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Brasil: sedición y corrupción, una cosa no desmiente a la otra

Hay que recordar que, para sorpresa de muchos, en 2013 y a meses del Mundial de Fútbol, Brasil también fue testigo de masivas protestas, que entonces se produjeron contra la subida en el precio del transporte público, y pronto abarcaron a la calidad de la salud y educación públicas, entre otros ámbitos. Pero ahora las manifestaciones, si bien también tienen éstas y otras razones, culpan directamente al PT de todas ellas.

Patricio López

  Domingo 13 de marzo 2016 21:12 hrs. 
brasil

La evidente ofensiva desestabilizadora contra los gobiernos progresistas en América Latina –que involucra a sectores empresariales, grandes consorcios mediáticos y a partidos de derecha y socialdemócratas- no puede hacer olvidar, en el caso de Brasil, una situación que no es culpa del adversario: la corrupción creciente que afecta a sectores importantes del Partido de los Trabajadores y que, en el pasado, hizo caer a varios de los más estrechos colaboradores del ex presidente Lula da Silva.

Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Este domingo, el país vivió una nueva tensa jornada con las manifestaciones contra el Gobierno convocadas por la derecha, las cuales parecen tener como propósito, más que repudiar la corrupción, precipitar la caída de la presidenta Dilma Rousseff para ser eventualmente reemplazada por Aecio Neves, candidato socialdemócrata muy bien visto por los poderes económicos nacionales y extranjeros. Pero sería de una miopía absoluta no advertir que esas protestas, como se puede apreciar en zonas urbanas, son también apoyadas masivamente por sectores no sediciosos con distintas motivaciones, entre ellas, la constatación de que el PT ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero sin modificar una desigualdad cada vez más insoportable para la ciudadanía.

He aquí un dilema político y comunicacional del PT: no es causante del orden desigual fundacional de Brasil, no es el único culpable de la corrupción y no produjo algunas de las políticas públicas mal ejecutadas en el país, pero se ha convertido en la encarnación de todos esos lastres. Hay que recordar que, para sorpresa de muchos, en 2013 y a meses del Mundial de Fútbol, Brasil también fue testigo de masivas protestas, que entonces se produjeron contra la subida en el precio del transporte público, y pronto abarcaron a la calidad de la salud y educación públicas, entre otros ámbitos de la acción del Estado. Pero ahora las manifestaciones, si bien también tienen éstas y otras razones, culpan directamente al PT de todas ellas.

Durante los días previos, los dos principales diarios del país y radicalizados adversarios del Gobierno, Folha y Globo, escalaron la presión a la evidente espera de la cosecha que podría producirse con las protestas de este domingo. Más discretamente, se podría inscribir en la misma línea a la Convención del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal aliado del PT en el Gobierno, que evitó pronunciarse sobre su continuidad en el Ejecutivo y prorrogó por 30 días la decisión, con lo cual queda en la oportunista posición de ser parte de la continuidad de Dilma tal como de su fórmula de reemplazo, según se den las circunstancias.

Frente a esta presión que no cesa y con una posibilidad de acción cada vez menor, el oficialismo y el PT deben decidir cómo proceder, en un momento donde coinciden y se interrelacionan la crisis económica, la crisis política y la crisis social. Es que el descontento social actual por la corrupción tiene como un eficaz catalizador a la crisis macroeconómica. Brasil experimenta una alta tasa de inflación y un aumento del desempleo, la deuda pública aumentó y el PIB está en recesión. El país es más pobre y esto ha afectado al gran bastión electoral del Partido de los Trabajadores: los 30 millones de personas que salieron de la pobreza durante la última década, junto a otros millones que por primera vez sintieron que las políticas del Estado se ocupaban de ellos.

Desde los movimientos sociales que han sido histórico sostén del PT pero que ahora miran críticamente al Ejecutivo, se afirma que se debe volver a construir una alianza con los sectores de base, lo cual pasa, entre otros aspectos, por no persistir en políticas neoliberales que el Gobierno de Dilma adoptó para salir de la crisis, pero que hasta el momento no han dado resultados y han reducido aún más los apoyos al Gobierno. Ante ellos –trabajadores, campesinos y estudiantes, que en Brasil tienen un alto nivel de organización- debería presentarse una plataforma que los interprete, a cambio del apoyo para poner freno a los intentos desestabilizadores.

Debería ser ocasión, también para reflexionar sobre la crítica que vienen haciendo, dentro y fuera de Brasil, sectores que en principio apoyaron a los gobiernos progresistas pero que ahora están enfrentados con ellos: la prolongación de un nuevo tipo de extractivismo, esta vez de carácter estatal, que reproduce viejos problemas: depredación del medio ambiente, subordinación a las necesidades de los países desarrollados, dependencia de los ciclos de los commodities, corrupción y enfrentamientos con comunidades locales. En Petrobras se expresan hoy casi todos estos indeseables fenómenos que hoy se vuelven contra el Gobierno.

Lo que suceda en Brasil incidirá también en un plano más general, sobre un cuadro en la región que ha empezado a cambiar en pocos meses, con el triunfo de la derecha en Argentina, de la oposición en las Parlamentarias de Venezuela y del No en el referéndum para permitir la reelección de Evo Morales. Todas estas señales parecen augurar el fin del ciclo de gobiernos progresistas, frente a lo cual se puede responder con resignación y fatalismo, o con la audacia para reconocer errores y salir del estancamiento. Es una opción girar al neoliberalismo o abrazar a Henry Kissinger, como lo hizo Dilma Rousseff en los últimos meses, o corregir problemas comunes a todos estos gobiernos: los ya mencionados neo-extractivismo y corrupción, la confusión entre la conquista del Estado y la transformación de la sociedad, la renuncia a combatir la desigualdad en nombre del combate a la extrema pobreza y la incapacidad de interpretar a movimientos emergentes como el ecologismo, el feminismo y los de la diversidad sexual, entre muchos otros.

Como sea, el tiempo se acaba. El gobierno del Partido de los Trabajadores puede llegar al final del periodo presidencial y sobreponerse a la sedición pero, si sigue su rumbo actual, terminará de todos modos identificado con la misma casta corrupta que vino a superar cuando, durante el primer día de enero de 2003, una muchedumbre salió a acompañar a un barbudo líder obrero metalúrgico en su recorrido a asumir el mando de la nación.