto ha suscitado, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, ha señalado que de aprobarse esta indicación llevarán el proyecto al Tribunal Constitucional, por considerar que de alguna manera, se fuerza a los trabajadores a sindicalizarse.
La senadora de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Trabajo, Carolina Goic, manifestó que espera que el proyecto no llegue al órgano constitucional, al tiempo que afirmó que su partido comparte los principios fundamentales del proyecto.
Esto en medio de las divisiones que ha causado al interior de la Falange las modificaciones y eventual aprobación de la iniciativa.
Abogado laboralista: “La Reforma es claramente un retroceso”
El abogado laboralista César Toledo señaló que esta reforma lejos de ser significativa desde el punto de vista del interés de resguardo de la libertad sindical, “es claramente un retroceso porque incorpora algo que no estaba no en los sueños de José Piñera al implantar su Plan Laboral, que es en definitiva esta cuña de adaptabilidad a través de los pactos de flexibilidad laboral”.
El experto sostuvo que, a su juicio, “la estructura clásica del Plan Laboral se mantiene intacta: seguimos teniendo sindicatos en la más mínima expresión, con una pluralidad sindical a nivel empresas, que cada día se fragmentan más motivados por la subcontratación, una negociación colectiva absolutamente tejida para poner obstáculos y una huelga que sigue siendo gobernada por el empleador”.
Según la última encuesta Cadem publicada este lunes, respecto del proyecto de Reforma Laboral, solo un 29 por ciento de la ciudadanía se manifiesta de acuerdo, lo que representa cuatro puntos menos que la semana anterior. Mientras que un 48 por ciento está en desacuerdo, dos puntos más que la anterior medición.
Se espera que la reforma sea aprobada antes del 31 de enero, situación que daría cumplimiento a la promesa del Ejecutivo de zanjar este y otros temas fundamentales en la agenda, antes del receso de febrero, y sobre todo, antes de que cambien las directivas de ambas cámaras.
Durante la mañana de este lunes, en el marco del comité político, en el que excepcionalmente participó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, el Gobierno se autoimpuso un plazo de 48 horas para conseguir un acuerdo que permita el despacho del proyecto de ley, que será discutido por el pleno de la Cámara Alta, como parte de su segundo trámite constitucional, y que eventualmente podría ser votado.
Se espera que el Ejecutivo, en esta etapa, reponga una serie de indicaciones que fueron desechadas en las respectivas comisiones de Trabajo y Hacienda y que presente nuevas normas que permitan destrabar la discusión.
La Reforma Laboral contiene cinco puntos críticos que han causado polémica tanto entre empresarios como trabajadores: la huelga efectiva, la extensión de beneficios, el sindicato inter-empresas, el descuelgue y la inclusión de beneficios para trabajadores subcontratados.
El proyecto ingresado el 29 de diciembre de 2014 ha sufrido más de 800 modificaciones por parte de los parlamentarios. Nolberto Díaz, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señaló que resulta impresentable que los mismos senadores que votaron la ley de pesca, hoy día estén pensando en aprobar una reforma a la medida de los empresarios.
Sobre el proyecto presentado originalmente, el dirigente de la multisindical afirmó que la Nueva Mayoría “se atrevió a proponer leyes que ni siquiera la Dictadura se atrevió a proponer, como la criminalización de la huelga, la huelga pacífica y el desafuero de los dirigentes sindicales”.
Además, Díaz señaló que “durante ocho meses en la Cámara de Diputados el propio gobierno y los parlamentarios presentaron indicaciones y sucede que ahora el Senado se cree que tiene el lujo de poder cambiar este proyecto para ponerle letra chica protegiendo al empresariado”.
Para la CUT resulta fundamental la posibilidad de resguardar el derecho a huelga sin reemplazo de trabajadores, y que la extensión de beneficios se realice sólo a aquellos sindicalizados o en acuerdo con el sindicato.
Sobre las dudas que este punto ha suscitado, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, ha señalado que de aprobarse esta indicación llevarán el proyecto al Tribunal Constitucional, por considerar que de alguna manera, se fuerza a los trabajadores a sindicalizarse.
La senadora de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Trabajo, Carolina Goic, manifestó que espera que el proyecto no llegue al órgano constitucional, al tiempo que afirmó que su partido comparte los principios fundamentales del proyecto.
Esto en medio de las divisiones que ha causado al interior de la Falange las modificaciones y eventual aprobación de la iniciativa.
Abogado laboralista: “La Reforma es claramente un retroceso”
El abogado laboralista César Toledo señaló que esta reforma lejos de ser significativa desde el punto de vista del interés de resguardo de la libertad sindical, “es claramente un retroceso porque incorpora algo que no estaba no en los sueños de José Piñera al implantar su Plan Laboral, que es en definitiva esta cuña de adaptabilidad a través de los pactos de flexibilidad laboral”.
El experto sostuvo que, a su juicio, “la estructura clásica del Plan Laboral se mantiene intacta: seguimos teniendo sindicatos en la más mínima expresión, con una pluralidad sindical a nivel empresas, que cada día se fragmentan más motivados por la subcontratación, una negociación colectiva absolutamente tejida para poner obstáculos y una huelga que sigue siendo gobernada por el empleador”.
Según la última encuesta Cadem publicada este lunes, respecto del proyecto de Reforma Laboral, solo un 29 por ciento de la ciudadanía se manifiesta de acuerdo, lo que representa cuatro puntos menos que la semana anterior. Mientras que un 48 por ciento está en desacuerdo, dos puntos más que la anterior medición.
Se espera que la reforma sea aprobada antes del 31 de enero, situación que daría cumplimiento a la promesa del Ejecutivo de zanjar este y otros temas fundamentales en la agenda, antes del receso de febrero, y sobre todo, antes de que cambien las directivas de ambas cámaras.
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